FundaRedes realizó este viernes un foro online, con el fin de hacer un llamado de atención en cuanto a las actuaciones que vienen realizando algunos cuerpos de seguridad del Estado en las zonas fronterizas del país, en donde se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales y los ajusticiamientos cometidos presuntamente por funcionarios policiales.
Paula Flores, una víctima atendida por FundaRedes, denunció que en el año 2018 un grupo de presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegó a su casa y ejecutó a dos de sus cuatro hijos, sin ningún tipo de justificación.
Era madre de seis hijos. Las FAES, el 22 de noviembre de 2018, llegaron a mi casa con un grupo de aproximadamente 50 hombres, agarraron y se llevaron a dos de mis hijos a la cárcel. Posteriormente, mis hijos fueron ejecutados, les dieron tiros de gracia en el corazón a cada uno y alegaron que fue un enfrentamiento, contó.
Aseguró que en el caso de sus hijos existió complicidad por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes, al levantar los cuerpos, confirmaron que los dos muchachos fueron asesinados por estar involucrados en un enfrentamiento.
Estos señores de las FAES fueron contratados por una venganza. Destrozaron dos vidas, destrozaron mi familia, me arrancaron la vida, dejaron a cuatro niños sin papá, lamentó Paula Flores.
Exigió que haya una investigación seria con respecto al caso de sus hijos y solicitó a las autoridades que se haga justicia.
Como madre pido justicia y que todo el mundo sepa lo que hicieron, para que sepan lo que vivimos muchas madres venezolanas, expresó.
Los indicios son claros
Por su parte, el abogado y criminólogo, Luis Izquiel, señaló que algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado han cometido ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden calificarse legalmente como un asesinato agravado.
El testimonio de la señora Paula Flores le pone rostro humano a lo que siempre queda en cifras. Las ejecuciones extrajudiciales son un asesinato agravado, porque son funcionarios con un uniforme los que asesinan, sentenció.
Reveló que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contabilizó en el año 2019 un total de 5.400 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, las cuales, en su gran mayoría, son ejecutadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad.
En Venezuela vienen ocurriendo desde hace muchos años las ejecuciones extrajudiciales, pero esto se agravó desde el año 2015, cuando crearon las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Tantas fueron las denuncias de los asesinatos en estas misiones, que el gobierno las elimina, pero en 2017 fueron creadas las FAES, un cuerpo que internacionalmente es conocido como un grupo de exterminio y no como parte de las fuerzas policiales, explicó.
Aclaró que, según el informe de Bachelet, las FAES son grupos de exterminio que tienen un modus operandi que inicia con la llegada en camionetas negras sin placas, visten de negro sin identificación personal, llevan armas largas. Las FAES separan a los hombres jóvenes del resto de la familia y luego los asesinan. En muchas oportunidades, para disfrazar la escena del crimen ponen a disparar al occiso, para así fabricar la tesis del enfrentamiento.
Indicó que hay muchos indicios de que en estas operaciones ejecutadas por el FAES existen ejecuciones extrajudiciales y la impunidad es muy grande.
La impunidad por cometer ejecuciones extrajudiciales es de 99%, asegura Cofavic. La impunidad lo que hace es que estos atropellos se repitan. Al tener los rostros tapados y los carros sin placas también garantizan la impunidad. Estas acciones también violan la Ley del Servicio Nacional de Policía, porque en ella se exige que el funcionario policial en su uniforme debe estar identificado, explicó Izquiel.
El abogado denunció que a los familiares no les son entregados los cuerpos y procuran enterrarlos en fosas comunes para evitar cualquier tipo de investigación.
Exhortó a los familiares que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales que denuncien este tipo de atropellos, ya que cuando el país vuelva a la senda democrática es muy probable que se haga justicia en la mayoría de los casos.
Se debe hacer justicia
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, aseguró que las ejecuciones extrajudiciales violan el derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución y en el 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 22 de junio de 2020, en la que exhortaron al fiscal general, Tareck William Saab, a ordenar y dirigir una investigación penal por estos hechos.
El propósito es que quede constancia de lo ocurrido con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos y la determinación de responsabilidades, así como solicitar acciones para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hayan incurrido estos uniformados en el ejercicio de sus funciones.
Desde 2014 FundaRedes ha denunciado constantemente las violaciones al derecho a la vida de los venezolanos en la frontera en instancias nacionales, como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, a las cuales se les ha solicitado iniciar investigaciones de los hechos y emprender acciones para proteger a esta población vulnerable y frenar la actuación de los grupos armados irregulares. Pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta, precisó.
Aseguró que en Venezuela, lamentablemente, se ha instaurado una cultura de la muerte, la cual es promovida e impulsada en gran medida desde el gobierno nacional.
Esta actuación de los grupos policiales como cuerpos de exterminio no es otra cosa que el resultado de una narrativa oficial que se ha encargado de impulsar en nosotros los ciudadanos la violencia como normalidad. Yo tengo una buena cantidad de años investigando el tema del adoctrinamiento y los procesos de ideologización en la escuela; cuando a un niño le pones a colorear en una hoja, por ejemplo, los de la Oficina Nacional Antidrogas, que tiene un fusil o un tanque de guerra, un avión de guerra, obviamente hay toda una intencionalidad simbólica para que ese niño tenga una narrativa de confrontación, detalló.
Insistió en que la denuncia es fundamental para todos los casos de violaciones de derechos humanos, porque llegará un momento en Venezuela donde sea aplicada la justicia transicional y habrá justicia en mucho de estos casos.
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