La industria de la construcción tiene un lugar prioritario en la agenda de la administración de Nicolás Maduro para el crecimiento de la economía. Sin embargo, el sector presenta el obstáculo del sicariato y la acción de bandas delictivas que aseguran ser los representantes de los trabajadores, afirmaron fuentes que solicitaron guardar sus nombres en reserva.Por ello, las organizaciones sindicales oficialistas e independientes y los empresarios exigen al Ejecutivo que garantice la seguridad en el sector, asunto que plantearon en la última mesa de trabajo del Motor Construcción celebrada el miércoles en Caracas.
«En el sector casi no hay actividad por la recesión económica, pero en las pocas obras que se realizan irrumpen esos grupos violentos en actitud amenazante», contó el propietario de un bodegón en Caracas.
Un profesional narró en Puerto Ordaz, estado Bolívar, que contrató una persona para frisar y pintar la fachada de su casa. «De repente, se presentaron unos tipos diciendo que eran de un sindicato y que debía pagarles a ellos e inscribir al trabajador en su supuesta organización obrera», dijo.
Agregó que denunció el hecho ante las autoridades y, afortunadamente, «esa gente no volvió a molestar». En una zona industrial de Valencia, Carabobo, la colocación de un poco de cemento en la rampa de acceso a un galpón ocasionó otro incidente. «Estábamos poniendo el cemento con nuestro personal de la fábrica cuando llegaron personas -que se identificaron como sindicalistas y miembros del consejo comunal- para imponer el reparto de empleos», refirió un consultado.
Un constructor advirtió que “es un riesgo enorme porque te amenazan junto con el personal que contrataste por su conocimiento y experiencia y que no quiere saber nada de esos seudosindicalistas».
En la reunión del miércoles participaron representantes del alto gobierno -como los ministros del Trabajo y de Hábitat y Vivienda- las cámaras bolivariana y nacional de la construcción, las federaciones oficialistas e independientes de trabajadores y sindicatos afiliados y la Bolsa de Valores, entre otros.
Estadísticas alarmantes
Desde hace 22 años, Venezuela está en la mira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a los derechos humanos y laborales, entre ellos el derecho a la vida.
Trabajadores y dirigentes obreros han sido víctimas del sacariato y los grupos violentos que pretenden apoderarse de la repartición de los empleos y el cobro de vacunas en la industria de la construcción. Según Provea, organización venezolana de defensa de los derechos humanos, entre 2005 y 2011 fueron asesinados 273 sindicalistas y obreros de la construcción. Pero esa cifra hoy se acerca a 300 decesos con el asesinato en enero de 2022 de Angel José Espinosa, directivo del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar (Futseb).
En la Mesa de Trabajo del miércoles, el representante del Ministerio del Interior y Justicia informó que adelantan planes y acciones para garantizar la seguridad del personal, los equipos y los materiales en las obras.
«Lo más grave es la impunidad de los responsables de los hechos violentos y asesinatos», sostuvo un consultado. William Lizardo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, advirtió que «sin seguridad es muy difícil ejecutar los proyectos. Por ello, planteamos que los cuerpos de seguridad del Estado vigilen e impidan el ingreso de gente foránea a las obras».
El representante de Fetraconstruccion -quien en el pasado también fue objeto de un ataque del sicariato- insistió en que deben desaparecer la violencia y la incursión en las obras de las bandas hamponiles tanto en los grandes proyectos públicos, como en los trabajos pequeños de mejoras a la propiedad como pintar una casa o hacer remodelación.
El sindicalista recalcó la urgencia de reactivar el sector que registra la tasa de 90% de desempleo, con 1,08 millones de trabajadores desocupados. Otro punto importante de la reactivación del Motor Construcción son las multimillonarias inversiones requeridas y la imposibilidad de la banca nacional de otorgar créditos a las empresas constructoras. Lizardo destacó que una solución es formar asociaciones estratégicas entre el Estado y la empresa privada, además de la apertura a inversionistas extranjeros.