La escasez de agua que azota al pueblo indígena Wayúu, asentado en el extremo norte de Colombia, sumada a la corrupción oficial que impera en la ejecución de todos los programas estatales de alimentación destinados a los niños y adolescentes de esta etnia paupérrima, está exterminando a la población infantil: ya han muerto al menos cinco mil niños y 37 mil padecen desnutrición.
Los indígenas se quejan de no recibir ninguna ayuda del Gobierno, pues lo que está destinado para ellos se queda atrapado en poderosas redes de corrupción. En los poblados del desierto de los wayúu, llamados rancherías, no existen servicios básicos como agua potable, saneamiento, alimentos, energía eléctrica, vías de acceso ni servicios de salud pública. Pero en las estadísticas y en las cuentas oficiales de las últimas dos décadas consta que se invirtieron cerca de mil millones de dólares en esos y otros servicios igualmente inexistentes.
Para conseguir agua una familia wayúu debe caminar por el desierto entre dos y tres horas. La extraen de resumideros subterráneos llamados jagüeyes o charcos donde los animales defecan y beben también. Por lo tanto, el líquido que los indígenas alcanzan a recoger es sucio, completamente insalubre y dañino para el organismo de los humanos y también de los animales.
Algunas comunidades tienen pozos artesanales de los que sacan agua que tampoco es apta para el consumo humano. De ahí que la mayoría de niños resulten con enfermedades mortales sumadas a la desnutrición.
En lo que va corrido de 2015 han muerto de hambre más de 30 niños, aunque algunos indígenas afirman que la cifra es dos o tres veces mayor debido a que muchos no tienen acta de nacimiento y tampoco registran sus muertes, entre otras cosas, porque no alcanzan a llegar a los hospitales, bien porque no existen o están cerrados como consecuencia de la corrupción estatal en los sistemas de salud. Para llegar al centro de salud más cercano los indígenas deben caminar durante horas por el desierto.
El estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad destinada a la protección de la niñez en Colombia, tiene un presupuesto superior a los 10 millones de millones de pesos colombianos y aun así sus metas solamente han llegado al 39 por ciento, denunció a HispanoPost la senadora liberal Sofía Gaviria. Los niveles de desnutrición en La Guajira son casi de los niveles ruandeses: 47 por ciento. Es una ausencia del Estado absoluta, sentenció Gaviria.
Al respecto, el indígena wayúu Pedro Gómez Pana reveló que dentro del programa de nutrición, el ICBF solamente les da a los niños un desayuno consistente en una galleta y una pequeña cajita de leche, frecuentemente alterada por falta de refrigeración.
Una contratista del ICBF que no quiso identificarse por seguridad, denunció a HispanoPost que un intermediario de esa entidad estatal paga 20 centavos de dólar por cada porción de comida, casi siempre reducida y contaminada. Muchas veces dan un huevo para repartirlo entre dos o tres niños. Se estima que el 80 por ciento del dinero que el Estado destina para alimentar a los niños desnutridos se queda entre los bolsillos de los contratistas y de los funcionarios públicos que otorgan los contratos.
El médico pediatra de la ciudad de Maicao, La Guajira, Abdul Dasuki, precisó que de cada 10 niños que le llegan a consulta, seis o siete sufren de desnutrición. Aquí lo que está matando hoy a los niños por desnutrición en el departamento de La Guajira se llama corrupción, si no hubiese corrupción en los programas de alimentos escolares, hoy todavía no se estuviese muriendo ningún niño por hambre, indicó el pediatra, quien ha recibido amenazas de muerte debido a sus denuncias sobre los gravísimos niveles de desnutrición y mortalidad infantiles entre la población indígena.
El líder Wayúu Javier Rojas Uriana, fue enfático al afirmar que la escasez de agua afecta gravemente a las comunidades, situación que es aprovechada por los políticos en campaña. Si querías agua te llevaban el carrotanque pero tenías que aportar votos; si quieres comida es lo mismo, dijo Rojas Uriana.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano proteger a la comunidad Wayúu para salvarla del exterminio. La abogada que lleva el caso, Carolina Sáchica, afirmó desde Holanda, donde se encuentra, que el Gobierno tiene un plazo de 15 días para poner en marcha medidas que deberá concertar con la comunidad indígena.
