Este viernes 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera entre Guyana y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado importantes yacimientos de petróleo.
El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a favor y cuatro en contra, que tiene jurisdicción para analizar la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
Según la sentencia, Guyana, país demandante, buscó fundar la competencia de la Corte, de conformidad con el Artículo 36, párrafo 1, del Estatuto de la Corte, sobre el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la Frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, firmada en Ginebra el 17 de febrero de 1966 (Acuerdo de Ginebra) y la decisión adoptada por el Secretario General de las Naciones Unidas el 30 de enero de 2018, para elegir, en los términos de esta última disposición, la Corte como medio a utilizar para la solución de la controversia entre las partes.
Destaca también que el 18 de junio de 2018 la República Bolivariana de Venezuela declaró que consideró que la Corte carecía de competencia para conocer del caso y que Venezuela no participaría en los procedimientos.
La Corte consideró que, dadas las circunstancias del caso, en primer lugar, era necesario resolver la cuestión de su jurisdicción, y en consecuencia, se determinaría por separado antes de cualquier procedimiento sobre el fondo.
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
Historia del conflicto
La disputa fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de buenos oficios que se prolongó hasta el año 2016 y que no condujo a la solución de la controversia, dijo el juez Yusuf.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó en 2018 que el caso se resolviese en la CIJ, razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.
Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de este viernes, pero la Cancillería venezolana en manos de la administración de Nicolás Maduro, argumentó a que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.
Sin embargo, el juez Yusuf dijo que en el Acuerdo de Ginebra consta que ambos países confirieron al Secretario General de la ONU la autoridad para elegir, a través de una decisión vinculante, los métodos para la solución de su controversia, y que entre los medios a su alcance estaba recurrir al tribunal con sede en La Haya.
Por otro lado, los jueces rechazaron de forma unánime que la CIJ tenga competencia para juzgar reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después del acuerdo de Ginebra, es decir, después de 1966.
Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados, pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.
Fase de fondo
El abogado Simón Gómez Guaimara analizó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y explicó que para llegar a ese fallo los magistrados interpretaron que el Acuerdo de Ginebra confirió la capacidad al Secretario Gral ONU para escoger el medio para resolver la controversia, si las partes no acordaran una solución. Entre esos medios, figura el arreglo judicial.
El procedimiento entra ahora a su fase de fondo, en la cual se examinarán los argumentos en relación con la validez del laudo arbitral de 1899, lo que tendrá consecuencias directas sobre la frontera del Esequibo, precisó.
Señaló que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro optó por no participar en el procedimiento con el argumento peregrino de falta de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte y se limitó a presentar un escrito extra-procesal que no permitió esbozar a fondos los argumentos sólidos con que se contaba.
Las decisiones de la Corte son vinculantes para Venezuela, por lo que debe reconsiderarse la decisión de no comparecencia, ya que demostró su inutilidad y efecto contrario a los intereses de la República, sentenció.
Posturas oficiales
La reacción guyanesa no se hizo esperar. El fiscal general y ministro de Asuntos Legales de ese país, Anil Nandlall, publicó en sus redes sociales: Felicitaciones a nuestro equipo legal y comité asesor: ¡Se han confirmado las presentaciones de Guyana de que la CIJ tiene jurisdicción para escuchar y determinar el problema fronterizo con Venezuela! Una victoria para el estado de Derecho y una victoria para todos los guyaneses.
Venezuela rechaza la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el territorio de El Esequibo sobre la jurisdicción en el caso de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela, acción que no cumple con los Acuerdos de Ginebra del año 1966?, reiteró este viernes el ministro para las Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
A través de un comunicado oficial el canciller hizo del conocimiento a la comunidad nacional e internacional la postura del Estado venezolano sobre la decisión de la CIJ leída en audiencia mediante video conferencia del día 18 de diciembre de 2020, con relación a la demanda unilateral interpuesta por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.
«Los Acuerdos de Ginebra es la única norma taxativa general bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial. Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este Tratado impone a ambas partes. En ese sentido, Venezuela ha estado y está dispuesta a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio refiere el comunicado.
Todo es culpa de la revolución
El comisionado para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, culpó al régimen de Maduro de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia en la disputa limítrofe entre Guyana y Venezuela. Aseveró que se abandonó la defensa de los intereses nacionales y eso influyó en el veredicto.
La dictadura es la única responsable de la decisión tomada hoy por la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia en la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana. El régimen prefirió no comparecer, enviaron un informe mediocre y abandonaron la defensa de los intereses nacionales, una conducta que rechazamos y que es el reflejo de la entrega de la soberanía, sostuvo.
Borges recordó que los regímenes de Chávez y Maduro abandonaron desde hace tiempo la posición histórica de defensa del Esequibo. Esto se compagina con lo que ha sido la posición, primero de Chávez y luego de Maduro, de entregar el territorio Esequibo por apoyo político. Es parte de una actitud irresponsable que refleja su entreguismo y su falta de compromiso con los intereses del pueblo venezolano.
Aseguró que ahora se debe realizar una consulta amplia a todos los sectores del país para logra una posición conjunta sobre la defensa del Esequibo. Demandamos que la dictadura trabaje esto como un tema de Estado, que afecta a todos y que su agenda ideológica y política. Es momento de una consulta a la sociedad civil, a expertos del tema, para lograr una posición común que permita defender a Venezuela.
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