El Estado de Alarma decretado por Nicolás Maduro en el mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19 supone una irregularidad no solo por no haber sido aprobado por la Asamblea Nacional, sino porque también superpone un Estado de Excepción dentro de otro, puesto que en 2016 fue emitido el de Emergencia Económica que aún sigue vigente.
Así lo detalla el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Venezuela es el único país que tiene dos Estados de Excepción vigentes: el de Emergencia Económica y el de Estado de Alarma. El de Emergencia Económica e no tiene ningún sentido porque está vigente desde 2016 y que simplemente tiene una justificación política al dictar un conjunto de leyes para obviar a la Asamblea Nacional.
En el caso del Estado de Alarma el error más grave que tiene es que no regula aspectos fundamentales. Por ejemplo, el tema de los toques de queda no lo dice, dice que se podrán establecer restricciones a la libertad de tránsito, pero no dice ni quién las va a establecer, ni cuándo ni cómo. Qué es lo que ha surgido, un caos normativo de alcaldes, gobernadores, autoridades militares, explicó.
Señaló que en ciudades como Mérida se han presentado casos de personas en la calle mientras que las autoridades militares pasan informaciones decretando toques de queda vía Whatsapp. Imagínense decretar un toque de queda por Whatsapp en una ciudad sin luz y donde no todo el mundo tiene teléfono inteligente, dijo Daniels. Esto ha originado que el Estado de Alarma sea lo que el funcionario que tengas al frente te diga que es el Estado de Alarma, porque al final cada funcionario va a tener una interpretación propia, advirtió.
Daniels aseguró que hay casos patéticos en los que emitieron decretos porque simplemente no tienen nada que decir. Por ejemplo, el de inamovilidad laboral. ¿A estas alturas de qué sirve ese decreto?, cuestionó. Todavía más patético es el que estableció que los pagos de créditos bancarios quedaban suspendidos, ¿cuáles créditos?, en Venezuela no hay créditos bancarios, acotó. Y el que viene con mala intención y, además inefectivo, es el de la exoneración del pago al Impuesto Sobre la Renta después que la gente pagó.
Aseguró que los decretos anunciados no son constitucionales porque los Estados de Alarma y de Excepción tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia lo que ha hecho es usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. En consecuencia, no hay ninguna legalidad, la Constitución es expresa. Al final el derecho en Venezuela se ha convertido en un ejercicio de dibujo libre, el derecho será lo que hoy quiero que sea el derecho, añadió.
Alertó que el marco regulatorio decretado por Maduro atenta gravemente contra los derechos de los venezolanos porque el artículo 339 de la Constitución establece que el decreto debe regular los derechos ilimitados. Si no están regulados, al final la ley será dependiendo de la arbitrariedad del funcionario que uno tenga al frente te diga y eso es lo que más afecta al ciudadano común, concluyó.