Uno de los economistas venezolanos de mayor credibilidad y respetabilidad es Gustavo García Osio por su trayectoria. Comenzando por su integración al equipo de asesores en materia fiscal e impositiva que tuvo el Ministerio de Hacienda (hoy Economía y Finanzas) en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez entre 1989 y 1993.
Luego como docente e investigador en el Centro Políticas Públicas en el IESA y antes de irse del país como fundador de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del desaparecido Congreso de la República y, posteriormente, Asamblea Nacional entre 1997 y 2000.
Fue jefe de la División Fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ahora decidió sumarse al equipo de asesores de la precandidata presidencial Mario Corina Machado.
Desde esa plataforma política, sus intervenciones se han centrado en la importancia que tiene incorporar medidas dirigidas a la reestructuración de la deuda pública externa dentro de un plan global de estabilidad económica que sea creíble por parte de la comunidad financiera internacional.
La razón fundamental parte del hecho de que el saldo de la deuda pública externa -incluida la de Petróleos de Venezuela- se calcula en casi 158.000 millones de dólares, según la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde 2017, el Estado venezolano se encuentra en default o incumplimiento en el pago de capital e intereses, hechos a los que se agrega que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene reconocimiento de organismos multilaterales como el propio FMI, Banco Mundial o el BID.
“La viabilidad financiera de Venezuela ante el mundo tiene que ser una columna vertebral de un plan económico. La deuda pública externa por su tamaño no se puede pagar, no es sostenible y está creciendo de manera exponencial porque sobre lo que se va acumulando se van calculando intereses sobre intereses. Por eso no me extrañaría que en el año 2024, cerca de las elecciones presidenciales, cerrará con un saldo de 200.000 millones de dólares”, sostiene García.
Advierte que las medidas adoptadas por el gobierno de Maduro, referidas al levantamiento de los controles de precio y de cambio, no representan una rectificación ni se perciben como parte de programa económico que tenga reconocimiento ante inversionistas o el mundo financiero internacional.
A su criterio, de mantenerse la actual situación, en el mejor de los casos solo permitirá que la economía venezolana crezca poco e irremediablemente sea pequeña, poquita, pobre y miserable o sencillamente desahuciada.
“En el chavismo todavía hay un peso de control político y económico. La eliminación de los controles ha permitido una mayor libertad comercial, pero eso solo no es suficiente para que vengan inversiones extranjeras de largo plazo y todo lo que se hace de apertura tampoco crea confianza porque es oscuro o poco transparente”, puntualizó.
