Más de 20 acreedores de Venezuela, con reclamaciones combinadas de al menos 21.500 millones de dólares, están tratando de apoderarse de los activos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos. Una nueva maniobra legal podría permitir a la República esquivar la gran mayoría de estos reclamos, por ahora, revela un reporte de REDD Insight.
La firma asegura que “sería una buena noticia para los pacientes inversionistas de ‘dinero real’ que han estado esperando seis o más años para que el país reestructure toda su deuda externa”.
Sin embargo, advierte que “sería una muy mala noticia para las empresas y los fondos de cobertura que han gastado millones buscando una recuperación total a través de procedimientos legales antes de cualquier reestructuración”.
El reporte agrega que si bien la última medida de Venezuela es una posibilidad remota, probablemente atraerá la atención y los informes legales de inversionistas interesados en el resultado.
“El conflicto se centra en una posible subasta supervisada por un tribunal de PDV Holding, el holding estadounidense de mayor nivel de la petrolera estatal Pdvsa. Posee indirectamente la refinería estadounidense Citgo Petroleum, que podría valer más de 10.000 millones de dólares”, indica.
Después de años de disputas legales, “el caso encabezado por la minera canadiense en quiebra Crystallex International ahora tiene un maestro especial que supervisa la subasta de PDV Holding, una lista de acreedores que esperan alinearse detrás de Crystallex y un cronograma aproximado para que la subasta siga adelante”.
Pero como REDD anticipó, la dirigencia de Venezuela reconocida por Estados Unidos presentó la semana pasada documentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos que podrían reducir la cantidad que el país necesita pagar en el caso de ejecución hipotecaria de Delaware, reduciendo potencialmente la responsabilidad a tan solo 3 mil millones de dólares.
“Se trata de una cantidad que se vuelve manejable si el soberano y PDVSA tienen acceso a una parte del EBITDA de Citgo, que, a pesar de una disminución, todavía era de 2.000 millones de dólares en el 1H23”, asegura la firma.
Los reclamos
El reporte de REDD explica que los reclamos son aquellos basados en la responsabilidad de alter ego, lo que significa que Pdvsa es considerada responsable de las deudas del soberano.
“En particular, se trata de casos en los que los tribunales dictaminaron que todavía existía una relación de alter ego después de que el gobierno reconocido por Estados Unidos, entonces dirigido por Juan Guaido, asumiera la gestión de los activos estadounidenses de Pdvsa”, indica.
Es seguro que algunas reclamaciones no se verán afectadas por la apelación, sostiene REDD. “Crystallex presentó su demanda por responsabilidad de alter ego antes de que Guaidó apareciera en escena. Y algunas demandas registradas en Delaware son sentencias directas contra Pdvsa. Todo eso es indiscutible en este caso de la Corte Suprema. Pero ascienden a solo mil millones de dólares para Crystallex, 1.900 millones de dólares de bonos a tres años que PDVSA emitió a proveedores en 2016 y un par de sentencias menores contra Pdvsa”, explica.
La apelación se centra en una decisión reciente del tribunal de Delaware que permitió a seis titulares de sentencias contra el soberano perseguir los activos de Pdvsa. Los demandantes eran OIEG (una unidad de O-I Glass), las mineras que cotizan en Canadá Rusoro Mining y Gold Reserve, tenedores de bonos agrupados bajo una entidad llamada ACL1 Investments, el contratista de defensa estadounidense Northrop Grumman Ship Systems y unidades de la empresa química Koch Industries.
El juez Leonard Stark, que supervisa el caso en el tribunal federal de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, inicialmente rechazó la petición de alter ego de la OIEG en 2019.
Dijo que la compañía no podía simplemente aprovechar el fallo Crystallex, sino que necesitaba demostrar que había Todavía había una relación de alter ego cuando la OIEG presentó una orden judicial, momento en el que Estados Unidos había reconocido a Guaidó.
Esa decisión no estuvo libre de controversias, advierte REDD. Un artículo de revisión de leyes decía que la “fecha pertinente” para la relación de alter ego debería ser la fecha en que se incurrió en la responsabilidad, hace más de una década, bajo la presidencia de Hugo Chávez.
El reporte recuerda que “la decisión de Stark en ese caso tuvo el efecto de patear la lata, dando un poco más de tiempo para que las cosas cambiaran en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Tal vez Guaidó prevaleciera, tal vez terminarían las sanciones de Estados Unidos, tal vez Venezuela podría iniciar un acuerdo global de reclamos”.
“Pero los líderes venezolanos y estadounidenses desperdiciaron los años adicionales que les dio Stark, y solo tomaron medidas vacilantes para retirarse de la campaña de ‘máxima presión’ de la administración Trump después de que intentó sin éxito derrocar al presidente Nicolás Maduro”, expresa REDD.
Stark perdió la paciencia
De acuerdo con el reporte, este año, Stark pareció perder la paciencia con toda la situación. Han pasado seis años desde que recibió el caso Crystallex en su tribunal y tiene órdenes claras de un tribunal de apelaciones de seguir adelante con la venta de activos.
“Cuando la OIEG y otras empresas con reclamos contra el soberano argumentaron que el gobierno de Guaidó seguía dominando Pdvsa, Stark estuvo de acuerdo. En marzo, concedió responsabilidad de alter ego a las seis reclamaciones y dejó la puerta abierta a otras. Esos otros podrían llegar a sumar 18.000 millones de dólares; el mayor de ellos sería una sentencia de 10.500 millones de dólares a favor de ConocoPhillips”, indica.
Ahora, los abogados Donald B. Verrilli Jr., de Pdvsa, y Joseph D. Pizzurro, de Venezuela, han presentado una petición ante el tribunal superior planteando dos preguntas: si era apropiado que el tribunal de Delaware examinara las acciones de la administración de Maduro, que no es reconocida por Estados Unidos, al momento de decidir si el Estado dominaba a Pdvsa; y si “una institución estatal presuntamente independiente”, es decir, Pdvsa, “debe ser tratada como el alter ego del estado extranjero… basándose nada más que en los incidentes ordinarios de supervisión gubernamental que son comunes a la mayoría de las instituciones estatales, en lugar de en un día extraordinario”. -control del día a día”.
Dicho de otra manera: admiten que Maduro todavía trata a Pdvsa como su feudo privado en Venezuela, pero dicen que sus acciones no deberían ser consideradas por los tribunales estadounidenses. Y están totalmente en desacuerdo con las conclusiones de los tribunales estadounidenses de que el gobierno de Guaidó alguna vez ejerció tal dominio sobre Pdvsa como para superar la presunción de que la empresa estatal es independiente del soberano.
La Corte Suprema apenas acepta casos. Según su reciente informe anual para la legislatura 2021, recibió 4.900 peticiones y solo escuchó argumentos en 70 casos, o el 1,4%. Si este caso sigue adelante, no hay garantía de que Venezuela prevalezca. Una cosa que esta apelación no debería hacer es retrasar significativamente la subasta, ya que Venezuela envió una carta al tribunal días después de su presentación del 14 de agosto para decir que se opondría a cualquier moción de prórroga. Quiere que este caso avance rápidamente, sostiene REDD.
“Si prevalece, y el tribunal superior dictamina que las acciones del gobierno de Guaidó no equivalieron al tipo de dominación que crea responsabilidad de alter ego, eso podría poner en riesgo no sólo las seis sentencias en juego en este caso, sino también la mayoría de los demás reclamos que se han registrado en Delaware. La mayoría de ellos son en realidad sentencias contra el soberano, ya sean reclamaciones de bonos o laudos arbitrales”, concluye el reporte.