Con el único objetivo de dar a conocer la actual situación laboral y socioeconómica que padecen los trabajadores del sector público del país, el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) presentó este lunes un análisis detallado que recoge la realidad de las actuales condiciones laborales y salariales de los docentes, tanto de educación básica como en el ámbito universitario.
En un encuentro sostenido de manera virtual con los medios de comunicación social, participaron, en calidad de voceras, las profesoras Jaqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical; Raquel Figueroa, representante del Colegio de Profesores de Venezuela y Keta Stephany, secretaria de Actas de Fapuv.
Richter aseguró, entre otros aspectos, que los últimos cambios adoptados en la contratación colectiva de los trabajadores del Ministerio de Educación y otras instituciones públicas del país violan el derecho del ejercicio de la libertad sindical.
“Desde que Hugo Chávez llegó al poder, él se dispuso a acabar con las organizaciones sindicales en Venezuela y crear instituciones que fueran aliadas del gobierno y la revolución. Hoy en día el sector público, sobre todo en el ámbito educativo, discute sus contratos colectivos con organizaciones abiertamente oficialistas, que perdieron las cláusulas de libertad sindical y salarial. Por lo tanto, el gobierno es quien decide cómo será el contrato y, además, los porcentajes de cada uno de los incrementos”, alertó.
Reveló que desde el Ejecutivo nacional se ha afectado permanentemente la libertad sindical de los trabajadores y de las organizaciones sindicales del sector educación, al invitar a los nuevos ingresos a afiliarse a los sindicatos de tendencia oficialista.
“Al promover a las organizaciones sindicales que apoyan los lineamientos gubernamentales, se viola el Convenio Nº 87 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio Nº 98 OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, según los cuales los sindicatos tienen el derecho de organizar sus actividades y formular su programa de acción, sin la intervención de las autoridades y del patrono. En particular, conviene recordar que el CI 98 garantiza el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria”, agregó.
Denunció que es tan evidente la injerencia del Ejecutivo en las actividades sindicales del gremio que, en la actualidad, de 18 federaciones de trabajadores del Ministerio de Educación, 10 son afines al gobierno, “que en los últimos años se ha dedicado a promover la constitución de organizaciones sindicales paralelas y asegurarse de que solo sus organizaciones pueden celebrar convenciones colectivas”.
Dijo que al “no reconocerse la representación de las organizaciones independientes, se les impide plantear el conflicto; en consecuencia, los trabajadores no pueden ejercer el derecho de huelga en los términos previstos en la legislación vigente”.
Por su parte, Figueroa expresó que “el magisterio venezolano está sumido en la peor crisis de toda su historia, debido a la desaparición del valor del salario y de la seguridad social y a la desvalorización y malas condiciones del trabajo pedagógico.
“Las diversas medidas económicas implementadas por el gobierno en los últimos dos años despojaron al magisterio de la tabla salarial de la segunda convención única y pulverizaron completamente los salarios, llevando a los maestros a una situación de pobreza extrema”, sentenció.
Explicó que el pasado 21 de julio se suscribió un acta convenio para prorrogar la segunda Convención Colectivo Única por seis meses. “En ella no se dio ningún aumento salarial, sino que se adecuó a lo que quería el gobierno. Esto no compensa el perjuicio causado al magisterio por más 18 meses de secuestro del tabulador por la Onapre, que lo llevó por debajo de los demás sectores profesionales y desconoció el 280% de aumento que correspondía. Además, fusionaron cláusulas y se bonificaron beneficios salariales que fueron trasladados a la plataforma del sistema patria. A eso hay que agregar el colapso del Ipasme, que ha dejado sin seguridad social a todo el magisterio”, detalló.
Los universitarios están asfixiados
Stephany manifestó que “de la discusión de la IV CCU fueron excluidas todas universidades que, por su carácter autónomo, deben participar como empleador. También fueron excluidos los legítimos representantes de los universitarios: Fapuv de los profesores, Fenasipruv de los profesionales, Fetraesuv de los empleados, Fenasoesv y sindicatos no federados de los obreros”, precisó.
Señaló que esta situación desnuda el verdadero carácter de este supuesto convenio:” una farsa que viola el convenio 89 de la OIT de libertad sindical, el convenio 144 de la OIT del diálogo tripartito y el convenio 98 de la OIT del derecho a la negociación colectiva, así como la Constitución, el DLOOT, y todos los acuerdos federativos y actas convenio de las universidades”.
“Nadie tiene el documento de la IV CCU. Es decir, ni las bases, ni los que participaron como invitados ni nadie. Un supuesto contrato colectivo que es un misterio”, denunció.
Lo único que se conoce de ese contrato son las tablas salariales y unas instrucciones que mandó el ministerio a las universidades. “Esas tablas revelan claramente la razón por la cual el gobierno viola la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva en el sector: para imponer la miseria. El salario más alto de la tabla, de profesor titular, es de 11 dólares al mes en un país que te cobra 200 dólares por un pasaporte.
Las representantes del observatorio sostienen que el gobierno viola la libertad sindical y los convenios internacionales, por lo cual hoy está en el banquillo de los acusados en la OIT, y se viola la Constitución, las leyes y la normativa universitaria para liquidar los derechos laborales de los universitarios.
“Es muy importante denunciar todas estas arbitrariedades ante los organismos internacionales; sin embargo, estamos conscientes que se necesita de la unión de todos los trabajadores y las centrales sindicales de Venezuela para poder levantar nuestra voz de protesta y así darle un frenazo al gobierno nacional. Cuando la OIT hace un llamado al gobierno, vemos como ellos mandan cartas y tratan de zafarse de la situación. Pero la única manera que ellos tomen enserio a los trabajadores, es con la unión de todos los sectores”, afirmó Richter.
Resaltaron que el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical es el primero en el continente que se encarga de velar y denunciar todos los atropellos hacía los derechos laborales y sindicales de los trabajadores por parte del gobierno. Es por ello que esperan colaboración de todos los sindicatos y centrales de trabajadores del país para ir documentando y denunciando cada uno de los casos que existen en el territorio nacional.