Desde el año 2015 el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y empresas del Estado, como Petróleos de Venezuela.
Las medidas han generado un gran debate dentro de la opinión pública nacional e internacional, sobre si realmente debilitan al proceso político que comenzó Hugo Chávez en 1999 o, en cambio, es el pueblo venezolano quien sufre a mayor escala las consecuencias.
Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, es importante separar las sanciones en individuales y generales. Las individuales tienen un impacto político, meten presión a los individuos para negociar el cambio en el gobierno o de gobierno, explica.
Agrega que suelen ser más efectivas porque generan inquietudes al buscar la fractura en la élite dominante, pero no quiere decir que resuelve el problema.
Con respecto a las sanciones generales, considera que no tienen incidencia en el gobierno sino en la economía y la vida del país. Es como si estuvieras disparando en medio de una marcha y piensas que la bala solo va a tocar a los adversarios y no a los de tu bando.
Asegura que el peor impacto es para la gente y le das más poder al gobierno porque lo conviertes en el único que puede repartir, lo fortaleces en su capacidad de control social.
Destacó ejemplos históricos de países sancionados como Rusia, Cuba, Irán, Siria, Sudáfrica o Zimbawe donde las restricciones en transacciones económicas no desembocaron en un cambio de gobierno. Las sanciones generales son decepcionantes en término de su capacidad para lograr cambios, sentenció León.
El más reciente estudio de Datanálisis reflejó que mientras 64% de la población está de acuerdo con las sanciones personales contra funcionarios del gobierno, solo 16% cree que las sanciones generales, económicas y financieras ayudan a resolver la crisis política y económica del país.
El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, coincide con León en que las sanciones individuales son más efectivas que las generales, pero subrayó que todas debilitan al gobierno y restringen su capacidad de maniobra.
Sin lugar a dudas ambas afectan al gobierno en su posibilidad de vender petróleo y manejar recursos. Merman la capacidad de mantener el aparato del gobierno aceitado.
Seijas considera que todas las sanciones contribuyen para la posibilidad de un cambio político porque generan presión en el poder. Sin embargo, admitió que tienen su parte negativa, apartando lo político, porque agrava la situación de muchos venezolanos y sirve de excusa al gobierno y le saca partido.
El gobierno quiere venderlo como que la crisis que se está viviendo es debido a eso y sabemos que no es así. Afectan al gobierno en su autonomía y aparato para mantener la fidelidad y entrega de dádivas como los CLAP resaltó.
Con respecto a la visita de Michelle Bachelet y la posibilidad de un exhorto al levantamiento de sanciones internacionales, Seijas dice que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU debe saber separar entre las individualidades y generales.
Descarta que Bachelet se meta en aguas profundas sobre las medidas contra funcionarios específicos por las características de su cargo y la actuación de organismos internacionales en ese particular.
Estudios cualitativos realizados por Delphos reflejan que clases con bajo poder adquisitivo no manejan el término de sanciones, sino que lo denominan bloqueo. Las clases más necesitadas le compran el discurso al gobierno, mientras que otras saben que las sanciones no son la razón de la crisis.
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