La más reciente medida del gobierno cubano, que busca regular el precio de traslado que fijaban los taxistas independientes, ha generado malestar entre quienes se ganan la vida conduciendo. Aunque las restricciones a la libertad de expresión que existen en la isla les impiden protestar públicamente, han manifestado para HispanoPost su desacuerdo con una resolución que pudiera acarrearles cárcel e incluso la confiscación de sus vehículos.
Los choferes argumentan que deben adquirir los repuestos de sus automóviles en el mercado negro porque las proveedurías creadas por el Estado para abastecer a los transportistas no funcionan, razón por la que deben aumentar sus tarifas.
Los taxistas privados subieron los precios de 20 a 40 pesos en los tramos más largos y de 10 a 20 pesos en los más cortos, en varias de las rutas más populares en la capital como Lisa-Capitolio, Santiago de las Vegas-Parque de la Fraternidad o Virgen del Camino-Vedado.
El Consejo de la Administración Provincial de La Habana adoptó el acuerdo de no permitir el incremento de los precios a los pasajeros por los llamados «boteros», transportistas con licencia operativa que ejercen esta actividad, y solo admitir los precios referenciales que se venían cobrando.
A la instauración de los precios fijos se ha sumado la habilitación del número telefónico 18820 para que los clientes denuncien a los boteros que aumenten el precio de los pasajes.
