Estados Unidos tenía un predominio del sector petrolero de Venezuela al momento que el presidente Hugo Chávez llegó al poder a principios 1999 y se inició la revolución bolivariana cuando se compara con la presencia de compañías de otros países y dentro de las limitaciones que establecía el proceso de apertura de sector de hidrocarburos que se promovió en el país durante los años 90.
Rusia no figuraba y la participación de China estaba reducida a dos convenios operativos o contratos de servicios en dos áreas. Veinte años después esa situación se ha revertido, porque Rusia y China dominan en varias empresas mixtas en sociedad con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esta estrategia comenzó a gestarse durante el año 2005 a través de lo que se llamó Plan de Siembra Petrolera, que contemplaba un proceso de certificación de reservas de petróleo de la faja del Orinoco, con el pretexto técnico de determinar cuánto era el potencial de crudo pesado y extrapesado recuperable de esa área geográfica que abarca 55.314 kilómetros cuadrados.
Desde un primer momento quedó claro que el objetivo del gobierno de Chávez era sumar alianzas y por eso se descartó hacer licitaciones y se optó por el contrato a dedo, es decir, la adjudicación directa. De esta manera, el Estado venezolano se reservó el derecho de admisión para la cuantificación de reservas: solo se invitaron a empresas preferiblemente estatales o que fueran dominantes en sus países y deliberadamente se excluyeron a empresas de Estados Unidos.
Se llevaron a cabo diversas reuniones de alto nivel entre Pdvsa, funcionarios de gobiernos y empresas petroleras de países como CNPC de China, Petropars de Irán, Lukoil y Gazprom de Rusia, Petrobrás de Brasil, Repsol de España, ONGC de India y Enarsa de Argentina, señala la memoria y cuenta del Ministerio de Petróleo venezolano correspondiente al año 2005.
En 2006 se comenzaron a asignar las áreas para que estas compañías o sus empresas contratadas- realizaran la cuantificación del crudo existente, y en 2007 se amplió la lista de empresas estatales de otros países, aún cuando no tuvieran trayectoria en este tipo de tareas. Es así como en esa certificación de reservas también entraron Cupet de Cuba, ENAP de Chile, Petroecuador, Petrovietnam, Petronas de Malasia, Galp Energía de Portugal y Ancap de Uruguay.
Todo partía de firmar un memorando de entendimiento, suscrito por Chávez y su homólogo respectivo. Posteriormente, se pasó a un contrato de servicios y, en caso de que hubiera viabilidad económica, se procedía a la conformación de una empresa mixta con mayoría accionaria de Pdvsa -al menos 51%-; mientras que al socio le correspondía una minoría accionaria no mayor a 49%, tal como establecía la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada en 2001.
Este proceso se gestionó mientras que de forma paralela las autoridades venezolanas negociaban un cambio en los esquemas de propiedad de los contratos con empresas privadas y foráneas. Al presidente Chávez siempre le satisfizo las ideas nacionalistas de sus mentores y asesores en materia petrolera como Alí Rodríguez Araque, Álvaro Silva Calderón, ambos fueron ministros de su gobierno, y del economista Carlos Mendoza Potellá, quien había sido embajador en Arabia Saudita y Rusia, ex director de Pdvsa y ahora es asesor a la Presidencia del Banco Central de Venezuela.
Chávez y su equipo desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Venezuela en 1998 tenían un discurso contra la apertura petrolera que habían impulsado sus antecesores Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, pero el zarpazo no lo dio en sus primeros años de gobierno, sino que optó por darlos gradualmente porque requería que las condiciones mejoraran. Es por eso que la decisión final la toma a mediados de 2007, apuntalado por el repunte en los precios del petróleo, que comenzó a darse el viraje estatista y antiestadounidense.
Modelo estatista
De los 25 convenios operativos que se contaban en 2005 entre Pdvsa y firmas extranjeras, cuatro estaban suscrito con empresas de Reino Unido, una cantidad similar con Petrobras, tres con compañías estadounidenses, de los cuales dos eran con Chevron; otras dos con empresas de Francia, igual número para China y España, y uno con Japón. Los restantes estaban firmados con empresas privadas venezolanas vinculadas al sector de ingeniería. También figuraban los convenios a riesgo que estipulaban un reparto igualitario en las ganancias, donde también participaba Chevron, otro era con Exxon Mobil y en uno también está presente la italiana ENI.
