Adultos mayores residentes en Caracas y que solicitaron guardar sus nombres en reserva, cuestionaron el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social anunciado por Nicolás Maduro el miércoles Primero de Mayo y que establece que la empresa privada deberá aportar 1% de sus ingresos al fondo de pensiones.
«Es un abuso, desde hace dos años tenemos la misma pensión de 130 bolívares mensuales y sabe Dios cuándo cobraremos por esa supuesta Ley», dijo un consultado en la Plaza Candelaria.
En San Bernardino, dos pensionados comentaban en una panadería su desconfianza respecto a las intenciones del proyecto de ley, el cual fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional.
«Yo lo que quiero es una pensión digna, que me alcance para cubrir los gastos de comida, medicinas y servicios, entre otros», expresó una consultada en la avenida Panteón.
Los jubilados de la administración pública y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) también criticaron la escasa y contradictoria información sobre los alcances e implantación del instrumento legal.
En este contexto, Jakeline Richter, profesora de Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que los pensionados tendrán que esperar hasta que el Parlamento apruebe el proyecto de ley a lo que se suman los plazos que tendrán los empleadores para aportar las alícuotas mensuales al pote destinado dentro de esa obligación legal.
De acuerdo con lo anunciado por Maduro el Día del Trabajador, los empleadores deberán realizar un aporte mensual de acuerdo con sus ingresos netos para mejorar las pensiones y los ingresos de lis pensionados de manera significativa.
Seguro Social quebrado
Empresarios y comerciantes que pudieron no mencionar sus nombres consideraron que el proyecto de ley pone en sus espaldas el financiamiento de las pensiones, cuando esta materia está prevista conforme a la Ley de Seguridad Social vigente.
Según esq normativa, el que el pote de las pensiones se alimenta con el aporte de los trabajadores y los empleadores del sector público y privado.
«Por lo que dijo Maduro el miércoles, pareciera que el aporte económico de la ley especial provendrá de los empleadores privados, pero el Estado también es empleador», señaló un consultado.
Richter destacó que con el salario mínimo actual tan bajo -130 bolívares mensuales equivalentes a 3,50 dóares- no puede sostenerse la seguridad social.
Explicó que los aportes al IVSS se calculan con base en el salario, por lo que el Seguro Social está quebrado sin el aporte suficiente de trabajadores y empleadores.
Destacó que el gobierno impuso el ingreso mínimo integral donde el salario es sustituido por bonos sin incidencia salarial, lo cual ha pulverizado el salario restándole capacidad contributiva al Seguro Social.