Mediante un comunicado público, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se pronunció con respecto a la sentencia emitida por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la realización de elecciones en las distintas casas de estudio autónomas, con un régimen electoral totalmente distinto al establecido en las leyes.
La AVERU denuncia el fraude procesal de la Sala Constitucional que declaró parcialmente con lugar la medida cautelar en la que se solicita la suspensión del numeral 3 del artículo 34 Ley Orgánica de Universidades (LOE), por el contrario, otorgó una medida no solicitada, y totalmente opuesta, y procede de oficio a suspender los artículos 31, 32 y 65 de la vigente Ley de Universidades, normativa que no estaba en controversia, indicó.
Explican que esta medida cautelar es una sentencia anticipada por cuanto emite opinión sobre la demanda de nulidad interpuesta contra la LOE, al ordenar un proceso electoral con la participación de la comunidad universitaria conformada por los cinco sectores establecidos en el numeral 3 de articulo 34 LOE, contraviniendo abiertamente el artículo 109 constitucional.
Además de legislar al crear un sistema electoral por vía judicial, lo que constituye usurpación de funciones que competen a la Asamblea Nacional, esta actuación de la Sala constitucional es un precedente violatorio del estado de derecho, pues pese a ser parcialmente con lugar anula el derecho demandado, lo que hace inejecutable la sentencia por ser contrario a lo solicitado, sentencian las autoridades universitarias.
Igualmente, aseguran que la sentencia es violatoria de derechos humanos, ya que la educación universitaria es un derecho humano universal, consagrado en todos los pactos y tratados internacionales.
La educación universitaria es concebida como un derecho humano universal por todos los países y organizaciones internacionales democráticas, es por ello que AVERU condena y denuncia la intervención de las universidades nacionales autónomas por parte del poder judicial, mediante una decisión que altera ostensiblemente la esencia autonómica, democrática y plural que amenaza con extinguir la academia venezolana, sumiendo en la pobreza a la población y debilitando aún más las instituciones democráticas, lo que profundiza la crisis política, social y humanitaria por la que atraviesa el País, advierten.
Asimismo, denuncian que desde los poderes públicos desde hace muchos años se ha tratado de desconocer la autonomía universitaria por distintas vías y la comunidad universitaria se ha comprometido en defenderla.
La AVERU alerta que las reiteradas actuaciones para desconocer la autonomía universitaria por parte del régimen, tanto por vía judicial como legislativa, han sido expresadas en el proyecto de reforma constitucional sometido a referéndum consultivo en el año 2007 que intentó modificar la composición de la comunidad universitaria incorporando el sector de trabajadores, el cual fue rechazado por la voluntad popular, y por vía legislativa en el proyecto de Ley de Educación Universitaria, aprobado en primera discusión el 22 de Diciembre de 2010; ante la contundente movilización del sector universitario, dicho proyecto en el mes de Enero 2011 es vetado por el fallecido Presidente Hugo Chávez Frías, puntualizan.
Precisan que durante, los últimos 18 años el régimen reiteradamente por intermedio del Ministerio de Educación Superior, Consejo Nacional de Universidades, Tribunal Supremo de Justicia, ha intentado quebrantar la esencia de las universidades consagrada en el principio y jerarquía de autonomía universitaria, que permite a los profesores, estudiantes y egresados generar mediante la investigación científica y humanística la producción del conocimiento y la institucionalidad fundamental para el progreso del país.
La educación superior venezolana se encuentra oprimida y devastada ante la asignación de presupuestos exiguos, a lo que debe agregarse la reciente amenaza por parte del Consejo Nacional de Universidades de averiguaciones intimidatorias contra los Rectores agrupados en AVERU, en virtud de las posiciones asumidas basadas en el artículo 2 de la Ley de Universidades, en relación a la situación política y humanitaria del país, a lo que se suma la nueva agresión contra la institucionalidad universitaria, expresada en la sentencia N°0324 emitida por la Sala Constitucional, en el proceso de demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto en el año 2009 por nuestras Casas de Estudios contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), juicio en el cual intempestivamente durante el periodo de vacaciones judiciales y luego de 9 años de negación de justicia, dictan una medida cautelar parcialmente con lugar, que ordena realizar elecciones de autoridades universitarias, conforme al numeral 3 del artículo 34 de la LOE, contraviniendo el mandato constitucional de reconocimiento por parte del Estado de la autonomía universitaria, lo cual modifica la naturaleza académica del derecho a elegir sus autoridades, convirtiendo el voto universitario en un derecho político al incorporar dos sectores (personal administrativo y personal obrero) en condiciones de igualdad para el ejercicio del voto, explican.
AVERU informó, que denunciaran este ataque en instancias internacionales y exigen que se realicen elecciones libres y ajustadas a las leyes dentro de los recintos universitarios.
La comunidad universitaria caracterizada por su profundo sentido democrático y plural, demanda la realización de elecciones libres con apego a la normativa Constitucional y legal vigente, por ello denunciamos públicamente la grotesca intervención de las Universidades Públicas por vía judicial, y hacemos un llamado a la sociedad venezolana a defender pacífica y democráticamente las instituciones forjadora de nuestra juventud, lo cual solo puede lograse en libertad y en respeto de los derechos y valores fundamentales del hombre. Denunciamos ante los organismos internacionales de derechos humanos el grave precedente de despojar a las instituciones de educación superior de la libertad para desarrollar la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, lo que constituye un atentado contra el progreso de la Nación y quebranta derechos fundamentales, finaliza el comunicado.
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