La condena a 16 años de prisión contra seis dirigentes obreros y sociales y la orden de jubilar anticipadamente a 400 educadores -ambas decisiones registradas el martes- evidencian una profundización del acoso laboral por parte de la administración de Nicolas Maduro, aseguraron fuentes sindicales.
Lo más grave de estas acciones, agregaron los consultados, es que estas acciones gubernamentales ocurren simultáneamente con las reuniones de las mesas de trabajo del Foro de Diálogo Social entre representantes del Ministerio del Trabajo, los empleadores y los trabajadores con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acordadas desde finales de 2022.
Marcela León, presidenta de Alianza Sindical Independiente -central sindical participante en las mesas de trabajo- alertó que «pareciera que el gobierno quiere salirse del diálogo impulsado por la OIT cuando toma decisiones que violentan derechos como la libertad sindical, la protesta y la huelga, la contratación colectiva y los salarios y pensiones dignos».
La representante de ASI refirió que ante la gravedad de la sentencia judicial del martes contra los seis dirigentes, la central sindical envió una comunicación con la queja al director general de la OIT, Gilbert Houngbo, «para que intervenga ante el gobierno venezolano y corregir esa situación».
Sostuvo que la sentencia penal del juez está viciada, pues tomó la decisión completamente fuera de la Ley al basarse en denuncias anónimas y testigos que nunca se presentaron en la audiencia.
Razia laboral
León recordó que desde inicios de 2023 se registran numerosas protestas de trabajadores activos, jubilados y pensionados en las calles de todo el país reclamando pensiones y salarios dignos entre otros derechos.
Sin embargo, el gobierno no ha respondido ni solucionado adecuadamente los reclamos de los trabajadores.
«Es alarmante la razia laboral que el gobierno está aplicando en la administración pública, fundamentalmente en dos segmentos tan importantes como son salud y educación, muy activos en las protestas. En Lara, el martes fueron jubilados de forma súbita 400 educadores de los cuales 40 son dirigentes sindicales», sostuvo León.
Insistió en que se trata de una nueva ola gubernamental de amenazas y amedrentamiento contra el movimiento sindical y los trabajadores a través de castigos ejemplarizantes como son la cárcel para los sindicalistas y las jubilaciones forzosas.
En este sentido, trabajadores y dirigentes sindicales, que solicitaron guardar sus nombres en reserva, señalaron que el Ministerio de Educación tiene la intención de aplicar numerosas jubilaciones express aprovechando el período de las vacaciones escolares.
«Esto agravará más el déficit de maestros en los planteles como consecuencia de la ida de Venezuela de muchos educadores a otros países buscando mejor calidad de vida, pero a la final los grandes perjudicados son los alumnos», expresó un consultado.
Por su parte, la Red Sindical Venezolana reportó que 20.000 trabajadores de la salud fueron jubilados de forma forzosa en un año.
Dichas jubilaciones no cumplen con el tiempo de servicio (25 años) ni las edades (45 años la mujer y 50 años el hombre) establecidos en la Ley.
Pablo Zambrano, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud, precisó que entre los jubilados forzosos hay dirigentes sindicales: 49 en lo que va del presente año y 100 en 2022.
Advirtió que con las jubilaciones, los hospitales y centros sanitarios públicos cuentan con menos personal cuya nómina ya está fuertemente impactada con la migración de profesionales y técnicos de la salud. «A la final los mas perjudicados son los pacientes», dijo.
Las organizaciones de trabajadores de las empresas básicas de Guayana (Sidor, Venalum y Ferrominera del Orinoco) y del Poder Judicial también han denunciado la persecución laboral y la ejecución de jubilaciones forzosas contra dirigentes sindicales y trabajadores.