Conindustria propone plan de incentivo de empleo y fondo de inversión de $6.000 millones

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Conindustria planteó este miércoles una serie de propuestas al Ejecutivo nacional, con el objetivo de mejorar el ingreso de los trabajadores e implementar un fondo de inversión para aumentar la cartera de financiamiento o créditos por parte de la banca.

«El plan de incentivo al empleo es una propuesta que estamos haciendo, de manera tal que cada trabajador a motu proprio, no sólo los que tenemos, sino los que quieran venir, hagan un contrato a tiempo determinado con el cual ellos puedan determinar qué mejor oferta de trabajo hay y que todos sus ingresos estén involucrados hasta tanto no se discuta una ley evidentemente acorde a la situación actual», dijo Luigi Pisella, presidente de Conindustria.

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Enfatizó que es un procedimiento con el cual se puede incentivar el ingreso de los trabajadores, «porque va a ser a tiempo determinado, pero también que sus ingresos sean conforme con ello».

La otra propuesta es en materia financiera, con el propósito de recoger los 6.000 millones de dólares que provienen del ingreso petrolero -que hasta hace pocos meses no podían introducirse en el Banco Central de Venezuela por las sanciones- y colocarlos en los bancos nacionales para dirigir ese dinero a aumentar los créditos.

«Eso se puede legislar, se puede someter en consideración de la Asamblea, del Ejecutivo para ver si esto se da. Incentivaría mucho el empleo», expresó Pisella durante la presentación de las Perspectivas Conindustria 2024.

«Para nosotros sería fundamental. Es una idea que estamos sometiendo a consideración, ya que esos 6.000 millones de dólares no producen nada, no están arriba en la banca… esto nos ayudaría a crear más consumo para aumentar el poder adquisitivo y disminuir la tasa que se cobra por los créditos», sostuvo.

Un ejemplo de ello es que «es complicado para las pequeñas empresas poder cancelar el 20% sobre una moneda dura».

Dentro de las diferentes propuestas de Conindustria, también está aplicar políticas industriales que permitan avanzar en la manufactura, competencia leal y legal, industrialización, servicios y crecimiento de la economía.

«Como industriales producimos lo que consumimos y creamos empleos. La modernización de la infraestructura es necesaria, necesitamos un Estado promotor que junte la industria, el comercio, el turismo, encadenamiento, donde se conformen alianzas para avanzar en las empresas públicas y privadas», indicó.

Acotó que también es necesario que el Estado promueva el financiamiento e inversión para el sector público y privado del país en materia de tecnología, infraestructura, entre otros.

En materia de tributos, Pisella propuso al Ejecutivo avanzar en la adecuación de pagos de impuestos y mejorar las condiciones de la producción de las pymes, donde se «incentive a las empresas cuando el desarrollo industrial se dé, aumente la producción o aumente la oferta exportable», aunque para ello es fundamental estabilizar la economía.

Asimismo, Conindustria planteó la derogación de la Ley de Costos y Precios Justos para crear una nueva Ley de protección al consumidor, «adecuada con la realidad del país».

Respuesta del Estado

En la actividad, la ministra de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, ofreció un balance del «Plan Mano de Hierro» que ejecuta el gobierno en conjunto con el sector privado del país.

«El año pasado y este año hubo una preocupación por los sectores económicos del país. Venimos en franco crecimiento, de recuperación en diferentes sectores económicos y el tema del contrabando sigue siendo un factor que flagela la salud y vida de la población, principalmente en el caso de alimentos y salud», dijo la ministra.

Describió que este plan inició por los estados fronterizos del país Táchira, Apure, Zulia y Amazonas y, en la segunda, fase incluyeron a los estados centrales y llaneros.

«Esta semana ya comenzamos la segunda fase, que es abarcar todos los estados del país. Ya hemos abarcado el 20% de los comercios, es decir, estamos avanzando en la formalización», aseguró Álvarez.

En esa misma línea, el ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas, explicó que tanto gobierno como el sector privado han coincidido en el daño que han hecho las sanciones a la economía y en la población en general.

«El primer consenso tiene que ver con la economía y producción nacional y el segundo consenso tiene que ver con lo político, enfocado en la economía. Hay una gran coincidencia, algo que nos une, es que se detengan y se suspendan las medidas coercitivas unilaterales (sanaciones económicas) contra Venezuela», expresó el ministro.

A su criterio, el gobierno nacional ha realizado esfuerzos en políticas económicas para la industrialización y el desarrollo de la economía.

«El reto de las exportaciones es fundamental, pero también lo es la producción nacional. Es hacer una macroeconomía del desarrollo y seguirá siendo precario si no diversificamos la economía”, sostuvo.

“Tenemos que avanzar en la competitividad y fortalecimiento institucional, en las exportaciones y retomar los ingresos de la población trabajadora, que está muy afectada. Estamos trabajando para recuperar la economía, el petróleo y la electricidad, así como también los servicios básicos», agregó el también vicepresidente sectorial de Economía.

Proyecciones económicas

El economista José Manuel Puentes indicó, durante la presentación de Perspectivas Conindustria 2024, que entre los próximos 8 y 14 meses, el tipo de cambio del el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) podría alcanzar los 70 o 75 bolívares por dólar, si se mantiene la «política errónea» de intervención cambiaria.

Recordó que la política de intervención cambiaria afecta directamente las reservas internacionales de Venezuela que, según el BCV, rondan por los 9.599 millones de dólares, de los cuales más de 4.000 millones de dólares están retenidos en Estados Unidos.

«El Estado no tiene liquidez para defender su política de intervención cambiaria», advirtió el también profesor titular del IESA.

En relación con las proyecciones de crecimiento económico, Puentes dijo que «todo indica que hay una alta probabilidad de que Venezuela pueda crecer 3%, 4% y 5% en el año 2024, pero también combinado con la inflación más alta del mundo, por encima de 120% y 130%».

Detalló que Venezuela va a cerrar 2023 con 0% de crecimiento económico o tal vez con una «ligera recesión», pese a que en principio de año los economistas habían proyectado una mejora en la economía nacional.

«La política económica nos echó a perder las proyecciones y Venezuela va a tener la inflación más grande del mundo, seguida del Líbano y Argentina», agregó el economista.

Sin embargo, apuntó que «para 2024 somos un poco más optimistas. Esperemos que el gobierno haga lo que tiene que hacer, con una coherente y consistente política económica para que recuperemos el crecimiento».

Señaló que la flexibilización de las sanciones económicas contra Venezuela es uno de los factores que puede hacer que la economía nacional crezca en 2024.

«Si el gobierno cumple con su parte del trato, puede extenderse 6 meses más. Eso es lo que yo espero, pero estamos hablando de flexibilizaciones parciales, solo por 6 meses», sostuvo.

No obstante, precisó que entre 2014 y 2020 la economía venezolana se redujo 75%. “De ahí que tengamos un problema de empobrecimiento sistemático, tengamos los salarios mínimos en promedio más bajos de América Latina y los niveles de inequidad más grandes de América Latina».

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