Posponer la implementación del acuerdo humanitario firmado en la mesa de negociación en México solo sirve al interés del gobierno de Nicolás Maduro, que ha utilizado este retraso para tratar de reforzar su narrativa sobre las sanciones.
Este es el principal hallazgo del nuevo informe publicado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council, donde además explican que en los meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Social en noviembre, el progreso en la transferencia de fondos o la implementación de programas de asistencia ha sido lento. “Gran parte de la demora inicial parece deberse a obstáculos burocráticos dentro de una variedad de instituciones”.
Cabe recordar que el referido acuerdo estableció la base para crear una serie de programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en distintos estados del país, financiados por activos venezolanos que han sido congelados en el extranjero por las sanciones financieras de los Estados Unidos y que deben ser administrados por organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, advierten que “las Naciones Unidas están preocupadas por el riesgo reputacional de implementar un programa que ha hecho comparaciones con el controvertido Programa de Petróleo por Alimentos en Irak —, un programa que estuvo plagado de mala gestión y corrupción. Además, los funcionarios de la ONU quieren garantías de dónde están los fondos, cómo los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ayudar a protegerlos en el proceso de transferencia, y cómo pueden existir dentro del sistema financiero de los Estados Unidos de acuerdo con las regulaciones financieras internas de las Naciones Unidas.
Explican igualmente que el retraso de las autoridades norteamericanas es evidente y que además han cambiado de posición con respecto al fondo en varias oportunidades.
“En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una carta a las Naciones Unidas que indicaba que el gobierno de los Estados Unidos no podía garantizar completamente que el Fondo de Protección Social pudiera existir en los Estados Unidos debido a reclamos de los acreedores de deuda venezolana. Desde entonces, Estados Unidos ha cambiado de rumbo, y en mayo de 2023 la Administración de Biden envió una segunda carta a los representantes de las Naciones Unidas, esta vez garantizando que el fondo podría existir en el sistema financiero de los EE. UU. y que indicara que el riesgo de los reclamos de los acreedores era mínimo para beneficiar al pueblo venezolano. Funcionarios estadounidenses también han comenzado a trabajar con bancos europeos para identificar fondos congelados para el acuerdo”, puntualiza el informe.
El Atlantic Council señala que “comprender que la implementación del fondo llevará tiempo no debería ser una sorpresa. Las partes involucradas en la firma del acuerdo acordado deben tener claro que el progreso en negociaciones más amplias no puede ser condicionado, suspendido o retrasado por ningún aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo. Esto sugiere que las partes reconocieron que la implementación del Acuerdo Social no sería inmediata. Sin embargo, Estados Unidos y la comunidad internacional deben buscar una manera proactiva vías para ayudar a avanzar en su realización”.
La organización señala que este resumen de temas destaca cinco recomendaciones clave para los formuladores de políticas y los líderes de la sociedad civil en los Estados Unidos y en el extranjero para ayudar a dar forma al camino para la implementación exitosa y eficiente del Acuerdo Social de Venezuela — en tanto a corto como a largo plazo.
Esas recomendaciones son:
1. En primer lugar, es esencial reconocer que no es necesario que exista el fondo para que el dinero sancionado se canalice a la respuesta humanitaria de la ONU. Hay grandes cantidades de dinero en activos congelados retenidos en instituciones financieras de todo el mundo que podrían ser transferidas a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura, incluso antes de que se establezca el fondo. Estados Unidos puede y debe dejar en claro que está listo para hacerlo, poniendo la pelota en la cancha de Maduro.
2. También es necesario un nivel de coordinación más clara con las múltiples partes interesadas involucradas, incluidos los actores políticos venezolanos, los países en los que se congelan los fondos sancionados y las instituciones financieras asociadas, de modo que haya expectativas claras sobre cómo proceder. El apoyo al acuerdo y los detalles de su implementación deben comunicarse claramente.
3. Paralelamente, se debe alentar a la ONU a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de donantes múltiples (MDTF, por sus siglas en inglés) durante los últimos treinta años. Si bien el acuerdo humanitario de Venezuela no está exento de riesgos, la ONU ha construido los sistemas necesarios para administrar estos mecanismos de financiamiento con transparencia y rendición de cuentas. La Oficina de Fondos Fiduciarios de Socios Múltiples de la ONU actualmente administra cerca de 100 mecanismos de financiamiento común, que representan más del 95 por ciento de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU. Esta experiencia debe aprovecharse para garantizar que esta oportunidad histórica no se desperdicie.
4. Estados Unidos debe garantizar que los reclamos legales válidos de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano. Algunos acreedores ya han manifestado que no reclamarán al Fondo Social, un gesto positivo que debe ser aplaudido. En última instancia, los reclamos válidos de los acreedores deben abordarse pero mantenerse separados de los esfuerzos para resolver la crisis humanitaria.
5. Finalmente, EE.UU. y los aliados internacionales deben comprometerse con una estrategia de comunicación coordinada. La reunión de julio de diplomáticos de la UE y América Latina con negociadores venezolanos en Bruselas, y la conferencia sobre Venezuela en Bogotá en abril, demuestran que cuando la comunidad internacional está en sintonía puede enviar un mensaje poderoso en apoyo de las negociaciones.
Con información del Atlantic Council