Este miércoles, la ONG Espacio Público presentó los resultados de su más reciente estudio dirigido principalmente a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores y activistas de los derechos humanos, sobre su accesibilidad a la información pública y la posibilidad de haber sido bloqueados por las autoridades.
El estudio que fue aplicado en el mes de abril del corriente año, determinó que “las redes sociales virtuales constituyen hoy uno de los ejes más importantes del debate público”, explica el informe que esto se debe a que estas plataformas facilitan el intercambio de información e ideas.
Como se sabe, en múltiples ocasiones las redes sociales han sido empleadas por los usuarios para denunciar irregularidades, debatir, buscar soluciones a los problemas sociales, criticar las decisiones, acuerdos o acciones estatales, por considerarlas injustas o ilícitas.
Asimismo, las redes sociales también funcionan como herramientas de apoyo para los periodistas, activistas y ciudadanía en general, pues a través de las comunidades que se crean en cada una de las redes se puede interactuar, compartir y divulgar ideas y opiniones, preguntar o criticar de forma directa a las autoridades.
Tal como lo indica Espacio Público muchas veces el poder adquirido por las redes sociales, en el intercambio de información e interacción de las comunidades, está relacionado a “serias restricciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública en línea”.
Bloque fiscal
Espacio Público documentó que a raíz del año 2011, “los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos destacaban el carácter transformador de internet por incrementar significativamente la capacidad de millones de personas de acceder a información”, esta oportunidad brindada por los medios digitales fomenta el pluralismo, la divulgación de información, la participación pública y otros derechos humanos, influyendo de tal forma en la opinión pública, incluso en los procesos electorales o sociales, como las protestas masivas.
En tanto, que siendo Twitter una empresa privada, aunque no guarda obligación con los Estado, es responsable de que sus acciones o actividades no provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. “En este sentido, el diseño y la gestión de las plataformas digitales deben velar por promover políticas transparentes a fin de evitar la violación de derechos humanos o colaborar con su vulneración”.
En estos momentos, Twitter es considerado como una fuente de información pública, dado el uso que le han dado las instituciones públicas y sus funcionarios en todos los niveles, siendo usado con regularidad para dar a conocer pronunciamientos oficiales o comunicados de gobiernos y autoridades, y “es citada ampliamente por medios de comunicación como fuentes legítimas de información de interés público”.
Esto provoca que tanto las instituciones, como sus funcionarios estén obligados a garantizar la posibilidad de buscar, recibir y difundir información, a través de cualquier mecanismo de comunicación que usen para dar a conocer asuntos de interés público, sea formal o informal, lo que incluye Twitter. No obstante, también existen quienes realizan bloqueos selectivos, impidiéndole a este ciudadano o medio el acceso a la información, lo que constituye una violación del derecho a la información.
De tal forma que, una vez realizado el cuestionario de Espacio Público a los periodistas, trabajadores de medios, defensores y activistas de derechos humanos en Venezuela, se reconoció que una de las autoridades públicas que cuenta con un mayor número de personas bloqueadas en su cuenta de Twitter es Tarek William Saab, quien ostenta el cargo de fiscal general de la República, designado por Nicolás Maduro.
“En abril de 2022 realizamos una consulta en línea para identificar casos de bloqueo en Twitter por parte de funcionarios públicos en el ecosistema digital venezolano. De las 32 respuestas de propietarios/ as de cuentas, se identificaron un total de 46 bloqueos, ya que hay casos de bloqueos múltiples, es decir, por parte de varios funcionarios hacia una misma cuenta. El 50% de las cuentas afectadas pertenecen a periodistas, seguidos de personas defensoras de derechos humanos y activistas, así como organizaciones de la sociedad civil, sumando un 49%”,detalla el informe.
Asimismo, continúa Espacio Público explicando su hallazgo: “El mayor victimario es Tarek William Saab, quien desde 2017 ejerce como fiscal general tras ser designado por la asamblea nacional constituyente. Se identificaron 27 cuentas bloqueadas por parte del funcionario, lo que representa el 58% del total de las cuentas identificadas. Le sigue el diputado Diosdado Cabello, con siete cuentas (15%) bloqueadas; Nicolás Maduro, presidente en funciones con cinco cuentas (10%); el alcalde Elias Sayegh con un 3%”.
Aumento de la restricción
También, Espacio Público documento que la restricción del acceso a la información pública se ha incrementado desde el año 2009: “se observan restricciones a la libre expresión en internet, pero fue en 2014 el primer año que registró una escalada en la cantidad de personas detenidas por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno oficialista, año que coincidió con un contexto de alta conflictividad social y política”.
Se explica que muchas de las personas detenidas durante este período, fue motivado a que expresaron sus opiniones sobre temas políticos y a la crisis nacional en sus diferentes tópicos; así como, también, relacionadas a predicciones astrológicas, difusión de información pública, o casos de corrupción.
Esta situación, a juicio de la ONG, explica, también, porque los funcionarios públicos prefieren bloquear a los usuarios que expresan sus quejas, críticas o ideas adversas a través de las redes sociales. “Este contexto sugiere que para evitar el cuestionamiento mediático, algunos funcionarios públicos en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas en Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones, como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia”.
Esta actitud adoptada por los funcionarios limita el debate público, intercambio y participación de la comunidad “práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos”, detalla el informe. Agrega: “A medida que avanza el desarrollo y los usos de internet, surgen desafíos normativos en vista de las condiciones específicas de las dinámicas digitales; sin embargo, los principios de promoción y defensa de la libertad de expresión deben enmarcar y atravesar, en cuanto a forma y fondo, cualquier propuesta de regulación”.
Se indica, además, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 19, garantiza el derecho a las personas a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Asimismo, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que los “Estados están obligados a respetar y proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
El informe expresa que “la misma posibilidad de acceder a todo lo que se difunde en línea es básica para promover la libertad de buscar y recibir contenidos en igualdad de condiciones, lo que persigue evitar privilegios o desventajas que afecten el libre flujo de información. El acceso universal a internet requiere que los Estados garanticen la calidad e integridad del servicio, esto implica evitar y proteger en todos los casos de bloqueos, interferencias o ralentizaciones arbitrarias”.
Esto también significa, de acuerdo a lo expresado, que: “la obligación de protección incluye también el deber de no incurrir directamente en la ejecución de prácticas censoras: no poner barreras desproporcionadas o arbitrarias a dicho acceso, ni presionar ilegítimamente a intermediarios para restringir la circulación”.
Finaliza el informe con una reflexión: “En Venezuela urgen políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información pública por todas las vías de comunicación e intercambio existentes, incluyendo internet. Con sistemas que se basen de forma auténtica en principios democráticos, será más fácil concretar medidas guiadas por el respeto, la defensa, garantía y promoción de derechos humanos,dentro y fuera de línea”.