Carta abierta al Presidente Gustavo Petro

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Sr. Gustavo Petro

Presidente de la República de Colombia

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Ante todo reciba mi respetuoso saludo. Ud. convocó para el próximo 25 de abril en Bogotá una Conferencia Internacional sobre Venezuela e informó que «más democracia, cero sanciones, será el objetivo de la conferencia». Dijo también que la idea es “construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano». Aplaudimos su voluntad de abrir vías a las voces de la sociedad civil que tienen propuestas sensatas y viables para superar la crisis venezolana, pero que no encuentran canales para someterlas a la consideración de los decisores.

Una de estas propuestas es la de destinar los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones económicas, así como un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción, a un Fondo de Pensiones y Salarios, con supervisión internacional, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias y aliviar así una de las principales causas de la migración venezolana hacia los países vecinos que asistirán a la Conferencia.

La emergencia humanitaria se debe atender sin condiciones

Flexibilizar las sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social no puede seguir condicionado a la mejora de las condiciones electorales. Diferentes encuestas revelan que más del 60 % de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de los avances en las negociaciones políticas. Sin embargo, la dirigencia de los partidos se aleja del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las condiciones sociales. No se trata de negar la importancia de las garantías y condiciones electorales para realizar un proceso electoral competitivo, a tono con los estándares internacionales, pero mientras el discurso opositor se agote en denunciar el ventajismo gubernamental, las aspiraciones del elector por una vida mejor no se verán interpretadas en una retórica que es de exclusivo interés para quienes ambicionan ganar el poder.

La flexibilización de las sanciones económicas a cambio de mejores condiciones electorales es funcional a las aspiraciones de los partidos políticos de aumentar sus cuotas de poder, pero si los candidatos no tienen una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, penuria agravada por los problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones, inseguridad, etc.

Estos son los problemas que atormentan a las familias venezolanas y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, prefieren poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de poder, sin imprimirle a su mensaje un contenido esperanzador que interprete el sufrimiento de una población empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos. Levantar la vadera de flexibilizar las sanciones a cambio de la mejora en las condiciones sociales es lo que puede motivar y movilizar a la ciudadanía para capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional.

Atendiendo a este clamor nacional, en noviembre de 2022, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Acto seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia a Chevron para producir petróleo con destino al mercado estadounidense. Pero el Fondo para la Protección Social no recibió los 3 mil millones de dólares de la República que están congelados en el sistema financiero internacional. Por si fuera poco, en 2022, Citgo reportó una ganancia neta récord de 2.800 millones de dólares. Su presidencia ejecutiva declaró que gracias a ese desempeño: “Logramos reducir la deuda de Citgo en 1.100 millones de dólares, y pagamos un dividendo a Citgo Holding, lo cual le permitió reducir su deuda en 489 millones de dólares, manteniendo, a su vez, altos niveles de liquidez». Sin embargo, ni un solo dólar de esas ganancias se ha destinado a pagar la deuda social.

Supervisión internacional para garantizar el buen uso de los recursos

Los sectores más radicales y desconfiados de la oposición venezolana se resisten a la flexibilización de las sanciones y afirman que eso significa oxigenar con más recursos financieros al régimen de gobierno que quieren cambiar. Pero condicionar la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales resulta ruin e inhumano ante la gravedad de la emergencia humanitaria.


Los problemas que involucran la vida de la población se deben atender sin condiciones. Muchos venezolanos están pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han migrado. Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana. La gravedad de la crisis emplaza al gobierno y la oposición a ponerse de acuerdo para atender la emergencia humanitaria. Solo a través de una negociación política sensata -que priorice el interés nacional y no los intereses partidistas o ambiciones personales-, será posible avanzar hacia una solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.


En la antesala del 1 de mayo, cuando los trabajadores y los hogares se mantienen a la expectativa de cuál será el salario mínimo que decretará el gobierno, una esperanzadora noticia para el empobrecido pueblo venezolano sería el consenso entre los países que participan en la Conferencia Internacional para pronunciarse a favor de una licencia de la OFAC que permita destinar a la emergencia humanitaria los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones económicas, así como un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción.

A fin de generar confianza y asegurar el buen uso de estos recursos, desde la sociedad civil venezolana se propone administrarlos bajo supervisión internacional. Los activos bloqueados pertenecen a los venezolanos y deben ser destinados a la creación de un Fondo Humanitario –al estilo del Fondo Noruego-, a fin de garantizar que serán destinados única y exclusivamente a atender la emergencia humanitaria y a financiar los programas de protección social del pueblo venezolano, incluyendo la atención de los migrantes que están en los países que asistirán a la reunión de Bogotá.

De lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo servirá para que Chevron cobre lo que Pdvsa le debe, para que las ganancias de Citgo se destinen a pagar deudas a los acreedores, para que los tenedores de bonos cobren sus rendimientos pendientes, y para que los exportadores estadounidenses vuelvan a colocar sus productos en Venezuela; pero esos recursos no tendrán ninguna repercusión en la atención de la emergencia humanitaria ni en la mejora de la calidad de vida de los hogares venezolanos.

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