Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela de nuevo se vuelven a tensar en medio del alivio temporal de las sanciones económicas a los sectores petrolero, aurífero, gasífero y financiero, gracias las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el pasado 18 de octubre, justo un día después de que la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaran en Barbados dos acuerdos parciales.
Aunque esos acuerdos no especifican la habilitación política a dirigentes de la oposición, sí establecen garantías electorales para todos los actores políticos a participar en las venideras elecciones presidenciales.
Así que en vista de las acciones recientes del gobierno de Maduro -como negarse a levantar las inhabilitaciones sobre todo la de María Corina Machado, ganadora de la elección primaria de la oposición con 92% de los votos; desconocer esos comicios mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; e “investigar” a miembros de la Comisión Nacional de Primaria, entre otros, por cometer “fraude”- la administración de Joe Biden decidió darle un ultimátum.
El gobierno de Venezuela tiene hasta el 30 de noviembre para levantar las inhabilitaciones políticas a dirigentes de oposición y, además, liberar a presos políticos, incluidos los ciudadanos estadounidenses encarcelados.
Esa advertencia no solo ha sido expuesta por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sino también por Juan González, el principal asesor de Joe Biden sobre América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.
El pasado 7 de noviembre, en entrevista a NTN24, destacó que “en Venezuela sí se soltaron a cinco presos políticos, eso fue un primer paso… Sabemos que mucho más tiene que pasar y la declaración del secretario dejó muy claro que antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas que se quieran postular. Que sean los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes”.
Agregó que tienen que ver más resultados y eso incluye la liberación de “los americanos que han sido detenidos injustamente”, así como la de otros presos políticos, “para demostrar que este primer paso sea uno exitoso. Hemos tomado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre si esas expectativas no son llenadas, vamos a tener que tomar pasos para desmantelar el alivio de sanciones que hemos dado”.
Las opciones, según el alto funcionario, son “quitar las licencias generales en su totalidad -algunos están argumentando por eso- y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso”.
Sin embargo, la propia María Corina Machado ha asegurado que hasta ahora el gobierno de Maduro no ha violado el acuerdo de Barbados: «Las primarias no son anulables, las primarias tuvieron lugar. El Tribunal (TSJ) puede decir lo que le dé la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible. Y el país lo asumió y se lo apropió. No hay nada que puedan hacer para evitarlo”.
“De modo que yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo (de Barbados), no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto», dijo en entrevista a Infobae.
Gamarra: “Las negociaciones no deberían cesar”
Visto todo el panorama, Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas y profesor de Florida International University, considera que las negociaciones entre la administración de Maduro, Biden y la oposición no deberían paralizarse.
«Lograr lo que se logró en esas negociaciones, en mi opinión, es algo verdaderamente extraordinario y, en ese sentido, las negociaciones en este momento no deberían cesar porque la alternativa es volver al statu quo de antes. Es decir, que el gobierno de Venezuela no cambie por el futuro previsible y la oposición vuelva precisamente una situación de represión, de hostigamiento, de encarcelamiento. Por eso pienso que en este momento las negociaciones deberían continuar», aseguró.
Recordó que las negociaciones entre la administración de Biden y Maduro llevan más de un año tratando de consolidar acuerdos que apunten a un mejor escenario para ambas naciones. «Las negociaciones siempre son complejas y siempre son de larga duración, porque generalmente son entre partes que no ven un problema de la misma manera y llegar a un acuerdo es lo más difícil que hay… Son negociaciones sobre temas que separan a los dos países de una manera extraordinaria y, sobre todo, con un gobierno como el de Venezuela que básicamente no quiere negociar su salida del poder».
En ese contexto, señaló que el gobierno de Estados Unidos «obviamente» busca presionar al chavismo-madurismo, «porque en este momento Venezuela está en incumplimiento de los acuerdos de Barbados».
«Claramente en los acuerdos de Barbados se reconocía la presencia de todos los candidatos. Si bien no mencionaban el nombre específico de María Corina Machado, se mencionaba la presencia de todos los candidatos. Venezuela está en violación de esos acuerdos y precisamente por eso, en un contexto de negociaciones, siempre la parte afectada no solo tiene la obligación de hacer un reclamo, sino de también establecer condiciones específicas para reencauzar las negociaciones y volver a lo que se había acordado con firmas y con testigos. Por eso esta nueva fecha del 30 de noviembre impuesta por el gobierno de Estados Unidos», explicó Gamarra.
A su juicio, Estados Unidos lo que está haciendo por ahora es presionar para que Venezuela cumpla lo que ya firmó. «Es una oferta bastante generosa, donde el gobierno de Estados Unidos le dice a Venezuela: ‘Tiene usted una nueva oportunidad para reingresar al acuerdo y de alguna manera volver a beneficiarse de lo que acordamos».
Indicó que los beneficios de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para el gobierno de Maduro son poder «legitimarse nuevamente internacionalmente, más allá de sus socios estratégicos que son generalmente los países parias del mundo», así como «restablecer inversiones en un sector que es extraordinariamente importante, más allá del levantamiento de sanciones” a algunas compañías petroleras.
Feierstein: Gobierno de Biden consiguió acciones reales
“Durante un cuarto de siglo Estados Unidos ha estado debatiendo cómo involucrar al gobierno venezolano, primero bajo (Hugo) Chávez y luego bajo Maduro y todas las administraciones han fracasado hasta ahora”, señaló Mark Feierstein, asesor principal del Instituto de la Paz de Estados Unidos, de la firma de diplomacia comercial Albright Stonebridge Group y de la empresa encuestadora GBAO.
