Diosdado Cabello, considerado el número dos del oficialismo, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional de 2020, el pasado martes 24 de enero, presentó ante la plenaria el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. De acuerdo con lo expuesto en el palacio de sesiones por el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Estados Unidos ha entregado más de 3.000 millones de dólares, en los últimos años, a organizaciones no gubernamentales venezolanas, sin que estas hagan contraloría de los recursos recibidos, sus responsables y los proyectos ejecutados.
Por tal motivo, un grupo de representantes legales acompañado de activistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales se pronunció este viernes contra el proyecto de ley fue aprobado en primera discusión ese mismo martes. Para los abogados, esta ley busca regular y controlar no solo la actividad de las ONG, sino también “el derecho asociativo de todo venezolano”.
“Nosotros no estamos defendiendo la plata, estamos defendiendo que cada persona pueda ejercer en cualquier momento la capacidad de decir ‘esto no está bien’ o ‘esto también está bien, pero lo quiero hacer de forma particular’. No pasemos a ser todos parte del control estatal en nuestra acción cotidiana”, explicó Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz.
Detalló que las organizaciones no gubernamentales, “tal y como están en esta ley, no es solamente una organización de derechos humanos o humanitarias y su acción no es en ese sentido. Además, la ley aplica a ‘afines’, pero no explica los afines. Los afines es cualquier organización social, de sociedad civil, que va a ser controlada no solamente en su actuación, sino en sus objetivos y obligada a dar información de sus beneficiarios. También obliga el ejercicio de acción, vinculada a un programa que no sabemos cuál pudiera ser del Estado venezolano, de lo que considera la acción en beneficio del país”.
Rendón advirtió que esta no es una ley contra las organizaciones no gubernamentales solamente. “Esa es la excusa. Es un proceso que ha venido durante más de 20 años criminalizando la acción de acompañamiento a víctimas, de denuncias de violación a derechos humanos y que, lamentablemente, en algunos sectores ha calado, pero es solamente la punta del iceberg”.
Aseguró que lo que se quiere es regular, controlar o normar y, además, ver el financiamiento y quiénes son sus beneficiarios es de toda acción colectiva. «El derecho asociativo es algo vinculado a la dignidad del hombre y eso es inalienable. Lo que se está tratando de hacer acá es comenzar de cero a controlar la independencia de actuación de la sociedad civil”.
Cuidado con la ayuda internacional
Lexys Rendón dijo que las acciones que devengan de esta ley podrían poner en riesgo el apoyo internacional y la manifestación civil pacífica: “Puede inhibirse la cooperación internacional. Aquí estamos en riesgo no solamente las organizaciones humanitarias que están al frente de la atención a las personas más vulnerables, este país tiene una movilización masiva, cada una de esas movilizaciones y organizaciones tendrían que pedir un permiso para poder hacerse. Personas de otros estados tendrían que pedir permiso para movilizarse en Caracas”.
Por ello invitó a la sociedad civil en general, incluso a quienes sienten afecto hacia la administración de Nicolás Maduro, a protestar contra la aplicación de este proyecto de ley. “Nosotros queremos hacer un llamado a la sociedad, sobre todo a los progobierno, a quienes han hecho trabajo disidente dentro de las líneas del gobierno que, además, han sido brutalmente reprimidos. Esto es una ley contra su voz, que va a acabar con la solidaridad entre las personas, que va a imponer el miedo y esto es lo que queremos advertir”.
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, resaltó el riesgo que implica este proyecto de ley contra la sociedad venezolana.“Esta ley es ontológicamente represiva, es decir, que no le basta ilegalizar a las organizaciones, sino que quiere que dejen de existir. Que es el término que usan en el proyecto, donde dice ‘que se declaren inexistentes las organizaciones que no estén inscritas en el registro’, y esto no es algo menor, porque no es ilegalizarnos, es que no existimos. Negar la esencia del ser de una persona es negar su humanidad”.
Resaltó que lo expuesto en la propuesta normativa contradice los estatutos del Carta Magna: “Decir, además, que las organizaciones no existimos es retroactivo porque viola el artículo 21 de la Constitución, que señala que no puede haber normas de carácter retroactivo porque una vez que nos constituimos, existimos. No puede haber normas posteriores al momento que su constitución. Eso es lo que está haciendo esta ley, nos está agregando requisitos que no existían al momento que nos constituimos”.
Explicó que “el derecho de asociación es un derecho plural, es un derecho que regula la diversidad. Hay asociaciones que existen y que los venezolanos usamos todos los días. Por ejemplo, cuando un grupo de vecinos se decide a rescatar un parque de la urbanización es una asociación. Eso lo que demuestra es que el derecho de asociación es muchísimo más amplio que una simple calificación sobre que solo las organizaciones deben dedicarse al tema humanitario”.
