En las últimas semanas, la administración de Nicolás Maduro ha profundizado la persecución y la violencia contra dirigentes y trabajadores, incluso de sindicatos bolivarianos.
Esta situación se ha presentado con mayor dureza en Guayana, estado Bolívar, donde tres dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente por fuerzas de seguridad del Estado y puestos presos por liderar protestas en los portones de las empresas básicas.
Venezuela forma parte del grupo de países con gobiernos totalitarios que irrespetan abiertamente sus legislaciones laborales internas y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En ese contexto, la OIT aprobó en junio de 2019 el Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ratificado por países de América Latina como México, Chile y Argentina.
El Instituto Nacional de Estudios Sindicales (Inaesin) lanzó una campaña de información sobre los alcances del Convenio de la OIT y la necesidad de incluirlo en la agenda de los reclamos laborales que se realizan en el país.
Estadísticas del Inaesin revelan que en el primer semestre de 2023 se registraron en Venezuela 592 protestas laborales en las que el 93,22% de los participantes eran trabajadores activos y jubilados del sector público.
Convenio 190: nuevo marco de las relaciones laborales
A través de su campaña, el Inaesin insta al movimiento sindical y los trabajadores a unir esfuerzos para obligar al gobierno de Maduro a ratificar el Convenio 190.
Según las organizaciones sindicales y de derechos humanos, en los últimos 23 años en Venezuela hay más de 400 sindicalistas y trabajadores presos o bajo régimen de presentación ante los tribunales padeciendo procesos judiciales interminables.
León Arismendi, asesor laboral y profesor universitario de Derecho del Trabajo, señaló que las relaciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro con la OIT no han sido las mejores debido a la persistencia oficialista de incumplir los convenios de la Organización Internacional, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y otras normativas laborales vigentes.
El abogado destacó que la recurrente violación de los derechos laborales por parte del chavismo-madurismo llevó a la OIT a enviar a Venezuela su máxima instancia de seguimiento y vigilancia -como es la Comisión de Encuestas- en noviembre de 2019.
Pese a la gravedad del informe de la Comisión de la OIT, el gobierno de Maduro no acoge sus recomendaciones para corregir la situación laboral en el país.
Arismendi resaltó que el Convenio 190 es muy importante por la amplitud de derechos existentes incluidos.
El alcance del 190, agregó, es muy extenso para proteger a los débiles jurídicos laborales como son las personas asalariadas -cualquiera sea su condición contractual con el patrono- los aprendices, pasantes, trabajadores despedidos y personas voluntarias en busca de empleo o postulante a un puesto de trabajo.
Asimismo, el Convenio 190 abarca el lugar físico de trabajo (espacios públicos y privados), desplazamientos, viajes y actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo además de los lugares donde se le paga, toma su descanso o come el trabajador.
También se incluyen los vestuarios y las instalaciones sanitarias o de aseo en los centros de labor.
Otro aspecto importante del Convenio es la incorporación de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluyendo las relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.
El alojamiento proporcionado al trabajador por el empleador es otro derecho que forma parte del convenio de la OIT.
Arismendi indicó que el Convenio 190 y las normas internacionales del trabajo proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.