El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa parole humanitario y reciben una autorización de entrada temporal de dos años tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible, entre ellos el asilo.
De acuerdo con Univisión, que dirigió una pregunta al DHS, los migrantes que no hayan cambiado su estatus al vencimiento del permiso de dos años para estar en Estados Unidos deben irse del país.
“Cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años”, dijo un portavoz del DHS por medio de un correo electrónico.
Y precisó que “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
Qué dice el reglamento
Enn cuanto a qué sucederá con aquellos extranjeros bajo el‘parole humanitari’ que no hayan buscado ajustar sus permanencias bajo cualquier otro programa legal disponible, el DHS citó el reglamento publicado el 5 de enero del año pasado.
“El aviso inicial del Registro Federal dice lo siguiente: Cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años. Durante este período de dos años, Estados Unidos seguirá desarrollando la estrategia multifacética y de largo plazo y colaborará con nuestros socios extranjeros en toda la región”.
La norma agrega que “estos esfuerzos tienen como objetivo apoyar las condiciones que reducirían la migración irregular, trabajar para mejorar el procesamiento de refugiados y otras vías de inmigración legal en la región, y permitir un mayor número de expulsiones de quienes continúan migrando irregularmente y carecen de una solicitud válida de asilo u otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
El portavoz del DHS añadió que “el período de dos años también permitirá a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía estadounidense mientras lo hacen”.
Específicamente, en cuanto a aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, “deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
Qué pasa con los patrocinadores
En cuanto a la figura de los patrocinadores y su responsabilidad ante el gobierno de Estados Unidos al asumir el compromiso de hacerse cargo de los costos de permanencia del extranjero, Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce en Phoenix, Arizona, explicó a Univisión que “ellos tienen responsabilidad legal de asumir los gastos en que incurra el inmigrante, que no se convierta en una carga publica para Estados Unidos y eso incluye desde alojamiento, alimentación, cuidado médico, su transporte y su bienestar”.
“Obviamente, en caso de exceder el tiempo de permanencia y no haber ajustado el estatus de esa persona, les afectará, pero no tienen responsabilidad legal si la persona, por ejemplo, comete un crimen”, precisó.
Agregó que en caso de que el gobierno estadounidense inicie un proceso de deportación, este impactará directamente en el inmigrante bajo el parole humanitario. Puede que el DHS se contacte con el patrocinador para averiguar el paradero del beneficiario del ‘parole humanitario’, pero no irá a la cárcel por ello”, apuntó.
El TPS para Venezuela fue redesignado en septiembre de 2023 y el período de inscripción dura hasta el 2 de abril de 2025. Los posibles beneficiarios deben demostrar que están en el país desde al menos el 31 de julio de 2023.
El último informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indica que hasta agosto bajo el parole humanitario han entrado al país más de 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, casi 93,000 nicaragüenses y casi 117,000 venezolanos.
La CBP dijo que, “desde que el DHS implementó estos procesos seguros, ordenados y legales, los encuentros de nacionales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos indocumentados en la frontera sur se redujeron en un 99%”.
Con información de Univisión