El acoso laboral oficialista ha tomado la modalidad de presionar -a través de mensajes en las redes- a los empleados públicos para que respalden electoralmente a Nicolás Maduro, aseguraron trabajadores que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Precisaron que en los centros de trabajo la mayoría de los empleados guarda silencio total respecto a sus preferencias electorales, en medio del disgusto existente debido a la mermada capacidad de compra del ingreso.
«De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, las amenazas se han centrado más por Internet a través de mensajes a favor de Nicolás Maduro y su gestión a los cuales obligatoriamente debes dar likr o responder con mensaje de texto», explicó un afectado.
Otro trabajador destacó que también por los teléfonos celulares les recuerdan constantemente «cumplir con la revolución y votar por Maduro. De lo contrario, te suspenden beneficios y la bolsa de comida e, incluso, puede llegar el despido».
Los trabajadores consultados manifestaron su preocupación respecto a una recolección de firmas -realizada desde mayo en los organismos del Estado- pero se ignora cuál es la finalidad de esas rubricas.
«Nos dijeron que firmábamos o nos quitaban la bolsa», contó un afectado.
Mas presión
Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, alertó que desde ahora hasta el 28 de julio el oficialismo profundizará las presiones y amenazas hacia el personal para contar con su voto en las elecciones presidenciales.
El representante de Fentrasep consideró que en esta ocasión tanto la campaña electoral como los comicios son totalmente atípicos, especialmente para el oficialismo.
En este contexto, reveló que el gobierno de Maduro ha perdido pueblo como consecuencia de las malas decisiones económicas, políticas y sociales que han depauperado el poder adquisitivo del ingreso de los venezolanos.
Carbone indicó que el ingreso mínimo de los trabajadores del Estado se ubica en 130 dólares mensuales con los ajustes del Primero de Mayo al bono de guerra y el ticket alimentación.
A esto se suma, agregó, el sueldo mínimo congelado en 130 bolívares (3,5 dolares) mensuales desde marzo de 2022. «Ese ingreso no alcanza para cubrir los gastos más básicos del grupo familiar», recalcó.
El sindicalista señaló que «con la finalidad de engrosar las menguadas filas de una militancia dura y leal, el gobierno se ha dedicado a contratar jóvenes que incorpora a las nóminas de los entes estatales.
Dicho personal, precisó el dirigente de Fentrasep, fundamentalmente es adiestrado e incorporado a las áreas de informática, aunque también son destinados a otros departamentos como seguridad.
Para los trabajadores, sostuvo Carbone, esta forma de contratación es discriminatoria porque a estos jóvenes-sin experiencia laboral y profesional ni años de servicio- les pagan lo mismo o más que al personal de carrera administrativa.
Recalcó que «en su desespero, el oficialismo busca captar los votos de 5,8 millones de adultos mayores pensionados y jubilados más 2,4 millones de trabajadores activos de la administración pública centralizada y descentralizada».