Antonio Ecarri, candidato a la presidencia de la República, alertó -la mañana de este miércoles- que producto de las acciones de lo que citó como una clase política tóxica y maligna, hoy embargan a la República y venden en subasta las acciones de su activo más importante en el extranjero: Citgo Pretoleum.
Calificando esto como un gravísimo precedente, el abanderado de la oposición independiente precisó que mientras la MUD y el PSUV se reparten las responsabilidades sobre este embargo, hay una sola víctima: El pueblo venezolano.
Asimismo, Ecarri refirió que el país ahora verá un torneo de culpas en donde el PSUV responsabilizará a la MUD y viceversa. En este sentido, aclaró que para la fuerza independiente que representa, ambos polos políticos son culpables.
«Acreedores internacionales de Venezuela son empresas que fueron víctimas del atropello de las expropiaciones durante el Gobierno de Hugo Chávez (…) Es insólito que por quienes votamos en el año 2015, para que fueran una referencia de diferencia con el PSUV, actúen peor que el mismo PSUV», cuestionó.
En el mismo orden de ideas, explicó que abogados de demandantes de la República, como el caso José Ignacio Hernández, formaban parte del equipo de técnicos especializados de Owen illinois, y luego como procurador incurrieron en Alter ego para inculpar a la República. «¡Que cochinada!», refutó.
El dirigente político, quien recientemente envió una carta al presidente de la Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo detener la subasta de Citgo, le reiteró su llamado al jefe de Estado norteamericano.
«Presidente Biden, ¿Cuál es el apuro de embargar a Venezuela? En enero de 2025 vamos a tener un nuevo Gobierno y nosotros tenemos toda la disposición de reconocer, no solamente, todas las deudas de la República, sino tenemos el compromiso y la seriedad, que Venezuela va a afrontar estas deudas y pagarlas ¡Tenemos con qué pagarlas!», dijo.
Llamado a la comunidad internacional
Ante la gravedad de estos hechos, en la misma rueda de prensa hizo un importante exhorto a los gobiernos de Brasil, México y Colombia para que intervengan frente la amenaza latente contra los bienes de una nación latinoamericana.