Venezuela podría enfrentar una nueva demanda en los tribunales de Estados Unidos durante el último trimestre de este 2023, relacionada con los bonos de la República y PDVSA.
Para entender el fundamento de esta posible querella es importante recordar que el 2 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro, anunció que PDVSA estaría realizando un pago de $1.100 millones por los bonos PDVSA 8,5% 2017 (última amortización e intereses de estos bonos). Posteriormente, PDVSA buscaría reestructurar su deuda junto con la República de Venezuela.
Aparte de los bonos PDVSA 8,5% 2020, que tienen como garantía el 50,1% de las acciones de CITGO Holdings, no se han realizado otros pagos desde entonces. Sin embargo, el último pago de estos bonos se realizó en 2019 y aún se encuentra impago el 50% del principal más los intereses devengados.
El Estatuto de Limitaciones bajo la Ley de Nueva York, que dicta el límite de tiempo dentro del cual se puede emprender una acción legal, exige que cualquier reclamo por falta de pago de bonos o pagarés, debe iniciarse dentro de los seis años.
La administración de Nicolás Maduro ha ofrecido suspender el plazo de prescripción de los bonos de Venezuela y PDVSA. Sin embargo, es importante señalar que el anuncio no tiene peso legal ya que el gobierno de los EEUU no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. También se debe tener en cuenta que el gobernante ha intentado ofrecer un acuerdo con los bonistas en el pasado, pero esos esfuerzos fracasaron. Dada la situación política actual, tampoco es probable que este intento tenga éxito.
Tanto el gobierno de Venezuela como PDVSA, su compañía petrolera estatal, emitieron sus bonos bajo la Ley de Nueva York. Esto significa que el Estatuto de Limitaciones entrará en vigor tanto para los pagos de intereses como de capital de estos bonos en el último trimestre de 2023. Si no se llega a un acuerdo de prórroga, que es el escenario más probable, el único recurso para los bonistas que buscan proteger sus reclamos es presentar una demanda contra el emisor en un tribunal estadounidense.
El Fondo de Recuperación de Copernico ofrece una solución a los bonistas para que puedan suscribir el fondo en especie (bonos de Venezuela y/o PDVSA) y disfrutar de los beneficios de una estrategia de recuperación institucional compleja. NTN Consultores es el distribuidor local del Copernico Recovery Fund en Caracas.
El CRF tiene la intención de presentar una demanda en los tribunales de EE. UU. para proteger las reclamaciones de los tenedores de bonos (la presentación protegerá SÓLO los bonos en la cartera del fondo, y NO TODOS los tenedores de bonos; y en una etapa posterior buscará utilizar estas reclamaciones en transacciones para maximizar la recuperación mediante la ejecución de canjes de deuda por acciones, pago de concesiones con reclamaciones, etc.