El pasado 29 de enero se oficializó el otorgamiento de la licencia para la exploración y explotación de gas natural del campo Dragón por parte de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC, por sus siglas en inglés) y la transnacional Shell por un período de 30 años, recuerda el semanario Exclusivas Económicas.
La publicación señala que el artículo 6º de la resolución del Ministerio de Petróleo marca un punto de inflexión con respecto a lo que fue la postura que mantuvo este despacho porque ahora se acepta que la totalidad del gas sea para la exportación y solo se impone que 70% del volumen se destine a la planta de licuefacción de la empresa Atlantic LGN, que es una sociedad entre NGC, Shell y British Petroleum, mientras que el restante 30% se destinará al sector petroquímico.
Otro aspecto que muestra el referido artículo -indica el semanario- es con respecto al precio y eso también muestra una modificación en la postura de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) porque la empresa estatal ahora sí acepta regirse por condiciones de mercado. Eso también marca un viraje en las pretensiones de la filial PDVSA Gas, que era del criterio de imponer una tarifa mayor en buena medida para compensar los llamados “costos hundidos” en los que literalmente incurrió la empresa, incluyendo las pérdidas por la inmersión de la plataforma Aban Pearl en mayo de 2010.
El precio de venta del gas con destino a licuefacción “estará referenciado en una cesta de marcadores de precios internacionales” y en el caso del sector petroquímico acorde a las referencias de mercado del amoníaco y el metanol.
Con respecto a los pagos al Estado venezolano, la licencia establece una alícuota de 20% por concepto de regalía del gas seco producido, tal como lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y se eleva a 30% para hidrocarburos pesados contenidos en el gas, que mensualmente deberán enterarse ante el Ministerio de Petróleo. Además de las referidas tasas, se estableció una regalía de 5% adicional.
Otro aspecto que indica un cambio de 180 grados en la posición oficial tiene que ver con la forma de resolver controversias y se acepta la figura del arbitraje, pero no internacional sino en Venezuela y acorde a la Ley de Arbitraje Comercial que rige en el país, advierte Exclusivas Económicas.