Los agentes financieros internacionales y los acreedores del Estado venezolano en el exterior -que incluye a los tenedores de bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA)- tienen en la mira las decisiones judiciales que competen a tribunales de los Estados Unidos, así como a las posibles medidas de protección que pueda adoptar la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) y cualquier acuerdo o entendimiento que pueda darse entre el gobierno de Nicolas Maduro y sectores de la oposición.
“La conclusión es que a lo largo del tiempo Citgo es un activo perdido y sobre eso hay fuertes implicaciones políticas porque la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos no va a intervenir para que sea eterna la protección que ha venido otorgando la OFAC”, advierte Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners, una firma de consultoría que asesora a fondos de inversión en América Latina, incluida Venezuela, entre los que se encuentra Copérnico Recovery Fund. “Estamos hablando de un monto de 21.000 millones de dólares cuando se suman todas las obligaciones por los juicios y el valor de Citgo ha subido a 14.000 millones de dólares, pero la empresa no puede sacar dinero de su caja para pagar algo de PDVSA ni tampoco de la República de Venezuela”, agrega.
Piedrahita advierte que uno de los aspectos que complica cualquier esfuerzo de negociación con acreedores se presenta porque no se consigue un interlocutor oficial que sea creíble y al mismo tiempo tenga reconocimiento de las autoridades estadounidenses. Avala la calificación y la propuesta presentada por el equipo económico que asesora a la precandidata María Corina Machado, pero esta la duda que ella pueda ser candidata, y por el lado del gobierno de Nicolas Maduro el obstáculo está en que no cuenta con el reconocimiento del Poder Ejecutivo estadounidense.
Alerta sobre el hecho que a partir de noviembre de 2023 comienza a vencerse el plazo de 6 años que tienen los acreedores para demandar a Venezuela y corren el riesgo de perder derechos por no haber iniciado una acción judicial bajo la creencia que se lograría un acuerdo de negociación por esas obligaciones, bien sea con la administración de Maduro o la oposición venezolana en los momentos que existió el llamado gobierno interino. “No veo que la Asamblea Nacional del año 2015 este debidamente organizada para atender un asunto de semejante complejidad en este momento”, puntualiza.
Descarta que la OFAC vaya a revertir la flexibilización de la licencia que le otorgo a la empresa Chevron para recibir crudo venezolano y comercializarlo en el mercado estadounidense, pero no percibe que en el próximo año y medio se otorgue un mayor relajamiento de las sanciones.
“La ventana que se le abrió a Chevron estará abierta por mucho tiempo porque la flexibilización que se dio fue un gran esfuerzo de la administración de Joe Biden y estamos frente a una danza de millones de dólares donde Chevron -según mis cálculos – está cobrando 100 millones de dólares mensuales”, dijo Piedrahita.
