Nueva licencia de EE.UU. “deja una ventana abierta” a las empresas para operar en Venezuela

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El jueves 18 de abril era la fecha de vencimiento de la Licencia General 44, otorgada en octubre del año pasado por la administración de Joe Biden y que autorizaba a las empresas hacer negocios con el gobierno de Venezuela en materia petrolera y gasífera. Sin embargo, Estados Unidos se adelantó un día y hoy, miércoles 17 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro hizo pública la decisión de no renovarla.

En cambio, fue sustituida por la Licencia 44A que, según las nuevas directrices, permite a las empresas petroleras que ingresaron a Venezuela después de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones mediante la Licencia 44 continuar sus operaciones.

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No obstante, existe una condición: deben solicitar licencias individuales al Departamento del Tesoro para permanecer en el país. Sin esa licencia, deben cerrar sus operaciones antes del 31 de mayo.

Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia, Repsol de España y otras empresas que en 2022 recibieron licencias especiales para operar en Venezuela no necesitan nuevas y pueden continuar sus operaciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de acuerdo con The Wall Street Journal.

Para los expertos no se trata de una “reimposición” de las sanciones económicas el hecho de que no se renovara la Licencia General 44 porque estas nunca fueron levantadas, sino flexibilizadas. Así que consideran que la nueva Licencia 44A “deja una ventana abierta” a las empresas para operar en Venezuela e impulsa las licencias individuales.

También coinciden en que la eliminación del alivio parcial de las sanciones tiene mucho que ver con el contexto político electoral venezolano, en vista de que el gobierno de Nicolás Maduro no habría cumplido a cabalidad con los acuerdos de Barbados, que buscan como uno de los puntos principales garantizar elecciones libres, justas, competitivas y trasparentes de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio.

«Estados Unidos deja una puerta abierta para los estadounidenses y empresas que quieran tener operaciones en Venezuela. Ya no van a estar bajo el paraguas de una licencia general como la 44, sino que caso a caso será decidido por la OFAC», dijo Dolores Dobarro, exviceministra de Energía y Minas, abogada y asesora en materia de energía.

Explicó que la licencia general 44A «en teoría lo que significa es que todavía da un tiempo más de vida hasta el 31 de mayo». A su juicio, la licencia se condicionó al escenario político venezolano: «Pareciera haber señales de que hay conversaciones y están esperando a que esas conversaciones den sus frutos, sino a partir del 31 de mayo -o si la deciden prorrogar por unos días más a partir de la fecha que digan- ya sí se extinguirá la licencia».

La experta en petróleo argumentó que la OFAC o el Departamento de Tesoro evaluará los permisos a las empresas estadounidense para negociar con Pdvsa y sus empresas filiales. «Lo decidirán caso por caso, por las licencias que emitirá la OFAC individualmente», reiteró Dobarro.

El economista especializado en petróleo y profesor universitario, Carlos Mendoza Potellá, señaló que esta nueva licencia forma parte de las discusiones con Estados Unidos de si resuelve o no la candidatura unitaria de la Plataforma Unitaria Democrática para los comicios presidenciales.

«Aunque no se menciona nada de eso, es evidente que esos plazos y el otorgamiento de licencias especiales y no públicas indican que ellos (Estados Unidos) están buscando mantener la presión política contra el gobierno de Maduro, pero tratando de evitar daños colaterales a sus propios negocios y a los negocios de sus partidarios», afirmó.

Agregó que es factible que en ciertos casos den licencias específicas a determinadas operaciones que «interesan a corporaciones norteamericanas o de cualquier procedencia que la OFAC y el Departamento de Estado consideren que no afectan la geopolítica estratégica norteamericana».

«Es un período muy corto para tener un impacto real”

El anuncio de Estados Unidos pareciera no haber tomado por sorpresa al gobierno venezolano. De hecho, el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea aseguró el miércoles a CNN que el país está dispuesto a asumir el costo de la eliminación del alivio de las sanciones.

“Con estas sanciones y la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo se dispararán y eso impulsará un aumento de los precios del gas en Estados Unidos. El daño (que causan estas sanciones) no se limita a Venezuela, sino a toda la comunidad internacional. Venezuela seguirá creciendo con o sin sanciones”, afirmó Tellechea.

La decisión de la administración de Joe Biden también se da en medio de un posible aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, la guerra en Medio Oriente y la crisis migratoria latinoamericana, que podría aumentar el flujo de venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México si endurece su política sancionatoria a Venezuela.

Otro elemento que deja la eliminación de la flexibilización de las sanciones económicas a Venezuela es que la licencia general 44 sólo tenía un plazo de seis meses, por lo que no fueron grandes proyectos ni inversiones que se realizaron en este lapso en la industria de hidrocarburos venezolana, según expertos.

«Es un período muy corto para tener un impacto real. Teóricamente no da tiempo para dar de baja operaciones de producción o comercialización», indicó una fuente especializada en petróleo a HispanoPost, que pidió declarar en anonimato.

Recalcó que la «la Licencia General 44 permitió operaciones generales y algunos acuerdos de interés, más no capital fresco o importantes resultados porque toda inversión en el sector es de largo plazo y seis meses sólo permitía algunas operaciones puntuales incluyendo mejor precio (menos descuento) y la licencia 44A «es más corta aún».

La fuente no descarta que la licencia 44A es una medida de presión contra el gobierno de Maduro para garantizar condiciones electorales.

De hecho, la nueva licencia -según WSJ- reflejan las dificultades que ha tenido la administración de Joe Biden para hacer responsable a Nicolás Maduro de sus acciones antidemocráticas sin perturbar los mercados energéticos regionales ni que aumenten los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El medio estadounidense cita a Antero Alvarado, economista y director regional de la firma consultora Gas Energy Latin America, quien aseguró que a los funcionarios estadounidenses también les preocupa tomar medidas que puedan empujar a Venezuela más cerca de adversarios estadounidenses como Rusia, Irán y China.

Para Alvarado, es probable que la nueva política de exigirles a las empresas solicitar licencias individuales beneficie a las grandes petroleras con poder de lobby en Washington y a las navieras que habían ayudado a Venezuela a mover crudo en el mercado negro y cuyos servicios pueden ser necesarios. «Estados Unidos tenía que demostrar que estaban haciendo algo. Pero al final, las cosas no cambian mucho, sólo añaden mucha más burocracia”.

Por su parte, Mariano de Alba, asesor principal de International Crisis Group, dijo a The New York Times que el gobierno de Maduro no “tiene más motivos para hacer más concesiones o incluso mantener algunas de las concesiones que ha hecho hasta ahora. Así que podríamos estar caminando hacia un campo de juego más desigual en el aspecto electoral”.

Esto, en referencia a que la flexibilización de las sanciones económicas por parte de la administración de Biden era en apoyo al acuerdo alcanzado en Barbados entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria para celebrar elecciones libres y justas este año.

Pero el Departamento de Estado dejó claro en ese momento que la decisión estaba supeditada a que el gobierno de Maduro permitiera a todos sus adversarios políticos participar en las elecciones. Sin embargo, el pasado 30 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, escogida en las primarias de la oposición como su candidata a las presidenciales.

Ante ello, el 31 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que el gobierno de Venezuela tenía hasta la primavera -18 de abril- para cumplir con los compromisos contemplados en los acuerdos de Barbados. De lo contrario, Estados Unidos no renovaría la licencia al petróleo y el gas -como en efecto ocurrió hoy- que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática en el país.

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