“Venezuela se arregló” es una frase que se escucha tanto dentro como fuera del país. Y así como tiene detractores, también hay quienes apoyan tal afirmación basándose en lo que se está viendo a diario. Por ejemplo, aunque leve, el consumo se ha reactivado, han abiertos nuevos locales comerciales, hay mayor actividad nocturna, artistas internacionales ha regresado al país para ofrecer conciertos y ha mejorado el abastecimiento de combustible.
Sin embargo, ni el mismo Nicolás Maduro se atreve a afirmarlo de manera tajante.
“Venezuela no se arregló, pero está mejorando. Venezuela va a crecer, pero falta mucho por hacer”, aseveró hace poco en un encuentro con empresarios.
En efecto, son varios los indicadores macroeconómicos que han mostrado mejoría. Tras 37 meses de hiperinflación -la cual comenzó en noviembre de 2017, cuando se registró una tasa mensual de 56,7%- esta llegó a su fin. Venezuela cumplió exactamente doce meses con una variación por debajo de 50%, considerado por los expertos como el umbral de la hiperinflación.
Este año, la tasa de inflación de abril, según el Banco Central de Venezuela, se ubicó en 4,4%, con lo que la acumulada en el primer cuatrimestre de 2022 asciende a 16,3%, la cifra «más baja observada para un mes de abril» desde 2014, según el ente emisor. Incluso, también más baja que la de Argentina, que fue de 6% para ese mismo mes.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), instancia independiente integrada por expertos económicos, entre ellos José Guerra y Ángel Alvarado, diputados de la Asamblea electa en 2015, registró una inflación más baja para abril: 3,6%. Sin embargo, en términos interanuales, aseveró que la variación de precios sigue siendo la más alta del mundo, al ubicarse en 172%, “mientras que los precios han vuelto a una senda de variación de un dígito mensual acumulando un 22% en lo que va de año”.
El Indicador Mensual de Actividad Económica, que calcula el Observatorio Venezolano de Finanzas, reveló este lunes 16 de mayo que durante el primer trimestre de 2022 la economía creció 7,8%, debido al aumento de la producción de petróleo, “que obedece a un efecto rebote al comparar los niveles de producción del primer trimestre de 2022 con el mismo periodo 2021, cuyos valores fueron muy bajos”.
“En el primer trimestres de 2022, el nivel de actividad económica estuvo 32% por debajo del valor del primer trimestre de 2014 y todavía se mantiene 10% inferior al nivel pre pandemia (primer trimestre de 2019), todo lo cual evidencia el colapso que ha registrado la economía venezolana”, agregó el Observatorio.
Y aunque el país muestra mejoras en algunos sectores, así como una reducción de la inflación, distintos reportes y análisis matizan su alcance en el contexto de la crisis reciente.
“El problema humanitario y la recuperación económica no necesariamente tienen que estar en conflicto -o dicho de otra manera- una cosa no niega la otra. Puedes tener una economía que muestra signos de recuperación, como en efecto está ocurriendo en Venezuela, pero también tener un problema humanitario serio, como también está ocurriendo en Venezuela”, indicó Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica.
Recordó que se trata de una economía que se contrajo casi 80% en ocho años y que en los últimos 100 años difícilmente otro país de América Latina ha pasado por “una contracción de esta magnitud. Es extremadamente profunda y, por su puesto, genera daños estructurales en todos los actores. Los dejó en el Estado, en el aparato productivo y en los ciudadanos. Por lo tanto, el tejido social está afectado en términos de exclusión, desigualdad y pobreza”.
Oliveros indicó que desde el año pasado se está frente a una economía que mostró los primeros síntomas de recuperación, que dejó de caer y “está estabilizada en el foso porque, obviamente, la caída es muy profunda y su capacidad de recuperación es muy lenta por las condiciones en que está operando,porque no hay apoyo internacional, no hay acompañamiento de organismos multilaterales, el sector privado lo que está haciendo lo está haciendo con músculo propio porque también hay una destrucción del sistema financiero y del crédito”.
Eso hace, a su juicio, que el crecimiento sea pequeño, limitado, no sea generalizado y esté supeditado a unos pocos sectores como alimentos, salud, comercio, servicios y tecnología. “Está supeditado también a unas pocas ciudades, destacando Caracas, pero no está en todo el país y hay un grupo de ciudadanos que están en unas condiciones de exclusión muy profunda”.
“Estamos hablando que cerca del 50% de la población gana entre 1 y 100 dólares mensuales. Obviamente, con esas condiciones no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica y eso hace que sus condiciones sean extremadamente precarias. Por eso destacaba que más allá de eso síntomas de recuperación que se están dando, está esa parte de la población que está en una situación bien compleja y que necesita ayuda. Por eso lo que ha destacado Cáritas y otras organizaciones”, sostuvo.
