Luego de tres años de trabajo y extensos debates, el Parlamento Europeo aprobó el “Markets in Crypto Assets”, mejor conocido como la Ley MiCA, para aportar seguridad jurídica a todas las empresas que trabajen en el mercado cripto y otros activos financieros digitales.
Aunque los parlamentarios presentaron su primer papel de trabajo en 2020, Europa comenzó a debatir sobre el tema en el año 2017, cuando hubo un boom del Bitcoin que llegó a cotizarse hasta en 20 mil dólares, monto que para la época era bastante alto.
Una vez aprobado el texto se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea durante las próximas semanas. Para algunas de las nuevas disposiciones habrá un margen de entre 12 y 18 meses para su aplicación. Es decir, no será hasta principios de 2025 cuando veremos todos los efectos de MiCA.
La primera gran novedad de esta reglamentación es que los parlamentarios europeos lograron una definición de “Cripto”.
«Cripto es una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar», precisa el documento.
En el interior de la ley ya se diferencia entre criptomonedas, stablecoins o tokens. También se definen actividades como la «custodia y administración, operación de una plataforma de negociación o intercambio, ejecución, asesoramiento y concertación».
Según el portal especializado en tecnología Xataka, Stefan Berger, uno de los europarlamentarios que han llevado a cabo esta regulación, explica que MiCA quiere restaurar la confianza que fue dañada por el caso FTX.
“Precisamente esta regulación implementa una serie de responsabilidades para evitar posibles casos de corrupción como el de FTX. Muchas de las prácticas que se vieron con FTX no estarán permitidas». Una de las obligaciones para los prestadores de servicios es la de contar con procedimientos efectivos para la detección, gestión y revelación de posibles conflictos de interés. También se les obligará a contar con procedimientos efectivos de gestión de reclamaciones”, puntualizó.
Intervención ante riesgos
El reglamento crea la figura de los ‘Crypto-asset service providers’ (CASP). Estos proveedores podrán ser intervenidos en caso de que se detecten peligros operativos por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
El texto igualmente establece reglas concretas anticorrupción para regular que no se aprovechan sus criptoactivos para financiar el terrorismo ni el blanqueo de capitales. También se establecen requisitos de transparencia medioambiental que serán exigidos a los exchanges más grandes.
Una de las ventajas para estos proveedores es que no necesitarán el permiso de cada país de la Unión Europea para funcionar, sino que se habilita un registro comunitario. Algunos exchanges como Coinbase, Gemini o más recientemente Kraken ya han recibido la autorización.
La legislación también mejora la protección e información al consumidor sobre los riesgos, costes y gastos de sus operaciones y refuerza la integridad del mercado y la estabilidad financiera a través de la regulación de las ofertas públicas de criptoactivos.
Como parte de la votación, el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde también al reglamento de transferencia de fondos, la primera regulación europea de criptodivisas que trata de equiparar el trato de las transferencias de criptoactivos a las de otras operaciones financieras ordinarias, de tal manera se identifique al emisor y el beneficiario y que puedan ser rastreadas e incluso bloqueadas en caso de levantar sospechas.
Se le ha llamado la ‘regla del viaje’, una fórmula que ya se aplica en las finanzas tradicionales, y que permitirá detectar la información de origen del activo y su beneficiario, evidenciando la trazabilidad de la transferencia. La medida tiene como objetivo minar la capacidad del sector para dotar de anonimato a los usuarios, obligando a las bolsas a facilitar información sobre remitentes y destinatarios de cada transacción a las autoridades.
Con 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones, tras el acuerdo provisional alcanzado en la Eurocámara el pasado junio, la norma presta especial atención a las transacciones superiores a 1.000 euros desde las denominadas como carteras alojadas, es decir, una dirección monedero de criptoactivos de un usuario privado. Así, se registrará la transacción cuando interactúe con otras carteras alojadas administradas por proveedores de servicios de criptoactivos.
Sin embargo, la nueva ley no se aplicará a las transferencias entre personas que se efectúen sin la intermediación de un proveedor o a las que actúen en su propio nombre.
Tokens y DeFi se quedan fuera
No todo lo cripto estará sujeto a la regulación europea ni deberá registrarse para cumplir con los requisitos exigidos.
MiCA no aplicará en los activos cripto que se ofrezcan gratuitamente. Tampoco a los «criptoactivos que son únicos y no fungibles con otros criptoactivos, incluidos el arte digital y los objetos de colección». Es decir, los NFTS no estarán incluidos salvo que sirvan como «llaves de acceso a servicios». Desde la firma especializada en blockchain y cripto ATH21 explican que «será necesario realizar un análisis previo del activo en cuestión para poder excluirlo de MiCA».
Buena acogida
El portal el economista de España, señala que tras la aprobación de la normativa, el eurodiputado Ernest Urtasun ha indicado que la norma «obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a detectar y detener los movimientos ilegales y también garantizará que todas las categorías de criptoempresas estén sujetas al conjunto de obligaciones contra el blanqueo de capitales».
Asegura que esta normativa «cerrará una importante laguna en nuestra legislación contra el lavado de dinero e implantará la normativa sobre transferencias más ambiciosa del mundo hasta el momento, en pleno cumplimiento de los estándares internacionales».
La que es la primera empresa reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de moneda virtual, Bit2Me ha dado la bienvenida a la norma y ha señalado que supondrá un antes y un después en el ámbito regulatorio de las criptomonedas.
La firma ha destacado que la regulación simplifica todo el proceso de autorización antes de que una empresa se convierta en operador de criptomonedas, por lo que, al considerarse ya entidades reguladas, tan solo tienen que notificar a la autoridad local que van a comenzar a ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes con una antelación mínima de 40 días.
Con información de Xataka y El economista