Los esquemas de control de precios regresaron nuevamente a la política económica del presidente Nicolás Maduro ante la aceleración de los precios y la escalada de la hiperinflación que se ha registrado durante el mes de abril, auspiciada por las bonificaciones en bolívares que ha desembolsado el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 y por las emisiones monetarias que ha acelerado el Banco Central de Venezuela (BCV).
En la decisión del mandatario no falta que se recuerde como en sus alocuciones ha vuelto a mencionar al economista español Alfredo Serrano Mancilla, quien en el pasado ha sido uno de sus mentores en lo que se refiere a control de precios; mientras que otras personas dentro del gobierno aseguran que la decisión es solo coyuntural por el coronavirus y, sobre todo, por el lapso de cuarentena o aislamiento social.
La ministra de Comercio (Eneida Laya) y el ministro de Economía y Finanzas (Simón Zerpa) se reunieron con la directiva de ANSA (Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios), estableciéndose una mesa con precios acordados para 27 productos, dijo la vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez. Se trata de atajar los precios especulativos que afectan al pueblo en rubros de la cesta básica, de manera que la población venezolana tenga acceso a ellos con precios acordados, acotó la funcionaria.
A esta decisión se agrega la imposición de precios de venta y la obligación de vender a crédito, por parte del gobierno, a empresas agroalimentarias que procesan los productos que conforman las llamadas cajas CLAP, las cuales se han convertido en el único programa de suministro de alimentos del régimen de Maduro, controlado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, de allí las siglas.
La vicepresidente solo se limitó a informar sobre la orden de ocupación temporal de la empresa Coposa y el régimen de venta vigilada a las compañías Alimentos Polar y Plumrose a través de un proceso de fiscalización conjunto realizado por tres organismos, Sundde, Sunagro y Sencamer, junto a efectivos militares.
El gobierno tradicionalmente resolvía las cajas CLAP mediante la importación de productos, pero ante el desplome de los ingresos petroleros y las restricciones comerciales que impone el régimen de sanciones establecido por el gobierno de Estados Unidos, a Maduro solo le ha quedado como alternativa imponer a empresas privadas venezolanas que le vendan a crédito los alimentos sin que el Poder Ejecutivo ofrezca garantías de cuánto pagará.
La vicepresidente Rodríguez también citó a su despacho a los laboratorios farmacéuticos y los representas de las principales cadenas comerciales con el fin de evaluar una extensión del control de precios hacia los medicamentos e insumos que se requieren para la atención del COVID-19.
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