El pasado domingo 20 de marzo, fueron asesinados Donaldo (22), Jonatan (22), Cariban (30) y Martina (45), todos miembros de la comunidad Yanomami a manos de militares venezolanos en el Alto Orinoco, en el estado Amazonas. El motivo de la disputa mortal se debió a la negativa de los funcionarios a compartir el Internet.
Esta situación, que, además, dejó otros cinco heridos, ha despertado el interés de las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de la comunidad indígena en Venezuela y de varias personalidades, como es el caso del politólogo y humorista, Laureano Márquez, quien recordó que en el pasado militares derribaron “estatuas de Colón, acusándolo de asesino”.
Tras el incidente, la ONG SOS Orinoco denunció que Amazonas “está militarizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de facto, y todas sus comunidades indígenas están a merced de la influencia perniciosa de políticas de un régimen de estructura militarista que no entiende ni entenderá jamás el alcance y significado de los derechos indígenas”.
En su cuenta de Twitter, la ONG publicó un hilo informativo, donde reiteró que las Fuerzas Armadas “no tienen condiciones para interactuar/convivir con comunidades indígenas, menos con la Yanomami”, ya que, a juicio de los activistas, los indígenas no manejan los valores y códigos de los uniformados. “Yanomamis y Sanema merecen interactuar con personas que entiendan y respeten sus culturas”, aseguró.
Denuncian desalojos forzosos
SOS Orinoco denunció desalojos forzosos en la localidad de Parima B en Amazonas, donde ocurrió el incidente. “Por décadas, misioneros religiosos convivieron con Yanomami dando apoyo médico y sanitario, amortiguando embates perniciosos de la cultura criolla. Hugo Chávez desalojó forzosamente a misioneros, dejando a los Yanomami a merced de múltiples factores negativos”, dice el tuit.
Agregó que “a los yanomamis de Parima B, otrora autosuficientes y orgullosos, se les ha creado una dependencia material y psicológica, que los coloca en situación de indefensión y postración. No es secreto que en Sierra Parima, Amazonas, existe mucha minería ilegal de oro de sangre oculta bajo la selva (…) Tristemente, los Yanomami y Sanema son utilizados como obreros, profundizando la situación de postración cultural y económica.”.
A propósito, Cristina Vollmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, recordó que esta situación violenta contra las comunidades indígenas ya se ha vivido anteriormente en Venezuela y en varias oportunidades. «La más terrible fue la masacre de Haximú”, indicó. En la página oficial de Provea, informan que este suceso ocurrió “entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas. En el sector conocido como Haximú se produjo, mediante dos ataques, el asesinato de 16 indígenas Yanomami; ocho de ellos niños y niñas, incluyendo un niño de menos de un año. La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que realizaban labores de minería de manera ilegal. Al cometer los homicidios huyeron hacia territorio brasilero”.
Población indígena vulnerable
Vollmer de Burelli explicó que la población indígena es vulnerable a las prácticas militares debido al choque cultural. “Los militares y policías venezolanos son autoritarios y patanes. No tienen la mínima formación para entender y lidiar con gente que pertenece a un mundo totalmente distinto. Sienten aires de superioridad frente a los indígenas y, además, siempre están armados, lo que los hace sentirse como dueños de cualquier escena. Eso es sumamente peligroso. En incontables veces han ocurrido episodios de acoso sexual a las niñas y mujeres indígenas por parte de guardias nacionales y otro tipo de personal similar. Esto es rutinario”.
Dijo que las poblaciones indígenas en el territorio nacional están conformadas principalmente por los Yanomami, Sanema, Panare y Hoti, y aseguró que para brindar justicia a los familiares de las víctimas el Estado debe “sacar a todo el personal militar de allí y poner las instalaciones de apoyo en manos de personal civil indígena, así sean de otras etnias más aculturadas o criollizadas, como Piaroa o Yekuana”.
La fundadora de SOS Orinoco concluyó que «el gobierno tiene la obligación de prestarles servicio asistencial, ya que ahora son dependientes de ellos, como vacunas, primeros auxilios, sueros antiofídicos, aeroambulancias, entre otros. Pero todo manejado por personal indígena capacitado y pagado, sea por la gobernación del estado Amazonas o por el Ministerio de Asuntos Indígenas. Cero militares. Cero policías”.