Los dirigentes sindicales y gremiales, José Elías Torres (CTV), Servando Carbone (UNETE ), Lourdes Ramírez de Viloria (FAPUV) y Víctor Márquez Corao (APUCV), integrantes de la Unidad de Acción Sindical y Gremial se dirigieron este lunes a sus agremiados, y a la nación en general, para expresar su más profundo respeto y solidaridad hacia el pueblo venezolano y también para solicitar un gobierno de salvación nacional que ayude a sacar al país de la profunda crisis en la que se encuentra.
Es hora de un gobierno de salvación nacional, cuyo fin esencial sea el preservar la vida de los ciudadanos, recuperando todo lo destruido: el aparato productivo, el salario y los sistemas de salud, educativo y de justicia. Gobierno que convoque a nuestras mejores capacidades, al margen de su ideología política. A las Academias Nacionales, a las Universidades, a los Sindicatos y Gremios, a las organizaciones empresariales, de Derechos Humanos y Religiosas, precisan en un comunicado público.
Explican que siendo el Derecho a la Vida el más importante de los derechos humanos, el Estado, estructura institucional creada por la sociedad para dar cumplimiento al Pacto Social, contenido en la Constitución, incumple con sus obligaciones y desconocen los derechos de los ciudadanos, generando una crisis humanitaria compleja recogida en los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Señalan además que la situación sanitaria del país es al extremo grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicinas y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos médicos y el sistema sanitario, siendo alarmante la insuficiencia de insumos de toda naturaleza en los centros públicos de salud.
Advierten que a este dantesco cuadro se suma el menguado ingreso de los trabajadores.
Este continúa deteriorándose y al día de hoy, incluyendo el bono de alimentación, el salario mínimo representa $ 5,5 mensuales. Salario de hambre que además en forma reiterada, vienen a violar los convenios Internacionales de la OIT en especial los Convenios 26, 87, 144. señalado en forma contundente en el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT publicado para el Mundo, el 17 de Septiembre de 2019, puntualizan.
Aseguran que la pandemia del COVID-19 llega al país en el peor momento de su historia como producto de una gestión gubernamental que destruyó las bases de la República.
No deben ser entonces, quienes nos sumergieron en este caos, quienes pretendan administrar los apoyos financieros, y de cualquier otra índole, que provengan del exterior para enfrentar la Pandemia. Nuestros Hospitales vienen necesitando insumos para atender las emergencias de salud, ahora agravada con la llegada del COVID-19. Carencias que han venido denunciando el Gremio Médico y las Organizaciones Gremiales y Sindicales del Sector Salud. Denuncias desatendidas también en relación con el brote de enfermedades que han reaparecido y que complican aún más el cuadro de la salud y la vida misma, insisten.
Precisan que los sectores humildes siguen siendo los más afectados. Ellos viven del día a día, teniendo que salir a la calle para ganarse el sustento y por estar sometidos a la mal nutrición serán los sectores más proclives a enfermar. Para ellos es difícil, casi imposible, el aislamiento social, poniéndolos en la disyuntiva de morir por el COVID-19 o de morir por hambre de no dársele una URGENTE solución a este drama.
Sostienen que es responsabilidad de quienes usurpan el poder, proveer los recursos para la vida y asumir sus obligaciones, cesando en la política de acoso hacia quienes exponen esta realidad.
Exhortamos al Presidente Juan Guaidó a que, desde la Asamblea Nacional, único y legítimo poder constituido, haga todos los esfuerzos a su alcance para conseguir la ayuda humanitaria. A presentar una propuesta que conlleve a su administración y control por instituciones con solvencia y credibilidad como lo es la Conferencia Episcopal Venezolana, la Academia Nacional de Medicina y otras Organizaciones existentes en el País, indican.
Indican que será responsabilidad de quienes detentan ilegalmente el poder, el no permitir el acceso de esa ayuda humanitaria. Exhortamos al empresariado a hacer su mayor esfuerzo para contribuir con adecuadas condiciones de apoyo para la salud y vida de sus trabajadores.
El costo social debe ser una responsabilidad compartida de los empleadores públicos y privados. Los gremios y sindicatos, deben propiciar acciones y acuerdos diáfanos, que faciliten el superar esta dramática crisis por la que atraviesa el País, cuyo mayor afectado por su frágil condición social, es la clase trabajadora y su familia, concluyen los dirigentes sindicales.
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