Desde el pasado 5 de julio, se generó una polémica en torno a los envíos «puerta a puerta» de productos importados que arriban a Venezuela.
Esto se debió a una nota publicada por el portal informativo Bloomberg Línea, que afirmaba que el servicio de envío marítimo por medio de los couriers que se dedican a llevar paquetes había sido suspendido presuntamente.
La nota indicaba que la suspensión de los envíos «puerta a puerta» se debía a una serie de investigaciones y nuevas regulaciones que supuestamente estarían por implementar el gobierno de Venezuela.
Sin embargo, posteriormente, se reseñó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, habría desmentido la paralización de los envíos «puerta a puerta», señalando que el servicio se encuentra operando de «manera normal».
Rodríguez dijo no saber de dónde salió la información que la agencia Bloomberg publicó inicialmente con base en fuentes directas del sector. La información no se oficializó ni tampoco ha habido un desmentido público».
También se aseguró que las declaraciones de la funcionaria las habría hecho durante una reunión del Consejo de Economía Productiva, con amplia participación de representantes del sector privado.
Esta polémica llevó también a varias empresas privadas que prestan el servicio de importaciones «puerta a puerta» a informar a través de comunicados que debido a nuevas regulaciones del Estado venezolano, los embarques marítimos estaban suspendidos hasta nuevo aviso.
De hecho, el pasado viernes 14 de julio la empresa de envío de encomiendas Tealca envió un comunicado a sus clientes informando que ahora todos los productos que importados bajo la modalidad «puerta a puerta» tendrán un impuesto de 38% sobre el valor de lo enviado.
Cipriana Ramos, directiva de la Cámara de Comercio de La Guaira y asesora aduanera, se refirió al comunicado de Tealca y de la situación actual de las importaciones «puerta a puerta» en Venezuela.
«Ese es un modelo de negocio de Tealca, quizás hizo un promedio analizando sus clientes. Lo cierto es que las encomiendas vía couriers hasta 2.000 dólares pagan impuestos y gozan de los beneficios de celeridad en los trámites», sostuvo Ramos.
Explicó que los couriers trabajan 24 horas. “Es un servicio especial, el arancel de aduanas es el que establece el impuesto a pagar dependiendo del tipo de mercancía que se trate», acotó.
Actualizar regulación de las importaciones “puerta a puerta”
Cipriana Ramos aclaró que la regulación del servicio de importaciones «puerta a puerta» debe ser actualizada. La resolución 3283 data del 13 de enero de 1997 y comprende transporte expreso de correspondencia, documentos y encomiendas.
«La encomienda está referida a mercancías cuyo valor FOB (en el exterior) no exceda de 2.000 dólares. Si excede ese valor, obligatoriamente debe contratar los servicios de un agente de aduanas para la nacionalización de la mercancía, entendiendo por nacionalización la declaración, pago de impuestos y presentación de los certificados, permisos o registros», dijo Ramos.
Explicó que esto se rige por la Ley Orgánica de Aduanas, el Arancel de Aduanas y otras normas aplicables como la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y regímenes administrados por producción y comercio, como salud, agricultura y tierras, petróleo, defensa, alimentación, ambiente, entre otros.
Para la representante de la Cámara de Comercio de La Guaira, «esa resolución que regula el puerta a puerta debe ser modificada. Primero porque la Ley de Aduanas data del año 2020 y considera a los couriers como auxiliares de la administración aduanera y,segundo, porque la dinámica del comercio internacional ha cambiado en estos 26 años».
Recordó que toda mercancía que ingrese al país para su consumo debe cumplir con la normativa aduanera y tributaria establecida en Venezuela.
«El modelo de negocios de las empresas logísticas no debe vulnerarla, además que las aduanas están obligadas a ejercer control sanitario, control de fraude comercial y control de ilícitos aduaneros. Esto solo es posible cuando coexisten las funciones de la aduana bajo el ejercicio de la potestad aduanera y un agente de aduanas», apuntó Ramos.
A su criterio, en Venezuela «debería existir un mono tributo para mercancía no comercial, por ejemplo. Si una mercancía ingresa sin cumplir la normativa aduanera sería una competencia desleal con aquellos que utilizan los servicios de un agente de aduanas y pagas sus impuestos. Algunos lo tipifican como contrabando», agregó.