El tema de las pensiones sigue en la palestra como punto focal para que los adultos mayores tengan una vejez digna, aseguró Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento Nacional de Sindicatos de Base.
El representante de Mosbase indicó que «no tiene sentido que actualmente el monto de la pensión -130 bolívares equivalentes a 3,50 dólares mensuales- siga alineado con el salario mínimo cuando lo conveniente es unificar ese pago con el del bono de guerra económica».
El también directivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud explicó que la pensión no contiene el pago de otros conceptos, a diferencia del salario que incluye conceptos (prestaciones sociales, entre otros) que se calculan con base en el sueldo mínimo.
En ese sentido, sostuvo, la pensión única de los adultos mayores estaría compuesta por la pensión alineada con el salario mínimo más el bono de guerra económica.
Zambrano destacó que a la Asamblea Nacional le llevaría poco tiempo aprobar la reforma legal correspondiente, tomando en cuenta el tiempo récord en que discutió y aprobó la Ley para la Protección de la Pensión de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista, promulgada por Nicolás Maduro el 8 de mayo.
La población de pensionados se ubica en 5,8 millones de personas que cobran por separado la pensión alineada con el sueldo mínimo y el bono de guerra económica a través del Seguro Social y el Sistema Patria, respectivamente.
Manejo transparente de fondos
El dirigente de Mosbase dijo que la Ley de Pensiones de Maduro es una buena decisión «si realmente va en beneficio de los pensionados». Por ello, insistió en que se debe informar de manera pública y periódica el monto y administración de los recursos -9% de la nómina mensual- aportados por las empresas privadas y depositados en el fondo.
Asimismo, Zambrano consideró que los recursos del fondo recaudados por el Seniat deben ser transferidos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la institución competente por Ley de la Seguridad Social en Venezuela.
El sindicalista indicó que no es deseable repetir la experiencia del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional creado el 18 julio de 1986, el cual fue suprimido el 31 de diciembre de 2012.
Precisó que no hay información transparente sobre la cuantía y administración de ese fondo -alimentado con los aportes del trabajador y del patrono Estado- además de que se desconocen los casos de personas jubiladas que obtuvieron el beneficio.