En el evento “El futuro de Venezuela tras las elecciones primarias de la oposición”, organizado por el Diálogo Interamericano y que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, afirmó que la administración Bush no logró su objetivo con respecto a Venezuela, el gobierno de Obama se quedó cortó y el enfoque de Trump fue un fracaso.
“La administración Biden tiene la oportunidad de tener éxito donde todos sus predecesores se quedaron cortos, y yo diría que ya ha logrado una buena cantidad utilizando la diplomacia, aprovechando las sanciones… Con la negociación se han logrado varias cosas: las primarias se realizaron el 22 de octubre, están llegando al país observadores electorales, como el Centro Carter, y se han liberado a presos políticos”, sostuvo.
Según su opinión, se trata de una “lista larga, no es sólo una cuestión de promesas. La administración Biden consiguió compromisos y acciones reales… Pero las cosas pueden torcerse muy rápidamente. La reacción (del gobierno de Maduro) a las primarias ha sido arriesgada y preocupante. Obviamente es un reflejo de lo preocupado que está porque la primaria tuvo tanto éxito”.
Ante ello, expuso una interrogante durante su intervención en el foro, en el que también estuvieron presentes, entre otros, María Corina Machado. “La pregunta es qué pasa si el régimen no cumple. La administración Biden ha sido bastante pública al respecto. No creo que tiendan a volver al statu quo. Creen que la política que heredaron, las sanciones han sido dañinas y contraproducentes. Han sido dañinas para el pueblo venezolano. Obviamente Maduro es responsable de la crisis económica, pero las sanciones claramente empeoran las cosas”.
Feierstein advirtió -según las mediciones que han hecho- que la mayoría de los venezolanos culpan a Maduro de la crisis económica, “no culpan a las sanciones, no culpan a Estados Unidos, no culpan al sector privado, culpan al gobierno”.
“Por un lado, la gente siente que las sanciones la afectan negativamente… Si se le pregunta a la gente si se deben levantar las sanciones o si se deben mantener, la mayoría responde que se deben levantar, pero si se presenta la idea de condicionar el levantamiento de las sanciones a cambio de concesiones, hay más apoyo para la idea de las negociaciones”, añadió.
Aseveró que ha habido mucho apoyo a las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano y entre la oposición y representantes de Maduro. “Aún no hemos medido el acuerdo de Barbados, pero confío en que la mayoría apoyará el acuerdo. Algo que une a todos los venezolanos es el deseo de unidad y este ha sido un tema desde hace algún tiempo”.
¿María Corina Machado cambia su discurso?
Tras su victoria en las primarias opositoras, que tuvieron lugar el pasado 22 de octubre, María Corina Machado ha mantenido un discurso menos confrontacional y ha reconocido la labor de los negociadores de la Plataforma Unitaria.
De hecho, antes de ganar por mayoría amplia en las elecciones primaria y reconocer los acuerdos suscritos en Barbados entre gobierno y oposición, la dirigente política elogió la gestión Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, a la que su organización política Vente Venezuela no pertenece.
«Tengo previsto tener una reunión formal con Gerardo Blyde para evaluar los pasos de seguimientos de esa negociación y los elementos que faltan por introducir en las fases sucesivas de la negociación. También creo que es una persona seria que está actuando de buena fe en defensa de los derechos de los venezolanos”, indicó Machado durante una entrevista para NTN24 el 19 de octubre.
La abanderada para hacerle frente a Maduro en las presidenciales de 2024 se encuentra inhabilitada por la Contraloría General de la República por 15 años (hasta 2030) para ejercer cualquier cargo público en Venezuela. Medida que Machado califica de «inexistente» por presuntamente no haber sido notificada como los establecen las leyes venezolanas.
En el evento “El futuro de Venezuela tras las elecciones primarias de la oposición”, Machado se refirió a lo que en el marco de los acuerdos de Barbados y las inhabilitaciones políticas significa su candidatura: “Fue un gran error del régimen inhabilitarme y ni siquiera notificármelo. Nunca fui formal o legalmente notificada sobre este proceso, que es absolutamente inconstitucional… Todo este tema de la inhabilitación se resolvió con 2,5 millones de personas”.
Aseguró que se trata de un tema legal, sino de “un tema político que es parte de una compleja negociación. Lo que Estados Unidos ha manifestado, así como el secretario de Estado y otras autoridades, es claro. Y espero que sea así, que las elecciones puedan considerarse justas y libres si el candidato o candidata escogido por los ciudadanos puede participar libremente”.
En ese mismo foro, Claudia Nikken, secretaria ejecutiva de la delegación de la Plataforma Unitaria, contó que fueron “26 meses de negociaciones formales e informales muy complejas para dar un primer paso, consciente y firme, en la construcción del camino que permita o debe permitir al país, no sin obstáculos o dificultades, avanzar hacia la restauración de la democracia”.
También dejó claro que el acuerdo de Barbados es un acuerdo inicial, “no pretende ser otra cosa”. Su finalidad es desarrollar parcialmente los temas de derechos políticos y garantías electorales con miras a la elección presidencial de 2024 a partir de los puntos 1 y 2 de la agenda acordada en el memorándum de entendimiento suscrito en Ciudad de México el 13 de agosto de 2021 con la facilitación del Reino de Noruega.
Y, además, destacó, que sin ese acuerdo “probablemente la elección primaria no se habría producido. Ahora hay que proteger sus efectos. Antes del acuerdo, aunque estén en la Constitución y la Ley, no existía el compromiso expreso de Nicolás Maduro y su gobierno de respetar los derechos políticos tal como se abordaron ni de ofrecer las garantías electorales que allí se establecen”.
Sin embargo, para Nikken aún “falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo final descrito en el memorándum de entendimiento. Es decir, un acuerdo integral que establezca reglas claras de convivencia política y social, desarrollando todos los puntos de la agenda acordada”.