La convivencia del chavismo con estos contratos se mantuvo a regañadientes por casi ochos años, al igual que con las cuatro asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco, tres de ellas controlados por empresas estadounidenses: Exxon Mobil en Cerro Negro, Conoco Phillips en Petrozuata y esta misma junto a Chevron en Ameriven. El cuarto proyecto era una alianza europea entre Total de Francia y Statoil (hoy Equinor) de Noruega.
Había un aspecto que siempre rechazó el chavismo: el control operacional no podía estar en manos de un privado o extranjero y mucho menos la propiedad. De allí la propuesta de migrar al modelo de empresa mixta con mayoría accionaria de Pdvsa, que llegó al punto de exacerbación cuando Chávez ordenó que en promedio fuera de 60% y quedara 40% para la empresa extranjera.
Ni Exxon Mobil ni ConochoPhillps aceptaron las condiciones de irse a ese esquema en condición de minoría y dominados por Pdvsa. Tampoco aceptaron el pago que el gobierno de Chávez pretendía como indemnización, pero en cambio Chevron liderada en América Latina por Alí Moshiri- sí optó por quedarse e impulsar un acercamiento casi que personal con el mismísimo mandatario.
Exxon y Conoco solo tuvieron como alternativa demandar al Estado venezolano, ambas iniciaron sendos procesos de arbitraje internacional tanto ante un organismo adscrito al Banco Mundial como es el Ciadi (Centro Internacional para el arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) como ante la Cámara de Comercio de París.
Diez años después de todo ese proceso. Ya con Chávez muerto, Maduro ha avanzado en una estrategia no necesariamente multipolar, como fue la idea de su predecesor, sino centrada en Rusia y China cuando se observa a qué países y a qué empresas se le ha otorgado más negocios en siete años de gestión.
En principio China y Rusia tienen un interés por el recurso, por el petróleo y por supuesto comercial, pero cuando se les ve que escogen atravesar una tormenta perfecta como la que se vive en Venezuela, entonces, sin duda, se percibe más un compromiso geopolítico, comenta Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Instituto de las Américas en la Universidad de California en San Diego. En la actualidad percibo que el interés de China es más comercial, quizás para cobrar lo que Venezuela le debe a cambio de petróleo, pero en el caso de Rusia y más de Vladimir Putin- el interés de estar en Venezuela es importante por esa visión que ha existido contra Estados Unidos desde los años de la Unión Soviética, acota.
Los informes actualizados de Pdvsa contabilizan la formación de 46 empresas mixtas en toda Venezuela, de las cuales menos de la mitad son los que están efectivamente produciendo petróleo. Seis de estos negocios vinculan a Rusia: cinco Rosneft, de las cuales dos están en el occidente del país, una en oriente y dos en la faja del Orinoco. En los registros de la empresa todavía se mantiene a Gazprombank como socio en Petrozamora, aunque se insiste que al frente están empresarios venezolanos vinculados a Maduro.
En lo que respeta a China, el número de contratos con Pdvsa son seis, de los cuales cinco corresponden a la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC, por sus siglas en inglés) y uno a Sinopec, en alianza con corporaciones de otros países. De tal manera, que prácticamente la mitad de las actividades de las empresas mixtas está bajo el control de capitales rusos y chinos, mientras que Chevron -como única operadora de Estados Unidos- si bien participa en cuatro contratos, en la práctica su producción se concentra en dos proyectos: Petroboscán en el estado Zulia y Petropiar en la faja del Orinoco.
Por otro lado, Pdvsa intentó en 2018 suscribir contratos de arrendamiento en las refinerías de Amuay y Cardón con empresas de Rusia y China, pero la inviabilidad económica y financiera era determinante frente a la negativa de Maduro de reducir o eliminar el subsidio a los combustibles en el mercado interno. A eso se agrega las sombras de ilegalidad sobre cómo se adjudicarían esos contratos. Por tanto, no hubo manera de resolver los problemas que afronta Venezuela en la producción de combustibles, sobre todo gasolina y diesel.
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