Recientemente, la Fiscalía General de la República informó que estaba investigando y procesando 200 casos de corrupción en Petróleos de Venezuela.
Sin embargo, sindicatos y trabajadores activos y jubilados de Pdvsa plantean que la «investigación sea seria» y no producto de la retaliación contra adversarios políticos oficialistas de la administración de Nicolás Maduro.
«Un caso escandaloso de corrupción es el robo de los haberes del Fondo de Jubilación de Pdvsa», aseguró Félix Jiménez, directivo de la seccional El Tigre, estado Anzoátegui, de la Asociación Nacional de Jubilados de la Industria Petrolera.
El representante de AJIP señaló que el manejo por parte de la Fiscalía de los casos de corrupción en la industria petrolera «debe enmarcarse dentro de la justicia y no como una excusa de retaliación política dentro de una persecución contra adversarios de administraciones chavistas anteriores en Pdvsa».
Recordó que entre 2009 y 2010 -cuando Pdvsa era presidida por Rafael Ramírez- «hubo una gran sustracción al Fondo de Jubilación por 500 millones de dólares y gran parte de ese monto financió un desfalco a ahorristas en Estados Unidos en 2011».
Jiménez precisó que en esos años fue nombrado administrador del Fondo a Francisco Illaramendi, quien utilizó dineros de los jubilados petroleros para montar un negocio piramidal de 450 millones de dólares en Estados Unidos y por lo cual está preso en ese país.
Desde el escándalo Illaramendi, los jubilados petroleros y petroquímicos han realizado numerosas protestas y acciones de calle en todo el país para exigir el respeto a sus derechos.
Jiménez reveló que si el caso del Fondo de Jubilación está en la Fiscalía, el organismo «debe establecer las responsabilidades correspondientes por el daño patrimonial a 32.000 jubilados petroleros y petroquímicos y los sobrevivientes».
En diciembre de 2021, los jubilados celebraron elecciones para renovar y legitimar sus autoridades, pero fue hace un mes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo la proclamación correspondiente de la nueva directiva de AJIP.
«Sobre esto, el directorio de Pdvsa no se ha pronunciado todavía. Esperamos reunirnos pronto con ellos para aclarar el estatus de la deuda y los haberes en dinero e inmuebles propiedad del Fondo de Jubilación», dijo Jiménez.
Explicó que el Ejecutivo reconoció la obligación de pagar la deuda a los jubilados por la sustracción de los dineros del Fondo.
El cálculo se hizo con base en la auditoría de 2015, la cual arrojó que se debía cancelar a cada beneficiario 13,5 petros mensuales equivalentes a 650 dólares, pero ese monto fue rebajado a 4 petros al mes.
El dirigente indicó que desde 2015 no se han realizado nuevas auditorías al Fondo por lo que «la deuda sigue en aumento con los intereses».
Sostuvo que es urgente la reunión de los representantes gremiales con la directiva de Pdvsa para aclarar las cuentas.