Daniels insistió en que la aplicación de esta normativa solo conllevará obstáculos a la actuación de las organizaciones sociales y civiles. “Decir que esa asociación tiene que establecerse en un registro, por qué hay que obligar a estas personas a hacerlo. Por qué hay que obligar a las personas que ejercen un derecho de asociación por la vía que establecen los estándares internacionales. Es obligarlas a que vayan a un registro y tengan que pedirle permiso al gobierno para ayudar a otro. Decir que esas asociaciones no son tales y no son organizaciones no gubernamentales porque no se dedican al tema humanitario no es verdad”.
Ejemplificó lo expuesto: “Organizaciones como Convite que está en Tucupita, Táchira, Bolívar y en un montón de sitios ahora va a tener que pedir permiso para cada estado donde va a trabajar. Obviamente, mientras obtiene esos permisos es susceptible a que cualquier funcionario le diga: ‘Usted no puede pasar con estos medicamentos’. A partir de ahí la verdadera pregunta es: quiénes son los verdaderos afectado, los que dan la ayuda humanitaria o los que la reciben”.
Ante los ojos del Alto Comisionado
El pasado jueves 26 de enero, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, inició una visita de “solidaridad, diálogo y acción” en Venezuela, con una apretada agenda de encuentros tanto con representantes de la administración de Nicolás Maduro, como con familiares y víctimas; así como,con organizaciones no gubernamentales.
No obstante, esto no impidió que el oficialismo dejara ver sus costuras. Al inicio de la rueda de prensa de los representantes legales de las ONG se conoció que en la mañana de este viernes María Fernanda Rodríguez, defensora de derechos humanos e integrante de la asociación civil Sinergia, había sido detenida por efectivos policiales, después de haber participado el día anterior en la reunión que contó con la presencia Türk.
Aunque fue liberada unas horas después, esta detención se produjo ante los ojos del Alto Comisionado, quien tiene planificado permanecer en el país hasta mañana, sábado 28 de enero. Pese a lo sucedido, Andrea Santa Cruz, abogada de Civilis DDHH, consideró que la presencia Türk pudiera ser provechosa. “La opinión que nosotros tenemos de sus intervenciones es que fue receptivo a escuchar, plantea una posición de interés frente a todo lo que se ha comentado, destacando lo que corresponde a una sociedad civil fuerte y necesaria. Reiterando esa necesidad de rescatar un país con libertades y un futuro como el que todos los venezolanos desean”.
Santa Cruz rechazó la criminalización oficialista hacia la acción social: “Es inaceptable que existan actos de represalias para quienes participamos en las reuniones con el Alto Comisionado y hacemos trabajo de Naciones Unidas. En muchas oportunidades de las Naciones Unidas se ha hecho un llamado al Estado venezolano sobre este tema, pero es muy grave que justo en el marco de una visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos esta situación se esté desarrollando. Lo que estamos viendo es la muestra del cierre de espacios cívicos y en la medida en que haya una reacción conjunta y nos apoyen la comunidad internacional y los sistemas de protección, esperamos que se limite al Estado en sus acciones contra la sociedad civil en general”.
Próximas acciones
Para Daniels la lucha no se queda solo en la espera de ver los resultados de esta visita. “Si aquí hubiera un estado de derecho, lo lógico sería ir ante los órganos jurisdiccionales y si hubiesen tribunales imparciales y transparentes, obviamente esta ley no pasa del examen del título, pero como ese no es el caso, estamos haciendo la denuncia pública para informarles a los venezolanos que no se trata nada más de un tema que no nos va a afectar solo a nosotros, sino que va a afectar a los millones de venezolanos que están padeciendo una emergencia humanitaria compleja”.
Pidió a los países colaboradores que atiendan a la preocupación que esta situación les ocasiona. “Se ha notificado a relatores de las Naciones Unidas y a los órganos de protección internacional porque esto ponen en riesgo la ayuda humanitaria. La pregunta es: ¿qué van a hacer los donantes de esa ayuda humanitaria?. Es decir, los países que son donantes seguramente se preguntarán cómo se ejecutarán los proyectos relacionados a la ayuda humanitaria porque, aunque se hace en el marco de Naciones Unidas, la ejecución final de la mayoría es a través de organizaciones no gubernamentales”.
Para finalizar indicó esperan @que los países eleven sus voces y les explique, ahora, si nos llaman a la Asamblea Nacional no tenemos ningún problema de ir y explicarles esto, aunque hayan buscado algunas cosas en internet, éste también miente, porque la exposición de motivos hay cosas que son falsas como que las ONG las creó la carta de Naciones Unidas”.