25.000 niños de 14 estados de Venezuela están en riesgo de no recibir el almuerzo que cada día les asegura Alimenta la Solidaridad, la organización no gubernamental (ONG) que ayuda a la nutrición de los menores en 239 comedores. La causa: hostigamiento por parte de las autoridades, según se indicó en un comunicado. Pero esta iniciativa social no es la primera, segunda ni tercera en ser acosada en 2020 por parte de funcionarios y entes del gobierno.
La persecución a estas organizaciones se debe a que el trabajo que en ellas se hace debilita el control social que ha ejercido el régimen de Nicolás Maduro, dice Melanio Escobar, director de RedesAyuda. El 6 de abril de 2020 el coordinador de esta organización, Luis Serrano, y trabajadores de la farmacia Farmarato fueron detenidos cuando recibían mascarillas, guantes y antibacterial que serían donados a periodistas para protegerse de la COVID-19.
Escobar enfatiza que cuando un grupo de organizaciones sociales satisface la necesidad de un grupo grande de venezolanos de obtener alimentos, como es el caso de los comedores de Alimenta la Solidaridad, el Estado se ve debilitado en el control social que realiza a través de la privación de los alimentos necesarios para los venezolanos. Esto es una situación en donde el régimen responde atacando a quienes suplen estas necesidades y por eso hemos visto un incremento en la persecución de la ayuda humanitaria, afirma.
El aumento del hostigamiento a organizaciones no solo ha escalado en cantidad, sino en el modo de accionar. La tarde del miércoles 25 de noviembre, el cofundador de Alimenta la Solidaridad y de Caracas Mi Convive, Roberto Patiño, denunció que la antigua sede de estos proyectos había sido allanada por la Policía Nacional contra la Corrupción y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) congeló todas las cuentas bancarias que permiten la operatividad de los comedores.
El 14 de enero se registró el primer hostigamiento de 2020 para una organización que enfrenta la crisis humanitaria compleja en la que vive el país desde 2018. Ese día, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el centro de acopio de Prepara Familia e intentaron decomisar los suministros y donaciones que la fundación recibe para las madres y niños de distintos centros pediátricos del país, entre ellos el Hospital de niños José Manuel de los Ríos, el cual cuenta con medidas cautelares de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El incremento de la persecución hacia los miembros de la sociedad civil se debe a que uno de los mecanismos de control más arraigados dentro del régimen ha sido a través de la comida, las medicinas y las necesidades básicas de todos los venezolanos, expresa Escobar.
El 7 de septiembre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en la sede de Acción Solidaria y detuvieron a ocho trabajadores de la organización civil enfocada en ayudar a las personas con VIH y la cual recolecta insumos para protegerlas.
Esa tarde, su director Feliciano Reyna explicó que las personas detenidas pertenecían al programa de Acción Humanitaria, el cual se coordina con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que brindamos apoyo a personas vulnerables.
La ayuda humanitaria que ingresa al país, ya sea para niños, adultos, madres, padres, personas de la tercera edad, pacientes con distintas enfermedades que no puedan costear los medicamentos o que se ven afectados porque no los consiguen en Venezuela, es gracias a alianzas entre organismos internacionales y las fundaciones u organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, desde lo que va de año hemos visto como se han llevado detenidos a miembros de Acción Solidaria, como han allanado las sedes de organizaciones como Prepara Familia, que se encargan de distribuir alimentos y dotaciones médicas a niños en hospitales como el J.M. de los Ríos, y ahora vemos esta criminalización, persecución y bloqueo de cuentas en contra de Roberto Patiño y todo su equipo de trabajo, entre ellos Leandro Buzón, quien es un incansable luchador social, dice el director de RedesAyuda.
Ante la medida contra Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, distintas personas y ONG han mostrado su apoyo. El equipo de Médicos Unidos de Venezuela espera un pronunciamiento de la OCHA e indica que el gobierno no se ha ocupado de la emergencia humanitaria que causó, pero sí se dedica a perseguir y a silenciar a todo aquel que ayude a los venezolanos.
No olvide ver nuestros reportajes en: www.hispanopost.com