El gobierno de Venezuela rechazó “de manera íntegra y contundente” el comunicado de Guyana sobre la promulgación, el pasado miércoles, de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, en el que advierte que «no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte» del Esequibo, territorio en disputa entre ambos países.
En un comunicado de la Cancillería, hecho público el jueves 4 de abril, se señala que la mencionada Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, “cumpliendo el mandato soberano del pueblo venezolano expresado el pasado 3 de diciembre de 2023” durante el referendo consultivo.
Además, recalca que la aprobación de la mencionada Ley es un “acto soberano, que compete solo a los venezolanos y su objetivo es defender y preservar los derechos incuestionables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.
Asegura que esta defensa del territorio se hace “bajo la égida del derecho internacional y del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para resolver de manera amigable, practica y satisfactoria la controversia territorial entre nuestros dos países, como quedó registrado en el Acuerdo de Argyle el 14 de diciembre de 2023”.
La administración de Nicolás Maduro agrega, en el texto, que “no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia territorial con Guyana”, en referencia al proceso que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para decidir al respecto, “por cuanto excluye la naturaleza y objeto del mencionado Acuerdo de Ginebra”.
Venezuela también denuncia “la peligrosa maniobra diseñada por la ExxonMobil apoyada por el Comando Sur de los E.E.U.U y la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), con el fin de apropiarse de recursos energéticos que se encuentran en un mar por delimitar con nuestro país, mientras administran ilícitamente nuestro territorio, depredando el ambiente y regalando nuestras riquezas naturales”.
Concluye reiterando que “recurrirá a todos los medios disponibles, en el marco de la diplomacia y el derecho internacional, para resguardar los intereses soberanos e históricos sobre su territorio”.