Esto articulo fue publicado originalmente en Responsible Statecraft
Las próximas semanas serán fundamentales para determinar cómo será la participación de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El plazo de cinco días para el registro de candidatos se abrió el jueves. Pero la oposición venezolana enfrenta una arremetida de esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para hostigar y descalificar a sus contrincantes.
En enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, reafirmó la inhabilitación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, a base de una serie de acusaciones espurias.
Todo indica que esta semana hubo conversaciones serias sobre el nombramiento de un candidato sustituto para Machado. Sin embargo, el miércoles se emitió una orden de arresto contra la sustituta más probable, su jefa de campaña, Magalli Meda. Varios miembros del equipo de Machado también fueron arrestados y llevados acusados de formar parte de una conspiración.
Mientras tanto, el CNE también ha anulado el registro de varios partidos de oposición, dejando hasta ahora solo a dos de la coalición dominante.
La oposición venezolana enfrenta varios desafíos complejos al tratar de canalizar la energía y el entusiasmo expresados a favor de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición en octubre pasado hacia las elecciones generales de julio. El gobierno de los E.E.U.U. debe alentar la participación de la oposición y priorizar el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación.
Machado es un activista y político de línea dura desde hace mucho tiempo que durante años ha estado a las márgenes de la coalición opositora dominante al exigir una intervención extranjera, sugiriendo que no era posible celebrar elecciones con el presidente Nicolás Maduro en el poder e insistiendo en que el diálogo con el régimen era una farsa. Pero su popularidad se disparó durante el año pasado cuando se lanzó de cabeza al proceso de primarias e incluso abrazó el proceso de negociación mediado por Noruega entre el gobierno de Maduro y la coalición opositora que se ha estado llevando a cabo de forma intermitente desde 2019.
La participación ciudadana en las primarias de la oposición en octubre superó todas las expectativas y le dio más del 90% de apoyo entre una población desesperada por un cambio. Esto la ha convertido esencialmente en la candidata de la oposición y le ha dado una voz predominante en la coalición.
Sin embargo, encuestas recientes muestran que la mayoría de los venezolanos apoyaría a otro candidato unificado de la oposición. Esto contradice el mensaje que ella y sus asesores han estado propagando, de que ella es la única candidata viable, y explica por qué, en las últimas semanas, se ha dedicado a atacar a encuestadores y analistas.
En un artículo reciente, un colega y yo sugerimos que, a pesar de una década de esfuerzos para contrarrestar el deslizamiento autoritario de Nicolás Maduro, la capacidad del gobierno de Estados Unidos para impactar al gobierno de Maduro es bastante limitada. Bajo tres presidentes de Estados Unidos, los esfuerzos han variado desde la diplomacia hasta los intentos de cambio de régimen.
Sin embargo, durante ese tiempo, el gobierno de Maduro se ha convertido en un Estado autoritario al que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acusado no solo de censura de los medios de comunicación y acoso a los políticos de la oposición, sino también de desapariciones forzadas y tortura.
Sin embargo, Washington sí tiene influencia importante con la oposición venezolana. Consciente de esto, el gobierno de los Estados Unidos tiene que ser absolutamente consecuente en que un boicot electoral no es su camino preferido. El pueblo venezolano lo tiene claro, al igual que la mayoría de la oposición, y los funcionarios de Biden también parecen haber escuchado ese mensaje. Sin embargo, en varias ocasiones en el pasado, la oposición ha caido en la división y disfunción cuando soluciones consensuados parecían alcanzables, con líderes que prefieren jalar por su lado o promover la abstención en lugar de dejar que un líder rival termina dominando.
Esta posibilidad no debe subestimarse también este año. Si bien boicotear una elección que no cumple con los estándares internacionales puede sentir moralmente y emocionalmente satisfactorio, la investigación es bastante clara en cuanto la participación en una elección injusta es más efectiva que la abstención. La aprobación tácita de Estados Unidos a los boicots pasados no debería repetirse esta vez.
Machado ha insistido en postularse a pesar de su descalificación y ha adoptado una línea dura contra la sustitución de candidatos para maximizar la presión sobre el régimen. Su lógica es que el régimen cederá a la presión y levantará su prohibición y le permitirá aparecer en la boleta electoral. Esta posición ha sido escuchada y repetida en Washington, especialmente en el Capitolio por legisladores republicanos e incluso por algunos demócratas para quienes la línea dura de Machado puede resonar en sus distritos.
