En medio del arduo debate sobre las sanciones y el impacto sobre los venezolanos al ser utilizadas como mecanismos de presión para buscar un cambio político en Venezuela, Nicolás Maduro presentó y envió a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la denominada ley antibloqueo que busca sortear estas medidas que, según su administración, han provocado la profunda crisis económica que vive Venezuela.
El artículo 1 del texto explica que este instrumento brindará al Poder Público herramientas jurídicas para mitigar los efectos de las sanciones hacia Venezuela, que sean dictadas por otro Estado, grupo de Estados o entes públicos o privados foráneos.
Señala que tendrá vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial hasta que cesen los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, restricciones y otras amenazas que afectan al país.
Habrá un Consejo de Estado que hará seguimiento a su implementación y realizará reuniones bimestrales de evaluación para recomendar al Ejecutivo las acciones para mejorar su eficiencia o facilitar su implementación.
De acuerdo con Maduro, la propuesta busca reactivar la economía ante las sanciones internacionales lideradas por el gobierno de Estados Unidos.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli considera que aprobar esa ley sería inconstitucional,ya que «independientemente de su ilegitimidad, en la forma en que fue convocada y designada, la Asamblea Constituyente en Venezuela tiene como mandato redactar una nueva Constitución y no sustituir a ningún poder constituido, como es el caso de la AN, que ha sido maniatada por decisiones judiciales impresentables. Eso es una usurpación de las funciones de la AN».
Mucho de lo que contempla la ley en sí es inconstitucional, ya que supone cambiar el sistema de gobierno y convertir esto en un presidencialismo sin controles de gestión, sin régimen presupuestario, sin libertad de información, es decir, es una ley propia de regímenes totalitarios». Las fallas de la propuesta de ley en aportar transparencia y contraloría al marco normativo podría generar unos ingresos provenientes de los aliados que tiene este régimen, pero que entren a engrosar las arcas no de la República, sino de la corrupción galopante que hay en el país» subraya Raffalli.
El escritor Luis Britto García, expone una serie de consideraciones con respecto a la ley antibloqueo en su artículo del diario Últimas Noticias. Destaca que el artículo 17 propone que el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos.
Cabe advertir que el término desaplicación es una especie de neologismo en el campo jurídico, que parece implicar la potestad de ignorar o violar disposiciones legales e incluso constitucionales sin necesidad de derogarlas. Tal desaplicación solo generaría actos nulos, conforme al principio de legalidad de los actos de los poderes públicos, enunciado en los artículos 25, 137 y 218 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que citamos a continuación: Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores, refiere Britto García.
Cita el artículo 137 de la constitución que señala: Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
Acude además al artículo 138 que reza toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Prosigue con el artículo 218 las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.
Para Britto García llama la atención la presencia de nuevas disposiciones para promover el sector privado internacional, lo cual no es competencia de nuestro gobierno. Parecería ser que se otorgan potestades absolutas para dejar sin efectos cualquier medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, aparentemente para devolver activos apropiados, comprados, confiscados expropiados o sometidos a un régimen especial o a los cuales se retiró una concesión por las autoridades venezolanas. Para ello no sólo se desaplican disposiciones legislativas: también medidas o más bien sentencias judiciales.
En lugar de ampliar los bienes de propiedad pública o bajo administración social, como corresponde a un gobierno socialista, se amplía y fortalece la propiedad del sector privado, y sobre todo del internacional, incluso la que esté afectada por medidas ejecutivas, legislativas o judiciales, cuestiona el escritor.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, Juan Carlos Apitz, una vez más se pretenden imponer leyes llamadas constitucionales bajo una nomenclatura jurídica inexistente. Pero además, de forma reiterada, la Constituyente se aleja de su atribución de redactar una nueva Carta Magna para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
Primero, no hay control previo en la ejecución del presupuesto. El control es posterior y es por la Contraloría, lo que calificó como peligroso. Lo más importante aquí es que van a realizar gastos sin ningún tipo de control porque ellos pueden desaplicar cualquier ley del ordenamiento jurídico y lo hace el Ejecutivo nacional sin ningún tipo de límite, alerta.
Advierte que la propiedad privada, amparada por la Constitución, tampoco es reconocida por la ley antibloqueo. Yo no tengo porque pagar el precio de una expropiación, que nunca lo han hecho tampoco. Pero, digamos, ocupo los bienes y simplemente digo estoy en ejecución de esta ley. ¿Por qué? Porque estoy enfrentando las sanciones del gobierno americano. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Lo que están es simplemente legalizando la arbitrariedad, afirma.