Desde hace varios meses Venezuela atraviesa una severa escasez de diésel que afecta a productores del campo, al transporte público, las industrias manufactureras y hasta el sistema eléctrico alternativo que fue creado en el país, debido a la destrucción de los servicios públicos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En reiteradas oportunidades Maduro y miembros de su gabinete han responsabilizado a las sanciones de Estados Unidos y Europa por la escasez no solo de diésel, sino también de gasolina. Sin embargo, expertos en materia de hidrocarburos sostienen que la ruina de la industria petrolera venezolana comenzó mucho antes de las medidas sancionatorias.
“El régimen de Maduro sigue negándose a proporcionar diésel a su población para poder culpar a Estados Unidos, aumentando la desnutrición, el hambre en un intento de engañar a (Joe) Biden”, indica un informe de la consultora Caracas Capital, elaborado por Russ Dallen, al cual HispanoPost tuvo acceso.
El informe señala que un barco denominado El Bueno atracó el pasado 23 de mayo en el puerto de la refinería de Amuay proveniente de los Emiratos Árabes Unidos, con un cargamento de 500 mil barriles de diésel. Esta embarcación habría llegado a Venezuela utilizando mecanismos para evadir las sanciones internacionales, que consisten en apagar su sistema de navegación e incluso cambiar de nombre y propiedad.
“El Bueno fue llenado en los Emiratos Árabes Unidos a mediados de abril. Originalmente se llamaba Analipsi Lady, pero cambió de manos, nombres y de bandera en una rápida sucesión. Llamado el Bueno, el tanquero cambió de bandera en Djibouti (Yibuti) para sugerir que lo estaban manejando los iraníes, que utilizan este tipo de tácticas: cambio rápido de propietario, cambio rápido de bandera y empresas fantasmas de los Emiratos Árabes Unidos. Al iniciar su travesía, la embarcación transitó por el Canal de Suez y salió del Mediterráneo, apagó su ubicación el 10 de mayo poco después de pasar Gibraltar, su destino final sería Lomé y llegaría el 22 de mayo”, precisa el informe.
La consultora agrega que a los pocos días y de forma clandestina el régimen de Maduro desvió un tercio de ese cargamento a Cuba. La embarcación cubana Alicia cargó en el puerto de Amuay un total de 159.445 barriles de ese diésel importado por Venezuela desde el medio oriente. Y, según fuentes petroleras, para el momento que se publicó el informe, el 8 de junio, se encontraba en camino al puerto de Matanzas.
“Entonces, mientras la administración Biden analiza la flexibilización de las sanciones, especialmente los intercambios de diésel ´humanitarios´, debe estar conscientes de que la están engañando”, sostiene el informe de Caracas Capital.
Al respecto, la firma aclara que antes se aseguró de mostrar los intereses económicos que tienen la española Repsol, la italiana ENI y Reliance de la india y ONGC para que Estados Unidas vuelva a autorizar los intercambios de diésel «humanitarios» con Venezuela.
“También mostramos lo valioso que eran los swaps para una empresa como Reliance de la India, que gastó 280.000 dólares en presionar al gobierno de Estados Unidos para poder realizar los swaps solo en el primer trimestre de este año. Anticipamos que también gastarán una cantidad similar en el contrato en el segundo trimestre”, indica.
En mayo, Brian A. Nichols, para ese entonces nominado por el presidente estadounidense Joe Biden al cargo de subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, ya se había anticipado. En la sesión del Comité de Exteriores para su ratificación en el puesto, afirmó que la presión sobre el régimen de Maduro debía continuar, por lo que rechazó el levantamiento de sanciones petroleras y consideró innecesario los swap crudo-diésel en Venezuela en ese momento.
“Según tengo entendido, hay suficiente capacidad de diésel dentro de Venezuela al menos para los próximos seis meses más o menos. Creo que es algo que hay que vigilar y, si vemos que hay un problema allí para el pueblo venezolano, creo que es algo que hay que mirar”, sostuvo en ese momento.
No permiten la importación privada de combustible
Estimaciones privadas sitúan el consumo de diésel en Venezuela entre 35.000 y 49.000 barriles por día (bpd), demanda que esta muy lejos de cubrirse. Representantes de los gremios agrícolas y pecuarios en el país han denunciado que la seguridad agroalimentaria en Venezuela está comprometida debido a la escasez ese combustible.
Con el fin de solventar la situación, asociaciones de productores agrícolas y ganaderos, como Fedeagro y Fedenaga, así como industriales han presentado propuestas a representantes del régimen de Maduro para que autoricen la importación privada de diésel desde países como Colombia y Brasil. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido respuesta.
