Recientemente del Ministerio de Turismo emanó una normativa que obliga a las empresas prestadoras de estos servicios a reportar ingresos de divisas en efectivo, denunciar hechos que se presuman que son terrorismo y también impone reglas sobre legitimación de capitales, tal como lo adelantó el semanario Exclusivas Económicas. Esta medida genera “gran preocupación porque supone un incremento de los costos operativos y administrativos, que la mayoría no puede asumir en estos momentos”, afirma el presidente del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Leudo González.
Además, el tiempo corre para los operadores turísticos. El 15 de abril se les indicó que tenían 60 días para adecuarse al cambio y ante ello piden una prórroga. “Nos tomó por sorpresa esta normativa. La resolución fue en abril y se nos indicó que teníamos pocos meses para darle cumplimiento, pero aún no sabemos dónde nos debemos registrar como hoteles, en nuestro caso”, señala el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira.
Detrás de esta medida emitida por el Ministerio de Turismo está la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la cual pertenece al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, según lo informó Exclusivas Económicas en su edición del 11 de mayo.
González explica que la regulación no solo establece la obligación de reportar los ingresos en divisas, sino que también incluye las entradas en bolívares. Además, “señala una serie de procedimientos que desde el punto de vista de la administración de riesgos van a requerir la creación de una estructura organizativa y procedimental para cumplirlos”.
Esta norma afecta a todos los prestadores de servicios turísticos. Es decir, a cada uno de los sectores que conforman este sistema que engloba el alojamiento, la intermediación, el transporte y los operadores. Por ello, desde que se hizo pública la normativa los empresarios se pusieron en alerta. Y sus dudas son recogidas desde entonces por Conseturismo.
Por su parte, Viera afirma que la única reunión que han tenido con el ministerio fue para difundir cómo sería esta nueva normativa. “Explicaron que surge porque el país forma parte de la Gafic (Grupo de Acción Financiera del Caribe) y necesitamos tener unos niveles de confianza, por lo que es obligatorio cumplir con conocer la proveniencia de los fondos con los que nos pagan a los servicios turísticos”.
El presidente de la Fenahoven explica que los distintos representantes sectoriales de la actividad turística han tenido mesas de análisis acompañados de consultores jurídicos asociados al Conseturismo y “se ha convenido seguir manteniendo todas las reuniones posibles de aclaratoria con nuestro ente regulador”.
“Hemos elevado al ministerio una propuesta de reuniones de trabajo sectoriales con su consultoría jurídica, en donde cada uno de los integrantes del sistema turístico pueda presentar sus planteamientos con la idea de encontrar puntos de encuentro que permitan la viabilidad de la norma”, expresa González.
Entre las consideraciones está la posibilidad de obtener una prórroga para la entrada en vigencia de la regulación, la simplificación de los procedimientos exigidos, y el desarrollar manuales que apliquen para todos los miembros de la asociación. “Esto conlleva a una reducción de los costos de desarrollo de las mismas”, indica el presidente de Conseturismo, quien asegura que el ministerio ha sido receptivo.
La mayor angustia
González señala que existe “mucha angustia” en los pequeños y medianos prestadores de estos servicios porque las implicaciones de la norma suponen repercusiones económicas.
“La inmensa mayoría somos micro, pequeñas y medianas empresas, que además hemos tenido que sobrevivir a las consecuencias de la pandemia y la crisis económica que afecta al sector durante los últimos años”, agrega.
Vieira agrega que no todos los hoteles del país pueden establecer la estructura del sistema de administración de riesgo que se exige, “porque en ella debe haber hasta cuatro personas para revisión, control y declaración de esta información; y sabemos que hay establecimientos hoteleros con una organización familiar que no van a poder cumplir con esto”.
Desde Conseturismo se indica que el sector hotelero ha sido el que mejor ha asumido las disposiciones emanadas por el ministerio y los de mayor categoría son los más adelantados. Pero la realidad de los establecimientos de alojamiento radica en que casi “suman ocho meses sin poder operar y ahora se suma este proceso”, advierte el representante de Fenahoven.
Actualmente, “las autoridades ministeriales están reconociendo el trabajo de la actividad gremial y que necesitan nuestra ayuda para poder difundir la información a otros prestadores de servicio. Según la data del Ministerio de Turismo, existen cerca de 5.400 establecimientos con fines de alojamiento turístico, Fenahoven cuenta con 278”, puntualiza Vieira.
“Estamos convencidos que el espíritu detrás de la implementación de la medida es prevenir el uso de nuestras operaciones para cometer delitos de legitimación de capitales, pero esperamos que las mismas no sean un obstáculo para el desarrollo de la actividad como fuente generadora de riquezas y bienestar para el país”, expresa González.