Mediante un comunicado público, el Foro Penal Venezolano se pronunció ante la actualización realizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del informe emitido el pasado mes de junio sobre la situación de Venezuela.
Celebramos que se haya dado continuidad a la evaluación sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, y especialmente que se hayan tomado en cuenta las diferentes observaciones que, desde diferentes organizaciones no gubernamentales, se han formulado a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU sobre las graves violaciones a los DDHH que, incluso después de la presentación del informe original en fecha 5 de julio de 2019, se han seguido materializando en Venezuela. En tal sentido, compartimos lo que la Alta Comisionada de Derechos Humanos señaló en su actualización oral del 9 de septiembre de 2019, al indicar que la crítica situación de derechos humanos en Venezuela sigue impactando a millones de personas, advierten
Precisan que la Alta Comisionada de Derechos Humanos admite que el equipo de su oficina que debía mantenerse en Venezuela desde su visita al país, se ha logrado restablecer en Venezuela, reconociendo que hubo una interrupción de ese compromiso.
Esperemos exista una verdadera voluntad de avanzar en este sentido por parte del régimen venezolano y que permitan el acceso efectivo a las cárceles donde se encuentran presos políticos, tales como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta Norte, el lugar conocido como «El Inframundo» ubicado en la estación policial de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7 en Boleíta; el Helicoide; La Tumba, entre otros, y que no se limiten a visitas dirigidas de cárceles escogidas por el gobierno, como hasta ahora ha ocurrido. Instamos igualmente a que se permita el acceso a los representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a las audiencias en tribunales de detenidos y presos políticos y que conozcan de propia mano el estado de retraso dramático de los procesos judiciales, en los que se mantiene encarceladas a personas por años sin sentencia definitiva y sin derecho a la defensa, e incluso con boletas de excarcelación que no se ejecutan, advierten
El Foro Penal destaca también que el uso de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público y de los órganos de administración de justicia como armas para la intolerancia y la persecución política no ha cesado. Este año 2019 sigue siendo el año con mayor número promedio de presos políticos registrado hasta ahora y se caracteriza por la continuidad de las agresiones, malos tratos y torturas de éstos. Ciertamente se han producido excarcelaciones, pero en todos los casos, las excarcelaciones que se han materializado no constituyen libertades plenas, sino excarcelaciones bajo medidas cautelares que mantienen a sus destinatarios sujetos a procesos penales arbitrarios y a medidas que restringen, de manera igualmente arbitraria, su libertad.
Informaron además que, desde la presentación del informe original de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, se produjeron 12 nuevos arrestos arbitrarios, de los cuales 2 personas quedaron formalmente privadas de libertad.
Desde esa fecha, en total, se han producido un total de 89 excarcelaciones. De estas personas excarceladas, 74 quedaron sujetas a medidas cautelares, 5 fueron excarceladas después de haber sido forzadas a admitir los hechos, 5 fueron liberados sin haber sido judicializados (sin haber sido presentados) y 5 quedaron en libertad plena. Hoy registramos en el FORO PENAL un total de 478 presos políticos, mientras que 8906 personas siguen sujetas a procesos penales injustos y arbitrarios bajo medidas cautelares que restringen su libertad. Desde 2017, 848 civiles, detenidos políticos, han sido presentados ante fiscales y tribunales militares, situación inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos que se mantiene, insisten.
Rechazan además la negativa a prestar asistencia médica de calidad y efectiva a los presos políticos persiste, al menos 22 presos políticos recluidos en la prisión militar de Ramo Verde (entre ellos varios civiles, juzgados arbitrariamente ante la jurisdicción militar) reportan que no han recibido la asistencia médica que necesitan. Esta situación se repite en los casos de los presos políticos recluidos en otras instituciones.
La impunidad sigue siendo la regla en materia de violaciones graves a los DDHH. En algunos casos (por ejemplo, en los casos de Fernando Albán y del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo) a algunos de los responsables de las mismas se les ha sometido a proceso penal, sin tomar en cuenta a los responsables de tales hechos que también podrían estar involucrados en los mismos por ser parte de la cadena de mando a cargo de la custodia de las víctimas en estos casos, y siempre tergiversando la realidad, atribuyéndole a los sospechosos calificaciones jurídicas que identifican sus actos con delitos comunes, que no con graves violaciones a los DDHH, todo en procura de su impunidad y para evitar la declaratoria de la responsabilidad del Estado, sostiene el Foro Penal Venezolano.
Finalmente, indican que tal y como lo destaca la actualización del informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la persecución y hostigamiento contra las diferentes ONG que se ocupan de los temas de DDHH en Venezuela no ha cesado.
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