Los indicadores sociales siguen empeorando
Así que después de varios años consecutivos de contracción del PIB y de hiperinflación, 2021 fue el primer año de recuperación económica y sin hiperinflación. Sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida (Enconvi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello y presentada precisamente el año pasado, reveló que los indicadores sociales siguieron empeorando: Venezuela sufre de niveles de pobreza sostenidos y cada vez son más las personas que deciden migrar.
Durante la presentación de la Encovi, Luis Pedro España, sociólogo y docente investigador, aseguró que el país ha registrado un crecimiento de la pobreza desde 2013 y que llegó “a lo que podría ser el techo de la pobreza total”, que se encontraba en 94%. Además, la pobreza aumentó de 90,2% a 94,5%, y la pobreza extrema subió de 67,7%(período de 2019-202) a 76,6% en 2021.
También la FAO ha hecho referencia a la crisis humanitaria venezolana y de acuerdo con sus estimaciones, la situación de hambre el país irá en aumento. Pronostica que entre los años 2021 y 2023 al menos 38,4% de la población sufrirá de pobreza extrema, mientras que entre 2028 y 2030 esta cifra podría aumentar a 61,7%.
Cáritas de Venezuela, en su más reciente informe publicado en mayo de este año, alertó que uno de los grandes problemas de la población venezolana es la desnutrición aguda de los menores de edad, en especial para 22% de los niños y niñas que viven en zonas populares.
Tras evaluar la situación alimentaria de los menores de 5 años de edad, entre los meses de enero y noviembre de 2021 en 12 ciudades del país, Cáritas determinó que 10,1% de la población estudiada presentaba desnutrición moderada y severa, mientras que 22% se encuentra en riesgo de entrar en desnutrición aguda en el corto plazo.
La crisis humanitaria se agudizó con las sanciones
El jueves 12 de mayo se hizo pública una carta, a través de la cuenta de Twitter del periodista de AP, Joshua Goodman, en la que 18 senadores demócratas instan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a levantar las sanciones contra Venezuela.
Tras felicitarlo por sus recientes “esfuerzos hacia un compromiso constructivo con el gobierno de Venezuela”, que llevaron a la liberación de los estadounidenses Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández, y de asegurar que “el presidente Nicolás Maduro, parece comprometido a reiniciar las negociaciones con las fuerzas de la oposición”, le instaron a “que continúe el diálogo con el gobierno venezolano y en apoyo de ese proceso, a que considere el levantamiento de las amplias sanciones económicas que no han conseguido más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano”.
Aseguraron que Nicolás Maduro y sus aliados tienen mucha responsabilidad en la crisis humanitaria y política de Venezuela, “pero las políticas llevadas a cabo bajo la administración Trump no solo no han mejorado la situación en Venezuela, sino que la han exacerbado significativamente (…) la imposición de sanciones de gran alcance, solo sirvieron para profundizar la crisis política de Venezuela, fortalecer la mano del gobierno de Maduro y socavar la credibilidad de Estados Unidos, mientras que dejaron a los venezolanos cotidianos para soportar los terribles costos humanos”.
Y dado “los terribles costos humanos en los que se ha incurrido”, pidieron a Biden que levante todas las sanciones financieras y sectoriales de Estados Unidos que agravan la situación humanitaria. “La flexibilización de las sanciones marcaría un paso crítico en el proceso de compromiso y diplomacia que su administración ha iniciado y podría contribuir a la resolución de la crisis política y mejorar el bienestar del pueblo venezolano”.
Estos legisladores no son los únicos que han hecho tal solicitud a Biden. A mediados de abril, 25 venezolanos, entre ellos economistas, periodistas y activistas sociales, expusieron que las sanciones petroleras no han cumplido su objetivo -un cambio de gobierno- y más bien han tenido un impacto adverso sobre el país y su población, por lo que solicitaron que se flexibilicen las sanciones sectoriales contra Venezuela y propusieron que se retomen las negociaciones en México entre la administración de Maduro y la oposición.
Al respecto, el economista petrolero Rafael Quiroz, uno de los que firmaron la misiva, destacó que las sanciones económicas no causaron la crisis venezolana, pero nada solucionaron y sí la agudizaron y profundizaron en sus efectos secundarios. “Si bien las sanciones no son la raíz del desastre humanitario en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio”.
De hecho, en 2020, la ONG de derechos humanos Provea destacó en su informe «Las sanciones económicas contra Venezuela: consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario», que “Venezuela atraviesa la peor crisis económica que ha sufrido en su historia. Las sanciones son posteriores y solo agudizan el daño”.
Aseguró que las sanciones que afectan frontalmente a una economía devastada en situación de extrema debilidad deben venir acompañadas por programas de ayuda humanitaria para los más vulnerables. “Sin sanciones ya Venezuela necesitaba ayuda humanitaria urgente, con sanciones muchísimo más”.
