Entre jueves y viernes se está reuniendo nuevamente el Foro de Diálogo Social impulsado por la Organización Internacional del Trabajo para tratar los compromisos adquiridos por el gobierno de Nicolás Maduro con la Comisión de Encuesta de la OIT.
Dichos compromisos están contenidos en el informe de la Comisión de septiembre de 2019, luego de su visita a Venezuela en la que comprobó in situ el irrespeto gubernamental a los convenios 26, 87 y 144 de la OIT sobre salario mínimo, libertad sindical y consulta tripartita, respectivamente.
Ante el poco avance de las correcciones que debe realizar el gobierno de acuerdo con las recomendaciones del informe de la instancia de la OIT, los representantes de las centrales obreras que participan en el foro emitieron una declaración conjunta.
En este documento, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Central General de Trabajadores y Alianza Sindical Independiente instan -con carácter de urgencia- al gobierno a no dar más dilación al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión de Encuesta de la OIT.
Los otros integrantes del foro -que cuenta con el apoyo técnico de la OIT- son el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Fedecámaras y Fedeindustria.
Protestas por el salario
En 2023, se registraron en el país unas 5.000 protestas de trabajadores y adultos mayores exigiendo pensión y salario dignos y suficientes.
El sueldo mínimo -al cual están alineadas las pensiones y jubilaciones- se ubica actualmente en 130 bolívares (3,6 dólares) mensuales.
Maduro ha mantenido congelado el salario mínimo desde hace dos años y en su lugar ha profundizado la aplicación de los bonos sin incidencia salarial.
Al respecto, Jakeline Richter, profesora de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela, sostuvo que el gobierno incumple el principio constitucional y de la Ley Orgánica del Trabajo de que los bonos tienen carácter salarial.
Con esta práctica, explicó la catedrática de la UCV, los patronos Estado y sector privado están incurriendo en un «fraude laboral».
Otra materia pendiente es la fijación del salario mínimo que el gobierno debe realizar periódicamente de acuerdo con el convenio 26.
En las redes sociales, circula la noticia de que el gobierno prevé aumentar el sueldo mínimo a partir del primero de mayo.
Mientras tanto, Maduro anunció ajustes al bono de guerra y el ticket alimentación desde el primero de febrero.
Richter destacó que el gobierno se ha mantenido inflexible en materia salarial dentro de las reuniones del Foro de Diálogo Social.
En la cita del primero y dos de febrero, las partes deberían aprobar la metodología para fijar el sueldo mínimo.
Un avance importante, según Richter, sería que el gobierno aumente el salario mínimo acorde con el costo de alguna de las canastas alimentarias -como Cenda, Cedice y las cestas Petare y Maracaibo- cuyos valores van de 200 a 400 dólares en un mes.
En las manifestaciones de calle, los sindicatos, trabajadores y pensionados reclaman un salario mínimo acorde con el artículo 91 de la Constitución que establece un ingreso vital alineado con el costo de la canasta básica que incluye alimentos, bienes y servicios.
La abogada señaló el inconveniente de la falta de estadísticas oficiales confiables, pues el gobierno da números irreales.
Un ejemplo de lo anterior es que, según el oficialismo, el índice de pobreza estructural es de 4% muy lejos del 53,3% de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
No a los antecedentes penales
Otra materia pendiente del gobierno con la OIT es su reiterado irrespeto al convenio 87 sobre libertad sindical, especialmente en tratar como delincuentes a los sindicalistas y trabajadores que reclaman derechos humanos laborales y democráticos.
El más reciente atropello, recordó Richter, es la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), hecho ocurrido en Barinas a mediados de enero.
Esta práctica del chavismo-madurismo, alertó la profesora de la UCV, busca silenciar la lucha y defensa de los trabajadores por sus derechos a través de la persecución, amedrentamiento y detención de dirigentes sindicales y trabajadores, de los cuales media docena están encarcelados y otro centenar bajo régimen de presentación judicial.
«Lo injusto es que cuando estas personas salen en libertad o cumplieron su condena se les sigue tratando como delincuentes porque conservan el estigma de tener antecedentes penales», insistió Richter.
Otra exigencia del movimiento sindical es que se elimine la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones internas de las organizaciones sindicales y gremiales, ya que esto contraviene el convenio 87.