Durante los 25 años de poder del régimen, hemos sido testigos del mayor desfalco que ha experimentado Venezuela en toda su historia republicana. Lamentablemente, este mal está tan normalizado en las instituciones del Estado que ya ni nos sorprendemos cuando se destapa algún nuevo guiso de los altos funcionarios del régimen. Han hecho de la malversación de fondos la norma.
Según la ONG Transparencia Venezuela, solo en obras inconclusas, entre las que destacan varias de infraestructura vital, se han perdido más de 200 proyectos, con un monto aproximado de 316.000 millones de dólares. Esta cifra tan alta sería suficiente para reconstruir Venezuela, evitar que los hospitales carezcan de insumos, asegurar salarios dignos para los trabajadores, cubrir las necesidades de los pensionados, proporcionar insumos completos a las escuelas y resolver la crisis de los servicios básicos. Sin embargo, todo ese dinero terminó en los bolsillos del régimen y sus allegados.
La mayoría de las infraestructuras fallidas pertenecen a los sectores de vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos. En vez de hospitales y escuelas, nos dejaron obras inconclusas y desérticas que parecen escenas de películas post apocalípticas. Y son tan cara dura que prometen nuevas obras cada año.
Además de la corrupción en obras públicas, Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en PDVSA o en alguna de sus filiales. Estas irregularidades han comprometido más de 42.000 millones de dólares del patrimonio del Estado. La destrucción de PDVSA por la corrupción es un claro ejemplo de cómo el régimen ha saqueado una de las principales fuentes de ingresos del país.
Para agravar la situación, el régimen culpa a otros por la crisis que ellos mismos han causado. Han llegado a culpar a las iguanas por comer cables, a la guerra económica e incluso a los mismos venezolanos que solo hemos sido víctimas de su autoritarismo. En lugar de asumir responsabilidad, buscan chivos expiatorios para sus propios fracasos. Al final, este es el motivo de porque nos hemos transformado en un país con 80% de la población hundida en la pobreza y un éxodo de casi 8 millones de migrantes. Cada niño que pasa hambre, cada abuelo que no puede comprar sus medicinas es culpa del régimen.
Recientemente, han promulgado una Ley de Protección de las Pensiones que establece que las empresas que operan en el país deben pagar un «impuesto especial» de hasta el 15% de los salarios y bonificaciones que dan a sus trabajadores. Esta ley no es la solución a los problemas de los pensionados y venezolanos. En realidad, representa nuevos ingresos que podrían ser víctimas de la corrupción del régimen. Además, la carga fiscal aumenta con este «impuesto», lo que impacta en los precios de los productos que pagan los consumidores y en la capacidad de las empresas para incrementar los salarios o hacer nuevas contrataciones, mermando aún más la economía nacional y la capacidad de consumo de millones de venezolanos.
Venezuela necesita un cambio político urgente, donde se garantice que las instituciones sean transparentes y trabajen para el bienestar de los venezolanos. La construcción de un país próspero y justo solo será posible con la eliminación de la corrupción y la instauración de un gobierno que realmente sirva a su pueblo. La lucha por un futuro mejor depende de nuestra capacidad para exigir y establecer un gobierno íntegro y responsable, comprometido con la reconstrucción de Venezuela. Este 28 de julio vamos todos juntos a lograr el cambio que queremos.