Estatización de la cooperación internacional
A finales del año pasado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) hizo también un exhaustivo análisis sobre la situación venezolana en su reporte “La crisis no puede esperar: Cómo legisladores estadounidenses pueden apoyar los acuerdos humanitarios en Venezuela” y pedía celeridad en emprender acciones para atender la crisis humanitaria venezolana.
“La ayuda no es, en sí misma, suficiente para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. La realidad es que Venezuela no verá una solución integral sin un conjunto de acuerdos políticos más amplios. Sin embargo, los acuerdos humanitarios brindan la oportunidad de atender las necesidades más urgentes de los sectores más vulnerables de Venezuela. Si se implementan bien, estos acuerdos también pueden servir como una forma de generar impulso hacia una solución política integral”, señala el reporte.
Geoff Ramsey, director de WOLA para Venezuela y autor junto con Kristen Martinez-Gugerli del reporte, indicó en ese momento que, tal y como “como concluimos en el informe, la administración de Biden y el resto de la comunidad internacional deben comprometerse con una respuesta humanitaria totalmente financiada, al mismo tiempo que presionen por un mejor acceso para los actores humanitarios”.
No obstante, se está haciendo cuesta arriba para los actores humanitarios realizar su trabajo en Venezuela. Y así lo hicieron saber en el foro organizado por el Observatorio Social Humanitario, llamado “#VenezuelaEmergencia Ley de Cooperación Internacional: una amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela”.
El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, señaló que en el artículo 1 de la Ley se menciona la cooperación del Estado, lo que es “muy preocupante”. “Esta cooperación del Estado da a entender que toda la cooperación es pública, es decir, que la titularidad de la cooperación, aunque venga de privados del exterior, a partir del momento que entra en Venezuela se convierte en algo público”.
Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia y otras de las participantes en el foro, aseguró que el proyecto de ley “viene a unirse al mecanismo de control” del Estado, “donde es el Estado quien define qué hace y qué puede hacer el ciudadano” y reforzar la criminalización de la acción social y los activistas.
“Muchas de nuestras organizaciones trabajan en la defensa de los derechos, donde dan cuenta del cumplimiento o no por parte del Estado, de la garantía y la seguridad de los venezolanos con base en los derechos humanos. Esos informes son vistos desde el poder como una amenaza porque los expone públicamente e internacionalmente en cuanto a su actuación. Esto va a llevar a la consolidación de un sistema político hegemónico yautoritario que va a generar muchísimas más dificultades para que Venezuela pueda iniciar un proceso de recuperación y de reinstitucionalización. Más bien va a revertir las posibilidades de que eso se plantee”, señalo.
La migración venezolana: un problema de las Américas
Y mientras la administración de Maduro busca limitar la acción de las ONG en el país, la migración venezolana continúa. De acuerdo con datos de WOLA, en diciembre 24.819 venezolanos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.
Se esperaba que con la solicitud de visa por parte de México disminuiría el número de venezolanos que intentarían de llegar a la frontera. Sin embargo, los que ahora no pueden arribar a la nación azteca por vía aérea por los requerimientos del visado, lo hacen por tierra.
Pese a los riesgos que implica, cruzan el Tapón de Darién, un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia), para transitar luego los países centroamericanos, atravesar México y llegar a Estados Unidos, como han descrito diversos medios, entre ellos en Tiempo Latino.
Un reporte estadístico que maneja Migración Panamá indica que, en el primer trimestre de 2022, un total de 8.456 migrantes cruzaron el Tapón de Darién. De esa cantidad, 2.500 eran de nacionalidad venezolana, un número que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) se asemeja a los 2.800 registrados en todo el año 2021.
Ambas agencias de las Naciones Unidas advirtieron sobre una tendencia creciente a emigrar hacia el norte, a medida que los países de acogida de los refugiados y migrantes venezolanos comienzan a sufrir con mayor intensidad el impacto socioeconómico de la pandemia la pandemia.
«En estos países la pandemia generó a partir de 2020 un movimiento pendular desde y hacia Venezuela porque las condiciones económicas y la regularización se complicaron», dijo a la agencia de noticias EFE Donna Cabrera, docente, investigadora y consultora en migraciones internacionales.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, coliderada por Acnur y la OIM, advierte que hasta el 8 de febrero de 2022 unos 6.041.690 venezolanos habían dejado su país a consecuencia de la crisis política y económica en los últimos años.
De estos, 4.992.215 estaban en América Latina y el Caribe, principalmente distribuidos en Colombia (1,8 millones), Perú (1,3 millones), Ecuador (508.900) y Chile (448.100). En una nota difundida el 26 de marzo, precisaron que los venezolanos en Estados Unidos pasaron de ser 256.000 en 2015 a 423.000 en 2019.