En septiembre de 2020, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista autorizó la asociación de los estudiantes a través de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Con esta normativa se les permite a los alumnos inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, aunque estos trámites deben ser realizados únicamente por personas mayores de 18 años de edad. Recientemente, se le hizo una modificación al texto, lo que ha provocado una polémica entre docentes y padres y representantes y voceros de la administración de Nicolás Maduro.
Para Carlos Calatrava Piñerúa, director de la escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), esta legislación lo que pretende es “la definición, organización y puesta en práctica de mecanismos de participación ciudadana de los estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y media en el contexto de sus centros escolares. Se entiende que es una forma de poner en ejercicio el modelo de democracia participativa, previsto en la Constitución vigente desde 1999. El mecanismo para poderlo cumplir está centrado en la figura de los consejos estudiantiles”.
Explicó que los consejos estudiantiles nacerían de la elección que harían los propios alumnos «en ámbitos recreativo, deportivo, de esparcimiento y cualquier otro que esté asociado a su desarrollo humano integral”.
En tanto, Nancy Hernández de Martín, miembro del consejo directivo de Fenasopadres, desconfía de lo expuesto en el nuevo texto: “Hasta ahora no ha sido publicada en su totalidad esta Ley recién sancionada por la Asamblea Nacional. Tenemos que esperar a que se dé el ‘ejecútese’ desde el Ejecutivo para poder saber cuál es la versión oficial de esta Ley. Sin embargo, desde el año 2022 tenemos las versiones preliminares que fueron aprobadas en primera discusión y ahora esta segunda versión que nos aparece enviada por algunos diputados, que no expresa la exposición de motivos que nos dirá la intencionalidad real de esta Ley”.
Hernández añadió que como suele pasar con las directrices de la administración de Nicolás Maduro esta Ley busca el pensamiento único. “En esta ley se establece no solo los tipos de organización de los estudiantes, sino los fines de esa organización. Para qué van a participar los estudiantes, cómo, cuándo y dónde van a participar y cómo van a elegir a sus representantes. El Estado dicta norma y cercena el derecho a la libre participación y asociación mediante esta Ley. También incluye la imposición del pensamiento único, que han utilizado durante más de dos décadas por diferentes vías”.
¿Estudiantes enseñando a estudiantes?
Una de las interpretaciones que ha generado más polémica en torno a esta Ley es la posibilidad de que sean los estudiantes de años mayores los que ocupen las vacantes de docentes; no obstante, tanto Calatrava como Hernández desmintieron esto. “No es cierto. En ninguno de los artículos de la Ley queda explícita, taxativa y literalmente establecido tal cuestión. Entiendo que esto es parte de una campaña de desinformación en el contexto propio de la protesta nacional de magisterio, que ya tiene más de un mes en desarrollo”, dijo Calatrava.
Por su parte Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, considera que esta suposición pueda responder a la ausencia de docentes en las escuelas, debido a las protestas que se han desarrollado y donde los maestro exigen mejores remuneraciones salariales: “Desde el 9 de enero de este 2023, los docentes no han regresado a las aulas de clases por la burla del Estado venezolano al mantener una discusión del contrato colectivo desde febrero de 2022 hasta diciembre, donde únicamente se aprobaron 17 cláusulas y ninguna con incidencias económicas. Debe ser por esta razón que esto como se toma como una posibilidad”.
Aseveró que “en muchos estados los padres y representantes se han negado a que los estudiantes y Chamba Juvenil les den clases a sus hijos. La Ley de educación y la Constitución establecen el perfil que debe tener un docente, por lo que incorporar a un bachiller a dar clases va en contra de lo que establece la Carta Magna”.
Influencia de la ley
Calatrava dijo que si la Ley se mantiene tal y como fue presentada no tendría mayor influencia en la educación venezolana. “Tal como está escrita no influye absolutamente en nada porque el instrumento es profundamente consignatario. Es decir, está lleno de consignas vacías sin desarrollo conceptual, doctrinario y normativo alguno, por lo que lo que pueda ocurrir será poco o nada. Más bien lo doloroso es reconocer que tampoco aporta nada para el mejoramiento de la calidad de la educación, ni en la puesta en práctica de los cambios que urgentemente requiere el sistema educativo”.
Sin embargo, para Hernández “esta ley no solamente afecta a la educación, en el sentido de no prestar atención a los problemas cardinales de la escuela venezolana, como son su calidad y las condiciones, en las cuales se da el acto educativo. Esto, va más allá. Esta Ley se enmarca dentro de lo que ha sido y sigue siendo una política de Estado para restringir cada vez más el espacio cívico”.
Una nueva ley
Al preguntarles si consideran que debe crearse una nueva ley de educación y qué debería establecer, Machado reforzó la idea de buscar mejorar a las condiciones salariales de los docentes; así como las de los planteles educativos, con el fin único de que la educación sea impartida de forma más eficaz y eficiente en Venezuela.
Para Calatrava, mientras la normativa siga “tal como está redactada poco o nada se puede exigir. Uno de los pocos puntos a su favor es que su contenido está vinculado con la formación permanente de la ciudadana, dentro del modelo de república establecido en la Constitución. Más allá de eso, poco o nada tiene de provecho pedagógico, es decir, educativamente útil”.
Finalmente, Hernández sugiere que se evalúen las consecuencias y costos de crear una nueva ley. “Una nueva ley de educación tiene que ser precedida de una profunda reforma de la educación venezolana. A qué perfil debe responder la escuela y la universidad venezolana, cómo debe garantizarse la enseñanza, porque toda ley genera costos. Pasa porque confluyan las voluntades que tienen que ver con la educación, la academia y todos aquellos que son afectados por la educación en Venezuela”.