Tenedores del bono PDVSA 2020 temen intimidación del gobierno interino

El bufete de abogados que representa a un grupo de tenedores de los bonos de PDVSA 2020, envió en el mes de enero una comunicación a la jueza Katherine Polk Failla, en la que alertan que personas ligadas a la administración del presidente Interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estarían buscando “intimidar” a testigos expertos que se encuentran trabajando en el caso y, además, tener acceso a información confidencial que pondría en riesgo la seguridad de sus clientes. 

Los tenedores demandan ante una corte de Estados Unidos la legitimidad de los bonos PDVSA 2020, debido a que la Asamblea Nacional asegura que dicha deuda fue emitida sin la debida autorización del Parlamento y, por tal motivo, la República de Venezuela no está en la obligación de cumplir con las condiciones de dichos bonos.  

HispanoPost tuvo acceso a la referida comunicación, en la que los abogados advierten que desde la Procuraduría Especial de la República, dirigida en ese momento por el abogado José Ignacio Hernández, se “habría emitido declaraciones públicas indebidas por parte de representantes de Guaidó sobre los peritos que se encuentran en Venezuela”. 

“Entre el 16 y 20 de enero de 2020, el señor Hernández y representantes de la administración Guaidó realizaron una serie de declaraciones públicas condenando a cualquier experto en Venezuela que podrían testificar en contra de los acusados. Estas declaraciones incluyen afirmaciones tales como: los peritos tendrían que argumentar en contra de lo ordenado por la Constitución de nuestro país, tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro, y lo estarían haciendo ante la comunidad jurídica venezolana y la nación venezolana. Otra declaración afirmaba que la administración Guaidó presionaría su posición en el litigio a toda costa y por todos los medios», puntualiza la comunicación. 

Igualmente, la misiva advierte que algunos funcionarios del gobierno interino podrían divulgar información altamente confidencial, lo que sin duda pondría en riesgo no solo la seguridad de sus clientes, sino que entorpecería el proceso penal. 

“Los acusados también buscan la asistencia del tribunal para tener acceso a materiales altamente confidenciales; sin embargo, creemos que a estos individuos, que no son abogados de registro ni abogados de EE.UU., y que tienen múltiples negocios y roles políticos, no se les debería proporcionar acceso a materiales altamente confidenciales, ya que podrían divulgar información que puede ser altamente sensible a la competencia. Aunque los demandantes han afirmado que la solicitud solo juega un papel integral en la toma de decisiones, la orden de protección sobre esta información confidencial no impediría que los abogados de los demandantes brinden asesoramiento legal en el caso”, argumentan los abogados de los tenedores. 

El pasado lunes 3 de agosto, la jueza del Distrito Sur de las Cortes de Nueva York, Katherine Polk Failla, negó la petición hecha por la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela y de la Procuraduría Especial designada por la Asamblea Nacional de revelar la identidad del testigo experto, que emitió una opinión referida a la presunta legalidad que tendrían estos títulos.

“El tribunal considera que hay riesgo y pruebas suficientes de daño potencial al experto de los demandados y que la protección de la identidad está garantizada, en consecuencia, la moción del demandante para obligar a la divulgación se deniega”, sentenció Polk Failla.

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