Pero existe un claro peligro de que Machado dé un giro y apoye a un candidato sustituto, y los legisladores en Washington no apoyen tal medida, complicando así la participación de la oposición en las elecciones. En el pasado, la inercia del gobierno de Estados Unidos ha arrastrado a una oposición que estaba dispuesta a tomar nuevos caminos. Este tipo de memoria muscular debe evitarse esta vez.
Si Machado da un giro, hay una serie de razones por las que la táctica aún podría fracasar, desde la disfunción de la oposición, hasta que el régimen de Maduro sencillamente descalifica o encarcela al candidato sustituto, o complica el proceso de registro. Si esto sucede y surge un nuevo candidato de la oposición que tiene el potencial de unificar al electorado descontento de Venezuela incluso sin la bendición de Machado, se debe permitir que ese proceso continúe sin interferencia de Washington.
Esta elección se trata del sufrido pueblo venezolano. Es importante darse cuenta de que el apoyo popular a Machado se basa en gran medida en que ella es percibida como alguien que puede generar un cambio en términos de llevarlos a un futuro post-Maduro. Muchos de los que la apoyan no apoyan sus políticas en temas importantes como las sanciones, la intervención extranjera y la privatización de la compañía petrolera estatal. Por lo tanto, es totalmente posible que haya un rápido cambio de apoyo público a otro candidato con posiciones políticas muy diferentes. Está bien que los legisladores estadounidenses tengan políticos y aliados extranjeros favoritos, pero no se debe permitir que estas relaciones interfieran con los intentos de los venezolanos de tomar nuevas direcciones para unificarse contra Maduro.
Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses deben prepararse para la probabilidad de que las elecciones no sean competitivas. Cualquier evento electoral verdaderamente libre y justo conduciría a la derrota de Maduro y sus aliados. Tienen mucho que perder y harán lo que puedan para evitar ese resultado.
Sin embargo, siempre vale la pena obligar a un gobierno autoritario juegue el juego electoral porque puede cometer errores, y un resultado electoral sorprendente puede generar una cascada de eventos que conduzca a una transición a pesar de los esfuerzos del gobierno de turno.
Al mismo tiempo, todos deben tener claro que el régimen de Maduro controla todas las instituciones del gobierno, así como las fuerzas armadas y la industria petrolera. El resultado más probable es que mantengan el poder con la única duda real siendo de que tan poco elegante es su proceder.
El gobierno de los E.E.U.U. debe planificar con anticipación que hará en este escenario. Como resultado de los Acuerdos de Barbados de octubre pasado que establecieron el camino para una elección democrática, la Administración Biden emitió licencias que efectivamente suspendieron durante seis meses, las sanciones estadounidenses más importantes sobre la economía venezolana, es decir, sobre el petróleo y el gas. Esas licencias se revisarán a mediados de abril, y volver a imponer sanciones sería un error.
Las sanciones económicas a Venezuela han tenido un alto costo humanitario, empobreciendo a la población e impactando significativamente en la emigración. Y dado que afectan más a la población que al gobierno, en realidad han fortalecido el poder del régimen sobre la población. Deben mantenerse las sanciones selectivas contra individuos. Tampoco han demostrado ser muy eficaces, pero sí proporcionan un nivel de estigmatización internacional para las personas que han violado los derechos de otros. Si se aplican y supervisan adecuadamente, pueden dar un impulso útil a la reforma y la democratización.
Lo más importante que puede hacer el gobierno de Estados Unidos a largo plazo es apoyar firmemente la profundización y extensión del diálogo y la negociación dentro de Venezuela. Solo cuando la forma del conflicto y la naturaleza del juego cambien, el chavismo estará dispuesto a dejar ir el poder. Los procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social son la única forma en que los conflictos insolubles pueden convertirse en otra cosa.
El esfuerzo que han dirigido los diplomáticos noruegos está bien concebido y se ha llevado a cabo con experticia. Pero para tener éxito, necesita más apoyo internacional, y especialmente de Estados Unidos.
*David Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, EEUU.