La aguda crisis humanitaria en Venezuela continúa provocando que sus ciudadanos busquen nuevas oportunidades fuera de sus fronteras, bien sea por canales legítimos o vías irregulares, como es el caso de aquellos que arriesgan sus vidas cruzando el Tapón de Darién para llegar a Estados Unidos.
Se trata de una migración masiva sin precedentes de venezolanos hacia ese país: representaron una cuarta parte de los más de 200.000 ciudadanos que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos en septiembre de 2023, según datos de la Patrulla Fronteriza.
El Departamento de Homeland Security (DHS) publicó un informe interno que revela que unos 50.000 inmigrantes venezolanos cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en septiembre.
El más reciente estudio de Equilibrium Cende también revela que 10% de los ciudadanos que residen en Venezuela definitivamente planean emigrar en los próximos 12 meses, mientras que 21% considera esta opción como probable. Estas cifras indican que, en conjunto, aproximadamente 6,9 millones de venezolanos tienen la intención de emigrar en 2024.
Hasta el momento más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), integrada por más de 200 organizaciones, incluyendo agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, entes religiosos y ONG.
Geoff Ramsey, asesor senior para Venezuela del Atlantic Council -un centro de pensamiento en Washington, Estados Unidos- considera que la crisis humanitaria y la explosión de migrantes venezolanos en la frontera México-Estados Unidos demuestran lo lejos que está el país de estabilizarse.
«Esta es una prueba de que la crisis de Venezuela sigue siendo muy grave. Miles de venezolanos continúan huyendo cada día de una profunda emergencia humanitaria y las violaciones sistémicas de derechos humanos, con la reducción de las oportunidades económicas en toda América Latina. Incluso, algunos venezolanos que huyeron a países como Perú, Colombia o Ecuador están partiendo una vez más hacia Estados Unidos», apuntó Ramsey.
A su juicio, Venezuela requiere que se atienda «urgentemente» la crisis humanitaria que afecta directamente a millones de sus ciudadanos. «El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para este año solo ha sido financiado en un 30% y aún no se ha implementado un acuerdo histórico para utilizar miles de millones de dólares en fondos sancionados para abordar la crisis», indicó.
En ese sentido, considera que «es más urgente que nunca que se avance en este acuerdo y que la ONU cree este fondo, que es un raro punto de acuerdo entre la oposición y el gobierno de Maduro».
En vista de que las sanciones económicas dificultan no solo la labor de las ONG y el fondo humanitario, sino también la reactivación de la economía venezolana, Geoff Ramsey precisó que es hora de que la comunidad internacional evalúe las sanciones contra Venezuela.
«Es urgente que la comunidad internacional revise la efectividad de las sanciones con miras a incentivar una apertura democrática en Venezuela a través de acuerdos entre actores políticos», planteó el vocero de Atlantic Council.
Recalcó que no todas las sanciones pueden clasificarse de una sola manera. “Algunas sanciones son contra personas vinculadas con violaciones de derechos humanos, mientras que otras afectan a la economía en su conjunto y, por extensión, a la población».
Por su parte, el economista y profesor universitario Luis Oliveros aseveró que se requiere de manera urgente que se suavicen las sanciones económicas contra Venezuela para poder avanzar hacia la reactivación de la economía y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
«Es necesario flexibilizarlas, debería ser urgente. Tristemente hay compatriotas que aún las apoyan, que hacen lobby para que sigan y algunos hasta quieren que las incrementen. Con sanciones, el país no crecerá mucho más, el techo del crecimiento es bajo», puntualizó.
Acotó que «vivir en un país sancionado no es fácil. El overcompliance al sector privado es un enorme problema», por lo que señaló que las sanciones son una «terrible estrategia» para generar un cambio político o de gobierno.
«La evidencia histórica así lo muestran: Irán, Cuba, Yemen, Turquía, Corea del Norte, Rusia, Venezuela y un largo etc. La buena noticia es que en Estados Unidos lo tienen claro. Lo malo es que la decisión de desmontarlas es política y pareciera que para eso falta mucho, lamentablemente», dijo el economista.
Las sanciones no causaron la crisis, pero la exacerban
Luis Oliveros dejó claro que las sanciones no son las causas de la crisis económica en Venezuela, «pero sí las exacerbaron, porque están hechas para eso, para generar problemas económicos».
En esa misma línea, el economista Luis Arturo Bárcenas, jefe en Ecoanalítica, puntualizó que el levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela debería discutirse. Advirtió que, si bien “la crisis económica responde a la mala gestión política, también hay una clara relación entre el auge de las sanciones”.
«Yo creo que las sanciones no han cumplido el prometido que probablemente tenían, que era generar la presión necesaria para tal vez impulsar un cambio político o una mejora en términos institucionales en el país. Deben discutirse o al menos pararse parcialmente algunas de las sanciones», expresó Bárcenas.
De hecho, los millones de venezolanos que han migrado ha sido huyendo de las precarias condiciones sociales y económicas que no solo persisten, sino que se han acentuado en lo que va del año.
El Observatorio Venezolano de Finanzas informó en julio que la economía de Venezuela cayó 7% en el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que implica un “nuevo ciclo recesivo” tras registrarse dos trimestres consecutivos de contracción. Mientras, la inflación acumulada hasta septiembre fue de 159,4% %.
Para 2024, de acuerdo con las proyecciones de Ecoanalítica, algunos indicadores podrían mejorar. Venezuela podría registrar un crecimiento económico de entre 4% y 5%, aunque según Bárcenas, sigue siendo baja en términos de lo que se esperaba antes del «choque negativo» de 2023.
«Es mucho menor de lo que necesita la economía para recuperar parte de lo perdido en los últimos ocho años en materia de producción, pero es una buena noticia porque un mayor crecimiento supone mayores ingresos para las personas, mayor actividad para las empresas, que a su vez pagan salarios, etc», dijo.
De acuerdo con Bárcenas, los escenarios de Ecoanalítica apuntan a que el año que viene “superaremos parte del deterioro económico que vimos este año, debido a la contracción de la demanda, asociada a los altos precios y la contracción del consumo que vimos desde finales de 2022 y mediados de este año”. No obstante, la inflación anual se mantendría en tres dígitos (150%) y la depreciación de la tasa de cambio anual podría ser mayor a 140%.
Precisó que las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela han generado un costo muy elevado al sector privado que opera en el país. «Hay un costo asociado a las sanciones que repercuten sobre el sector privado. En un entorno de sanciones, para un importador extranjero le es más difícil hacer negocios con Venezuela o le acarrea mayores costos que a un importador venezolano dado a ese temor que existe de que tú como venezolano hayas tratado en algún momento con el gobierno», sostuvo el economista.
En cuanto a la industria petrolera -principal fuente de ingreso de Venezuela- Bárcenas indicó que el levantamiento o flexibilización de las que pesan sobre ésta podría contribuir a mejorar la producción de crudo venezolano, aunque no es garantía de la recuperación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sea lo “suficiente rápida o grande”.
Sin embargo, a su juicio, sí «se generaría un aliciente importante para el sector. Estaríamos hablando de que probablemente Pdvsa pudiera estar produciendo hasta 1.200.000 y 1.500.000 barriles en dos años, pero ahí todavía recae mucho los problemas estructurales y operativos que enfrenta Pdvsa».
Explicó que el problema de aliviar las sanciones a la estatal petrolera «es que, lamentablemente, el negocio petrolero está muy ligado al sector público» por el control que éste ejerce, por lo que sugiere que otorgar licencias a las petroleras que operan en el país podría ser una opción si no se concreta el levantamiento total o flexibilización de las mismas.