Al respecto, Caracas Capital se pregunta por qué si el régimen de Maduro se ha visto obligado a permitir que el sector privado importe y distribuya de “todo en las calles de Venezuela”, no hace los mismo con la gasolina y el diésel.
“El sector privado podría fácilmente importar diésel y gasolina de los vecinos Colombia o Brasil, pero el régimen de Maduro no lo ha permitido. ¿Por qué no? Primero, porque quiere tener fotos e historias de los cultivos pudriéndose en el campo y de los negocios paralizados debido a la falta de diésel para poder culpar a Estados Unidos y hacer que los estadounidenses se sientan culpables”.
La segunda razón, sostiene el informe, es que los niveles más bajos del estamento militar venezolano “ganan dinero controlando las estaciones de diésel y gasolina, por lo que permitir que el mercado libre resuelva el problema potencialmente privaría a las Fuerzas Armadas de una de sus principales fuentes de sobornos e ingresos”.
Alianzas de Pdvsa con socios locales para evadir sanciones
Pero ya no es solo China, Rusia, Irán y Turquía las que están ayudando al régimen de Maduro a evadir las sanciones de Estados Unidos. Otra vía que ha conseguido tiene que ver con la práctica de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de recurrir a socios locales, mientras las compañías estadounidenses continúan con las operaciones limitadas en el país.
De manera que, de acuerdo con una investigación realizada por la agencia de noticias Reuters, en los más de dos años transcurridos desde el inicio de las sanciones, la producción de crudo en Venezuela ha caído casi dos tercios a menos de 500.000 barriles por día (bpd). Las empresas estadounidenses y europeas han reducido su presencia para cumplir con las restricciones o por temor a una posible sanción.
Pero, según fuentes de la industria y varios documentos internos la estatal venezolana, Pdvsa se está “adaptando” y para ello ha incrementado las asociaciones con pequeñas empresas locales para mantener la producción así sea en niveles reducidos, aun cuando estas empresas operan con prácticas ambientales y de seguridad deficientes.
“La situación en el sector petrolero es tan nefasta que hay frutos bajos”, dijo Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risks que se enfoca en la región andina, a Reuters. Aseguró que “el régimen está tratando de aprovechar esas oportunidades con empresarios a quienes no les importa involucrarse con el gobierno bajo las sanciones actuales”.
Advierte la investigación de la agencia de noticias que los nuevos acuerdos permiten que las empresas privadas financien proyectos por sí mismas y se les pague con crudo. “Si bien las empresas locales carecen de la capacidad de las multinacionales, los nuevos modelos son atractivos después de años de retrasos en los pagos”.
Hasta el momento, Pdvsa ha firmado 16 nuevas alianzas de este tipo para impulsar la producción, indicó una persona con conocimiento del tema. “Pdvsa está muy reducida, pero se ha ajustado”, dijo Antero Alvarado, socio gerente de la consultora Gas Energy Latin America en Caracas, a Reuters.
Impacto delimitar la presencia de empresas de EEUU
Mientras se producen estas alianzas, se puede sentir el impacto de restringir la presencia de las empresas estadounidenses en Venezuela. Si bien a principios de junio la administración de Joe Biden extendió por seis meses, hasta el 1º de diciembre, la licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron y a otras cuatro compañías de servicios para el sector de los hidrocarburos -Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford- permanecer en Venezuela con vigencia hasta el 1º de diciembre, las restricciones persisten.
Desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, se mantuvieron las mismas restricciones que se estableció en la anterior extensión y que limitan las operaciones principalmente de Chevron. “Esta licencia general no autoriza la perforación, elevación o procesamiento, compra o venta, o transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano; y cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente”, señala la resolución de la OFAC.
Tampoco permite la contratación de personal o servicios adicionales, excepto cuando se requiera por razones de seguridad, el pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a Pdvsa y prohíbe todo financiamiento a la estatal venezolana o a las empresas mixtas.
La firma consultora Ecoanalítica tiene un escenario base de contracción de la economía venezolana para 2021, bajo la premisa que la licencia del Departamento del Tesoro a Chevron y otras empresas contratistas de Estados Unidos era mantenida con las mismas limitaciones que fueron establecidas durante el gobierno de Donald Trump. Pero también se plantearon un escenario alterno de recuperación, si se otorgaba con cierta flexibilización operacional y financiera.
“Al no haber cambios con respecto a la operatividad de esta nueva licencia, seguimos pensando que Venezuela no crecerá este año. Seguirá en terreno negativo y la inversión resultará muy difícil para el sector petrolero”, dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.