Los ingresos petroleros de Venezuela, en los últimos cuatro años, se han contraído de manera notable solo por el impacto de las sanciones en las operaciones de la faja petrolífera del Orinoco. De no existir esas medidas, la producción sería de tres a cinco veces su nivel actual, según un estudio del economista y profesor de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, Francisco Rodríguez.
El también director de la Fundación Petróleo por Venezuela presentó una investigación, denominada “Sanciones y producción petrolera: evidencia de la faja del orinoco”, en la que analiza el impacto de las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos sobre el país, específicamente en aquellas empresas que operan en la faja petrolífera del Orinoco.
El estudio revela que la producción de la faja petrolífera del Orinoco, que para junio de 2020 se encontraba en 118 mil barriles diarios, habría sido entre 364 mil y 632 mil barriles diarios si no existieran las sanciones, de acuerdo a distintos ejercicios de estimación.
“Esto quiere decir que la faja podría estar produciendo entre 3 y 5 veces su nivel de producción actual y las exportaciones totales venezolanas podrían ser entre el doble y el triple de su nivel observado el año pasado, solo contando la mayor producción que la faja podría arrojar si no hubiese sanciones,” indicó Rodríguez.
Datos más precisos
El investigador resalta que ha podido recabar información más detallada en cada uno de los bloques de la faja, por lo que el estudio se diferencia de otros que se han realizado anteriormente y que abordan el mismo tema.
“Nuestro estudio permite avanzar en la discusión sobre el efecto de las sanciones, dado que utilizamos una nueva base de datos que contiene información de cada bloque petrolero que opera en la faja. Otros estudios han utilizado solamente los datos agregados de producción nacional. Nuestro acercamiento permite una comprensión más realista y precisa de los efectos de las sanciones”, explicó.
De acuerdo con el economista, la utilización de estos datos permite tomar en cuenta otros factores explicativos que también podrían afectar la producción a nivel nacional. “Nos permite separar el efecto de otras variables que afecten a todo el sector petrolero en un momento determinado, así como las que afectan solo a determinadas empresas. Hacerlo nos permite estimar con mayor precisión cómo reaccionan los diferentes tipos de empresas a las sanciones económicas”.
El enfoque estadístico del estudio de Rodríguez se basa en que existen diferencias significativas en el grado de exposición de las empresas del sector petrolero del país a los mercados financieros internacionales.
“Una gran parte de la inversión en la faja petrolífera del Orinoco, el área en la que se enfoca nuestro estudio, se realiza mediante empresas mixtas. Antes de las sanciones, algunas de estas empresas mixtas habían celebrado acuerdos especiales de financiamiento para proyectos de inversión en curso. Nuestra hipótesis es que, ante las sanciones, el comportamiento de estas empresas con acceso a financiamiento internacional fue diferente a las que no tenían ese acceso”, sentenció.
Sin financiamiento
La investigación pudo validar que el impacto de las sanciones ha sido mayor en aquellas empresas que tenían acceso a los mercados financieros antes de las sanciones, que representan aproximadamente la mitad de la producción de la faja petrolífera del Orinoco.
“En nuestras estimaciones de referencia, las sanciones explican entre 45% y 54% de la caída observada en la producción en las empresas con acceso al mercado financiero”, detalló.
Sin embargo, el economista ahonda en este punto para poder explicar detenidamente la caída de la producción petrolera en la región. Según el estudio, los acuerdos especiales de financiamiento que se celebraban entre la República de Venezuela y sus socios extranjeros también se vieron impactados por las sanciones.
“Esos préstamos de socios de empresas conjuntas con pago asegurado mediante el control de los flujos de exportación, que habían demostrado ser exitosos entre 2013 y 2017, se paralizaron. En un escenario sin sanciones, el gobierno probablemente habría optado por continuarlos y extenderlos al resto del sector para garantizar su operación”, comentó.
Empresas estadounidenses entre las menos afectadas
Otra de las conclusiones del estudio es que las empresas petroleras estadounidenses que operan en la faja petrolífera del Orinoco se han visto menos afectadas por las sanciones, debido a que han logrado procurar licencias para así proteger sus operaciones.
Tal es el caso de Chevron, cuyas asociaciones en la faja -Petropiar y Petroindependencia- están reguladas por la licencia general 8G, que le permite continuar algunas operaciones hasta junio de este año sin ser penalizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
“Sabemos que a pesar de que la licencia general 8G prohíbe a Chevron llevar a cabo actividades de extracción y comercialización de crudo, empresas como Petropiar permanecen operativas, produciendo 115 mil barriles diarios de acuerdo con nuestros datos. Esto quiere decir que Chevron ha recibido una licencia específica, que le permite seguir produciendo a pesar de las sanciones,” explicó Rodríguez.
Este trato preferencial permite a Chevron quedar en una situación de ventaja con respecto a empresas europeas y asiáticas. “Mientras otras empresas están sujetas a la incertidumbre de posibles sanciones secundarias y limitan sus tratos a canjes de combustible y deuda autorizados por el Departamento del Tesoro, la evidencia indica que Chevron tiene una autorización para seguir produciendo sin tales limitaciones,” indicó Rodríguez. Intermediarios financieros y proveedores estarán más dispuestos a negociar con una empresa estadounidense que cuenta con una autorización explícita que con una empresa no estadounidense sobre la que se cierne una “enorme incertidumbre regulatoria,” añadió.
Aseguró que si la producción de la faja petrolífera del Orinoco no se hubiese visto impactada, los ingresos por exportaciones de crudo de Venezuela habrían sido dos o tres veces mayores a los estimados para el año 2020.