La Licencia General No 40 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) tiene, en principio, fines humanitarios porque permitiría a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) importar Gas Licuado de Petróleo (GLP) para atender la demanda doméstica, señala el semanario Exclusivas Económicas.
El mismo permiso, sin embargo, establece una limitante para cualquier transacción de Pdvsa. El reporte explica que no permite el canje o intercambio por crudo u otro combustible, y obliga a la empresa tener que plantearse las transacciones mediante el pago con sus propios recursos financieros, que están mermados por los impedimentos para exportar.
A lo anterior se suma, de acuerdo con Exclusivas Económicas, que Pdvsa tendría que cobrar en el país ese gas de bombonas a precios internacionales, aspecto que en la actualidad no tiene apoyo en el gobierno por razones sociales y políticas.
Los datos de la empresa estatal, especifica el semanario, indican que el consumo de GLP en Venezuela estuvo por el orden de 35.000 barriles diarios, de los cuales las tres cuartas partes eran suministradas por Pdvsa a través de su filial gas comunal a cerca de 4,8 millones de familias. Estas cifras se elevan a 45.800 barriles por día y casi 6 millones de familias cuando se agrega la parte que compete al sector privado.
La escasez de GLP ha alcanzado niveles por el orden de 20.000 barriles diarios y alrededor de 4 millones de hogares que afrontan problemas para conseguir bombonas, según datos de la firma Gas Energy Latinoamérica. Buena parte de esta población, comenta el semanario, recurre a la compra de pilas de leña en supermercados, abastos y panaderías a precios que varían entre 1 y 3 dólares, dependiendo de la cantidad.
En la administración de Maduro existe la expectativa de que la OFAC pueda adoptar una modificación en las licencias dirigida a autorizar canjes por crudo o incorporar el diésel entre las importaciones permitidas a PDVSA. Pero hay sectores políticos que paralelamente intentan persuadir al gobierno de Joe Biden de la inconveniencia de ese tipo de medidas, puntualiza la publicación.